AMPAs de Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla piden derogar la instrucción de vuelta al cole y más inversión

Diversas asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla, organizadas en plataformas como las Escuelas de calor de Sevilla, Niños del Sur en Córdoba, o las AMPA en Pie de Málaga, han remitido una carta al consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, insistiendo en la idea de que las instrucciones de la Administración andaluza para la reanudación de la actividad docente presencial “no se pueden cumplir” por la acumulación de diversos déficit, por lo que reclaman su derogación y medidas que garanticen el retorno seguro a las aulas, mediante “una inversión extraordinaria de dinero público” que permita bajas las ratio e incorporar más personal adicional respecto al ya comprometido.

En su misiva, recogida por Europa Press, estas AMPA respaldan los manifiestos firmados por las direcciones de no pocos centros educativos de Andalucía contra la instrucciones de fecha 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de la reanudación de la actividad docente presencial con motivo del nuevo curso escolar, con las correspondientes medidas contra la pandemia de coronavirus Covid-19.

En uno de tales manifiestos, las direcciones de 329 centros de la provincia de Sevilla avisaban de “riesgo evidente de contagio” en la reanudación de la actividad docente presencial, dada la “escasez de medios materiales, humanos y técnicos” con los que aplicar las medidas preventivas promovidas por la Consejería de Educación.

Frente al compromiso de la Consejería de Educación de contratar 6.300 profesores adicionales, 152 personas de apoyo y refuerzo y unas 1.600 personas más para tareas de limpieza, al objeto de afrontar las contingencias derivadas de las prevenciones promovidas contra la pandemia, estas direcciones de centros y múltiples AMPA ven insuficientes tales recursos adicionales, insistiendo en la “escasez” de medios y avisando de que la salud y la prevención de riesgos laborales “exceden sus competencias”.

En ese sentido, en este escrito dirigido a Imbroda las AMPA reclaman a los responsables de la Consejería de Educación que “adopten las medidas necesarias para que las clases se puedan impartir de manera presencial con las garantías sanitarias, pedagógicas y humanas necesarias para la protección de los trabajadores y trabajadoras, alumnado y familias”, negando cualquier ánimo de “calentar el comienzo de curso” y esgrimiendo los derechos a la educación y a la protección de la salud.

“¿Por qué nos dirigimos a la Comunidad Autónoma de Andalucía y no al Estado? Porque el artículo 52 del Estatuto de Autonomía otorga a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en la organización de los centros de enseñanza no universitaria”, precisan estas AMPA, avisando de que “ello no obsta para que el Ministerio de Educación juegue su papel.

En ese sentido, este martes se celebra una reunión entre el secretario de Estado de Educación y los viceconsejeros del ramo de las autonomías y el jueves el Gobierno prevé presentar a las mismas un documento base de reducción de los riesgos asociados a la actividad educativa.

Las instrucciones del documento de fecha 6 de julio de la Administración pública andaluza, según estas AMPA, “no se pueden cumplir porque las clases están masificadas debido a la elevada ratio, porque los centros no tienen climatización adecuada, porque muchos de ellos están en pésimo estado de conservación, porque no hay docentes suficientes ni para atender el funcionamiento ordinario de los centros, porque hay muchos servicios importantes externalizados, porque la burocracia impide que el profesorado pueda ejercer su función pedagógica en condiciones dignas (...) y porque no destinan un porcentaje correcto del presupuesto a Educación”.

En ese sentido, estas AMPA consideran que la Consejería “pretende trasladar la responsabilidad de sus titulares a personal funcionario que no tiene las competencias que pretenden encomendarles”. “La autonomía de los centros es sólo pedagógica, de organización y gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios”, señalan invocando la Ley de Educación de Andalucía.

Por eso, estas AMPA reclaman a los responsables de la Consejería que “deroguen esas instrucciones y adopten las medidas necesarias para que el curso escolar 2020/2021 se pueda iniciar en Andalucía de forma presencial, garantizando el derecho a la educación en condiciones dignas y de igualdad, la realización personal y social, con las garantías sanitarias y educativas”.

“Esas medidas pasan necesariamente por una inversión extraordinaria de dinero público para poder, como mínimo, bajar la ratio y que se permita la distancia social, contratar docentes para atender los grupos extra, tener personal sanitario en los centros educativos y personal de limpieza durante toda la jornada escolar”, concluyen.