El cierre de la Escuela Infantil Municipal: ¿capricho o lógica?

Una vez que el pleno del Ayuntamiento de Córdoba acordó el cierre de la Escuela Infantil Municipal y tras el torrente de declaraciones que se produjeron como consecuencia del mismo, ha llegado el momento de efectuar un análisis más sosegado para poder determinar si la postura del gobierno popular se debió a un capricho basado en cuestiones ideológicas o, por el contrario, fue una decisión necesaria y lógica. En mi opinión, tal como intentaré explicar en este artículo, creo que la clausura de la Escuela Infantil Municipal era una obviedad que debería haberse producido hace mucho tiempo pero, una vez más, el poco tino en el contenido y forma de comunicar el mensaje ha permitido que puedan surgir dudas sobre las causas de hecho y de Derecho que han fundamentado la actuación  de Nieto y su equipo.

La Escuela Infantil Municipal se fundó en 1968, en pleno régimen franquista. No sólo el municipio de Córdoba creó este tipo de centros de enseñanza, sino que fueron muchos los Ayuntamientos que optaron por ofrecer a su ciudadanía un servicio que, desgraciadamente, no estaba al alcance de todas las personas y que, además, era escaso en la mayoría de los núcleos de población de aquella época. Este triste panorama cambió con la irrupción de la Democracia y la aprobación de la Constitución Española. Por un lado, el artículo 27 de la Carta Magna consagró el Derecho Fundamental a la Educación, así como la gratuidad de la enseñanza obligatoria, aspectos que han sido desarrollados por las distintas Leyes Orgánicas reguladoras del citado Derecho. Por otro, la creación del Estado Autonómico y su reparto de competencias con la Administración Central minimizó las responsabilidades en Educación de las Corporaciones Locales, cuestión que hoy día recae, principalmente, en la esfera de las distintas Comunidades Autónomas. En este sentido, para quienes aún recelen de mis afirmaciones, les invito a la lectura de los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y del artículo 9 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. En los citados preceptos se recogen las competencias municipales, es decir, los servicios que han de prestar los distintos Ayuntamientos. Concretamente, en materia educativa, el artículo 9.20 de la Ley 5/2010 determina que los municipios deben vigilar por el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, asistir a la Administración Educativa en la aplicación de los criterios de admisión, cooperar con ella en la planificación y gestión educativa, conservar, mantener y vigilar los edificios destinados a centros públicos de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria y de educación especial y, finalmente, poner a disposición de la Administración educativa los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos. Además de la fundamentación jurídica aludida, cabe recordar que PP y PSOE están actualmente negociando a nivel nacional la reforma de la legislación local para precisamente evitar que los Ayuntamientos tengan que hacer frente a gastos derivados de servicios impropios –aquéllos cuya prestación corresponde a otra Administración-. Por tanto, teniendo en cuenta los argumentos expuestos, ya sea intencionadamente, ya sea por incapacidad política, me ha parecido una sinrazón toda la polémica generada en torno a este asunto.

En esta coyuntura, parece lógico que el Ayuntamiento de Córdoba acuerde el cierre de la Escuela Infantil Municipal ya que se trata de la prestación de un servicio que no le compete –corresponde a la Junta de Andalucía- y que supone un coste anual para las ya de por sí debilitadas arcas municipales de 881.000 euros. Concretamente, según datos del Ministerio de Educación, el coste de plaza por año y niño asciende en la Escuela Municipal a 18.600 euros, cuando en un colegio público la cifra es de 4.900. Además, por otro lado, teniendo en cuenta que para el vigente curso sólo están cubiertas 48 de las 116 plazas ofertadas, la clausura de la Escuela tampoco supondría un problema para las familias afectadas ya que la Junta de Andalucía tiene excedente de plazas en la zona por lo que los alumnos se reubicarían con suma facilidad sin que el derecho a su Educación pudiera verse afectado.

Aunque las razones para el cierre son más que lógicas y razonables, miembros del equipo de gobierno municipal han efectuado declaraciones sobre la Escuela Infantil que, convenientemente empleadas por la oposición, han servido para distraer la atención pública y arrojar sombras sobre una decisión que, a priori, debería ser ajena a toda polémica. Declarar que la Escuela Infantil Municipal es “una Ikastola del Partido Comunista” me parece un grave error pues supone introducir consideraciones ideológicas y, por tanto, debate político en un tema cuya resolución era simple y obvia. Si bien es cierto que el Director de la Escuela era Bartolomé Caballero, funcionario municipal que concurrió a las últimas elecciones generales como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por IU, la afirmación que realizó la señora Botella, por más sospechas que la sustentaran, sólo sirvió para herir la sensibilidad de los afiliados y simpatizantes de una determinada formación política, dando así oxígeno a los detractores de las siglas que ella misma representa.

Finalmente, he de reconocer que no llegué a comprender la decisión del equipo de gobierno de crear una Comisión para la elaboración de un informe sobre el devenir de la Escuela Municipal ya que el contenido del mismo, en función de la actual regulación de la Educación en nuestro país, era más que deducible. Asimismo, tampoco entendí la remisión a la Delegación de Educación de una Carta solicitando la cofinanciación de la Escuela Infantil. Ignoro si ha faltado diálogo entre Administraciones o si, por el contrario, ha existido ánimo de confrontación política pero, ya sea por una causa o por otra, se cometió un error porque la Junta de Andalucía y la Corporación Local deberían haber ido en este asunto cogidas de la mano pues esta cuestión no interesaba ni a la primera, que como ya he indicado tiene excedente de plazas en la zona, ni a la segunda, que no ha de asumir gastos que no son de su competencia. En definitiva, espero y confío en que, algún día, en uno y otro bando, haya personas comedidas que, más allá de las siglas, sepan aplicar la responsabilidad y el sentido común para hallar soluciones en lugar de crear confusión y polémica.