La supuesta nueva política se parece tanto a la antigua que ya va siendo hora de volver a llamar política a secas. Al final, todo se resume en una especie qué hay de lo mío que tenemos que llegar a final de mes. Y que en la calle hace mucho frío.
Desde principios de noviembre, un escrito de la Fiscalía Provincial sacude al Ayuntamiento de Córdoba: hay indicios de delito en el fraccionamiento de contratos en el área de Infraestructuras desde 2020 hasta este mismo año, cuando IU y Podemos presentaron una denuncia tras una investigación. Desde que ese escrito llegó a Capitulares se activó un ventilador que, como era de esperar, se ha quedado muy pronto sin batería. Resumamos:
El concejal delegado de Infraestructuras era hasta esta semana David Dorado, que fue portavoz de Ciudadanos entre 2015 y 2019 y número dos en las siguientes elecciones. Dorado, además, era presidente de Sadeco, una de las grandes empresas del Ayuntamiento. Bajo su mandato, presuntamente, se fraccionaron contratos y se falsificaron documentos, según observa la Fiscalía, que nunca le acusa directamente. Pero es bastante probable que una vez que el caso ha llegado a un juez sí que acabe sentándose, como mínimo, a declarar.
Desde que IU y Podemos presentaron la denuncia y la Asesoría Jurídica elaboró un informe señalando las presuntas irregularidades (gracias a ese informe hay caso) el equipo de gobierno sabía que tenía un problema. Dorado, obviamente, se negaba a dimitir (dimitir de qué). No estaba imputado, ni investigado, ni acusado. Quería defenderse. Pero la presión política que estaba recibiendo el alcalde, José María Bellido, comenzaba a ser tan intensa que algo había que hacer.
Primero se apartó al funcionario responsable de esos contratos (no se le puede dimitir ni cesar). Después se cesó a la coordinadora de Infraestructuras, mano derecha de Dorado durante el mandato. El propio Dorado votó en contra del cese en la reunión de la Junta de Gobierno Local. Y finalmente, en un más que previsible giro de los acontecimientos, se despojó a Dorado de todas sus competencias salvo una: seguirá siendo viceportavoz. Es decir, seguirá liberado y cobrando como concejal.
Antes de nada, en esta casa somos muy respetuosos con los procedimientos judiciales y la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Y Dorado ha sido elegido por los cordobeses para ser concejal. Hasta aquí estamos de acuerdo.
Pero esto es política. Y estamos muy mal acostumbrados a que un político tiene que dejar su cargo cuando le imputa un juez. Como si fuesen, precisamente, los jueces los que con sus imputaciones decidieran por ellos.
Dorado tiene todo el derecho del mundo a defenderse, pero a estas alturas es más que evidente que ha perdido el favor de su propio grupo municipal, del alcalde y no digamos ya de la oposición. Pero no se quiere marchar. Ni a su casa ni al grupo mixto, donde tampoco lo desea el equipo de gobierno por una cuestión aritmética: necesita su apoyo en determinados momentos.
La nueva política, por tanto, se parece tanto a la antigua que ya no se le distingue.
Bola extra: si hay una investigación abierta en estos momentos en la Fiscalía es uno de los mejores síntomas para comprobar cómo los contrapesos en política funcionan. En estos casos, no suele haber fallos en cadena. Y si algo anda como un pato, caga como un pato y dice cuá, cuá, pues ya lo sabemos.
Sobre este blog
Alfonso Alba es periodista. Uno de los cuatro impulsores de Cordópolis, lleva toda su vida profesional de redacción en redacción, y de 'fregado en fregado'. Es colaborador habitual en radios y televisiones, aunque lo que siempre le gustó fue escribir.
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