El Consejo Rector del Consorcio Escuela de la Joyería de Córdoba se disuelve

Los activos y pasivos de la entidad se ceden a la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación

El Consejo Rector del Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba, compuesto por representantes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Ayuntamiento de Córdoba y Diputación ha informado a través de un comunicado que ha acordado su disolución y la cesión global de activos y pasivos a la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación (APAEF) dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Esta entidad continuará con la actividad para alcanzar los objetivos del Consorcio, iniciándose a partir del próximo 7 de enero la reanudación del curso y la formación de excelencia impartida en el mismo. Se da así cumplimiento al acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del pasado 21 de octubre.

Como es conocido, la joyería constituye uno de los sectores productivos de mayor relevancia en Córdoba, siendo muchas las familias que dependen económicamente de él. Este centro de excelencia, que ha sabido adaptarse a las exigencias y necesidades del sector joyero, se ha convertido en estos últimos años en una herramienta totalmente necesaria como núcleo del sector, no sólo a nivel europeo, sino también mundial, llegando a contar con alumnado de los cinco continentes.

Y ha contribuido, en gran medida a través de la formación, a la creación de nuevos puestos de trabajo en empresas del sector, a la consolidación de los puestos de trabajo ya existentes y a la creación de un nuevo tejido empresarial con una filosofía de mercado basada en la innovación, en el diseño, en la preparación de marketing y comercialización del producto.

Mediante este proceso de cesión de activos y pasivos se pretende la continuidad de la actividad centrada en impartir formación profesional para el empleo de calidad, competencia asumida a través de este proceso por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que da cumplimiento a las limitaciones de las nuevas leyes estatales del sector público y de la reforma local, que prohíben a las entidades locales su participación en consorcios cuya finalidad no coincida con sus competencias.