La equivocada política de vivienda

España necesita 1,5 millones de viviendas de propiedad estatal destinadas al alquiler social. Y no lo digo yo. Lo afirma el Banco de España en un estudio ahora publicado. Para equiparar el parque público de estas viviendas a los estándares europeos, así debe ser, y también para aproximarnos a la media europea situada en el 7% del total de viviendas. Francia, Reino Unido o Países Bajos superan el 15% o, incluso, el 30%.

¿Saben cuántas viviendas destinadas al alquiler social tenemos? Solo alrededor de 300.000, o sea el 1% del total, frente a ese 7%. Si queremos garantizar el derecho a la vivienda y que los ciudadanos más vulnerables tengan acceso a las de renta social (jóvenes que se independizan, familias con escasos recursos, ancianos etc ), la solución pasa necesariamente por construir esas viviendas. Pretender que el sector privado sea quien mantenga, una vez más, lo que las arcas del Estado no puede, es erróneo y provoca el efecto contrario al objetivo.

Esta semana, una clienta con varias viviendas compradas con los ahorros de su vida laboral activa, que las pagó con mucho esfuerzo para tener ahora rentas que complementen su jubilación, me decía: “Si no las alquilo, me las pueden okupar; si las alquilo a según quién (familias con hijos menores, personas con precariedad laboral, jóvenes etc. ) puede que, si no me pagan la renta, sea difícil echarlos ¿verdad? ¡Yo necesito esas rentas para vivir! Por otro lado, si las destino a turismo, fíjate el problema con las comunidades de propietarios, las exigencias administrativas y el tratamiento fiscal inquisitivo. Además, no soy partidaria de ”tensionar“ el casco histórico y contribuir a reducir el mercado destinado al alquiler de vivienda que tanta falta hace, pero tampoco quiero ser yo la indefensa y que el gobierno pretenda suplir su ineficacia para ofrecer viviendas sociales a mi costa… Dime, ¿qué hago?”

Lo que pretende es simple: alquilar sus viviendas a personas interesadas mediante un acuerdo de voluntades libre, bilateral y equilibrado sin tener la sensación de ser ella la vulnerable si las alquila y no le pagan, o si tiene problemas con los inquilinos y no puede echarlos, amén de que no se le impongan condiciones en la contratación que solo favorecen a los arrendatarios. “Yo te doy, tú me das, pero en igualdad de condiciones. Si hacen falta viviendas sociales, eso no me corresponde a mí costearlo”, concluyó.

El problema es que para poner en marcha ese millón y medio de viviendas sociales. ¿Saben cuánta inversión haría falta? Entre 150.000 y 200.000 millones de euros; una inversión equivalente al gasto estatal en pensiones durante más de diez años… ¿A quién matamos? Bueno, de eso hablamos otro día, porque a diario sufro angustia al constatar cómo de cada diez personas con las que hablo, la estadística casi nunca me falla: tres o cuatro están jubilados y cobran pensiones, otros tres o cuatro están, o de baja laboral, o sin trabajo, cobrando subsidios, ayudas o prestaciones de distinta naturaleza y el resto, o sea un tercio raspado, es el que trabaja para mantener lo anterior. 

Estamos en un bucle perverso. Cada vez más pensiones, aún menos viviendas sociales. Esta señora no es un banco, ni la Sareb, ni una gran empresa y yo no sé qué decirle. Hoy son ya todos igual de “malos”, tal vez para justificar medidas que diluyen el concepto de “propiedad” de nuestro Código Civil. Un estado cada vez menos de derecho.