Los acreedores de Arenal 2000 decidirán si legalizan o no Colecor

FOTO: MADERO CUBERO
Los propietarios deberán demoler 15.000 metros cuadrados de la construcción si quieren tener papeles

Las naves de Colecor se construyeron sin permiso municipal hace siete años. Mañana, el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) le dará el visto bueno al Plan Especial de la Carretera del Palma del Río, que ahora tendrá que ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba. Cuando eso ocurra y se supere el plazo de alegaciones previsto, y siempre y cuando ni la Junta de Andalucía ni ningún particular decida impugnar el acuerdo, los propietarios de los 40.000 metros cuadrados de naves industriales construidas sin ningún tipo de licencia en la antigua cooperativa de leche Colecor tendrán que decidir si quieren legalizarlas o no.

¿Y quiénes son los propietarios, a día de hoy, de las naves? “Supongo que de los acreedores de Arenal 2000”, respondió esta mañana el presidente de la GMU, Luis Martín (PP). Y esos acreedores son: en primer lugar el Banco Popular, en segundo lugar el Ministerio de Hacienda y en tercer lugar el Ayuntamiento de Córdoba. Es decir, tendrá que ser el Banco Popular el que decida qué hacer con las naves, si dejarlas como están e intentar venderlas así, o demoler 15.000 metros cuadrados (de un total de 40.000 ahora en pie) e intentar convertirlas en dinero contante y sonante vendiéndolas con todos sus papeles en regla.

El Plan Especial de la Carretera de Palma que aprobará el Pleno no deja de ser el primer paso para solucionar el gigantesco problema de las naves de Colecor. El segundo sería que el propietario de este inmueble presente un proyecto de ejecución para legalizar lo que desde 2005 no existe en ningún plano pero sí en la realidad. Y a día de hoy, nada parece más lejos de que ocurra.

El PP ha decidido poner fin a este expediente votando a favor ahora cuando en 2010 se abstuvo. Luis Martín argumenta que hasta ahora no han tenido en su mano todos los informes y garantías jurídicas necesarias. El presidente de la Gerencia asegura que era necesaria la sentencia favorable del Supremo (que se produjo en julio de 2011, dos meses después de que el PP ganara las elecciones municipales) y un informe también favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (que ha llegado en julio de este mismo año). “El plan está como estaba, con sus usos industriales, históricos y la propuesta de demolición previstos” por el anterior gobierno municipal, concluyó Martín.

La aprobación definitiva de este tortuoso Plan Especial (que ha tenido que rehacerse por completo después de que los tribunales, a instancias de la Junta de Andalucía, tumbaran el primero que se redactó por parte de Arenal 2000) se producirá en el próximo Pleno. En la sesión, se producirá una foto histórica. El líder de la oposición y constructor de las naves, que es el mayor deudor del Ayuntamiento de Córdoba, tendrá que abandonar el Pleno mientras se discuta este punto y no podrá votar. Luis Martín, que además es el presidente del Pleno, ha reconocido que no ha pedido informes jurídicos sobre el asunto pero que entiende que Gómez se tendrá que ausentar porque este punto le afecta de lleno a sus intereses particulares.

Está por ver también qué pasará con el resto de concejales de Unión Cordobesa (UCOR), el partido creado por Rafael Gómez a su imagen y semejanza. Las oficinas y la sede de UCOR están, precisamente, en las antiguas dependencias de Colecor cuyo propietario, al menos según el Registro, no es Arenal 2000 ni Mezquita Sur Inversiones (la empresa que construyó las naves), sino los acreedores de estas compañías.

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