El Ayuntamiento sella el avión para evitar más ocupaciones

Un bombero, esta mañana, en una escalera abriendo la puerta del avión cultural | CRM
Herreros del Área de Infraestructuras acudieron ayer por la mañana al DC-7 del Balcón del Guadalquivir para soldar las puertas de acceso al interior de la aeronave, después de los incidentes del pasado domingo

El Ayuntamiento de Córdoba inició ayer el sellado de las puertas de acceso al conocido como avión cultural, el Douglas DC-7 que desde el año 2011 preside el Balcón del Guadalquivir. El Consistorio ha reaccionado de esta manera en un intento por evitar que se vuelvan a producir los incidentes del pasado domingo, cuando tuvieron que actuar bomberos y agentes de la Policía Local para desalojar a un grupo de jóvenes ocupas del interior de la antigua aeronave.

Ayer se trasladaron al lugar herreros del área de Infraestructuras del Ayuntamiento, que en los próximos días culminarán su trabajo de sellado. El objetivo es impedir que mientras se decide qué se hace con el avión cultural se repitan los incidentes y gente sin permiso acceda a su interior. Ahora, el Ayuntamiento quiere revisar el expediente de concesión administrativa de uso del avión cultural, que llevaba aparejada la explotación de un restaurante en sus inmediaciones. Así, el Consistorio buscará o bien que se cumpla el convenio o bien resolverlo.

El proyecto que fue adjudicado a finales del año 2012, absolutamente vanguardista y novedoso, es de la empresa Balcón de Córdoba, y preveía una inversión a tres años de 1,22 millones de euros y la creación de 18 puestos de trabajo. El Ayuntamiento recibiría, a cambio, un canon anual de 12.500 euros.

El avión cultural se instaló en el Balcón de Miraflores no sin polémica. El aeroplano, que estaba abandonado en el aeropuerto, es una donación de un particular al Ayuntamiento. El avión se instaló en plena carrera de la ciudad por conseguir la Capitalidad Cultural Europea. De hecho, la aeronave aún conserva los logos de Córdoba 2016. El avión se instaló en marzo del año 2011. Desde entonces, está sin uso. Para su instalación fue necesario movilizar un enorme dispositivo de 40 policías locales, guardias civiles, miembros de Protección Civil y operarios municipales.

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