La Junta destina 170.000 euros a ayudas de Consumo a entidades locales, asociaciones y organizaciones

María Jesús Botella presenta las ayudas.

La delegada de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella, ha presentado las nuevas ayudas en materia de Consumo para las entidades locales, así como asociaciones y organizaciones. Para la provincia de Córdoba hay disponible una cuantía de 168.974 euros entre las dos líneas de ayudas.

Tal y como ha indicado la Administración autonómica en una nota, Botella ha destacado que la Junta de Andalucía “colabora en la defensa de los consumidores y usuarios junto a otros agentes privados o públicos donde cobran gran relevancia las entidades locales como ayuntamientos, la Diputación o las mancomunidades, así como las asociaciones de consumidores y usuarios”. Por este motivo, el Gobierno andaluz “colabora en la financiación de los servicios de información al consumidor y con las agrupaciones”.

Las entidades disponen hasta el próximo 7 de octubre para presentar su solicitud. Como novedad de esta convocatoria, los solicitantes deberán estar inscritos en la Red Seromic, Mapa de Recursos de Consumo de Andalucía, en el que se incluyen los servicios que se ofrecen a las personas consumidoras y que se encuentra disponible en el web de Consumo Responde.

Como ha detallado la delegada, el porcentaje máximo de la subvención será del 90 por ciento si el proyecto presentado es superior a 6.050 euros. Si el proyecto es igual o inferior a 6.050 euros, la cuantía de la subvención podrá ser del cien por cien del proyecto. En todo caso, la concesión de subvenciones prevista estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes.

En la distribución máxima del crédito a nivel provincial, a Córdoba le ha correspondido 99.202 euros. Esta asignación se ha realizado teniendo en cuenta, de manera ponderada, el tamaño poblacional, el número de servicios locales en materia de consumo existentes, así como el total de municipios en cada provincia.

La delegada de Salud y Consumo ha explicado que el objetivo de estas subvenciones es “respaldar el mantenimiento de Oficinas Municipales de Información a la Persona Consumidora (OMIC) de carácter municipal o supramunicipal”. Como ha informado Botella, Córdoba cuenta con 20 OMIC, una Oficina Supramunicipal de Información al Consumidor en el Guadiato, y 35 Puntos de Información al Consumidor, gestionados por la Diputación.

Igualmente, las ayudas respaldan a las Juntas Arbitrales de Consumo municipales, supramunicipales y provinciales y el pago de personas que desempeñan la función arbitral de los órganos arbitrales. Córdoba dispone de dos Juntas Arbitrales de Consumo, una gestionada por el Ayuntamiento de la capital y otra por la Diputación.

Las ayudas están destinadas a sufragar los gastos de personal, nóminas y seguros sociales, otros corrientes derivados de la utilización de los inmuebles donde se desarrolla la actividad, como alquiler, cuotas de la comunidad, gastos de limpieza y mantenimiento, suministro eléctrico y de agua, gastos de telefonía e internet y otros necesarios para el desarrollo de la actividad como el pago de los honorarios a los árbitros de la Juntas Arbitrales, gastos de edición de las campañas informativas y el material fungible.

Actualmente la convocatoria para la financiación de actuaciones de mantenimiento y funcionamiento de los servicios locales de consumo está en fase de presentación de solicitudes: BOJA nº179 de 16 de septiembre del 2022. Las entidades disponen hasta el próximo 7 de octubre para presentar su solicitud.

La segunda línea está encaminada a asociaciones y organizaciones de personas consumidoras y supone 69.772 euros de ayudas. En concreto, van dirigidas al funcionamiento general de la oficina de atención a las personas consumidoras y usuarias para la información, mediación, tramitación y gestión de reclamaciones.

También están incluidas las actividades educativas para la promoción de un consumo responsable, solidario, sostenible y de calidad en los centros educativos, además de las actividades formativas dirigidas a las personas consumidoras y usuarias para la mejora de sus conocimientos generales en materia de defensa y protección de sus derechos.

Otras actividades formativas subvencionables se refieren a la mejora de conocimientos y competencias en materia de suministros, vivienda y telecomunicaciones, así como viajes, transporte, ocio, conocimientos y competencias en materia de banca, contratos de financiación y seguros. También se incluyen las destinadas al fomento de consumo responsable y sostenible, o la mejora de los conocimientos y competencias en otros productos y servicios.

Entre los gastos subvencionables se incluyen nóminas y seguros sociales del personal de la oficina de atención a las personas consumidoras, las retribuciones a las personas formadoras, así como los gastos derivados de la utilización de los inmuebles donde se desarrolla la actividad, como el alquiler, cuotas de la comunidad, gastos de limpieza y mantenimiento, suministro eléctrico y de agua, telefonía e internet, mantenimiento informático, o gatos de asesoría fiscal y laboral.

Esta convocatoria de ayudas está actualmente en trámite de estudio de documentación y próximamente se publicará la resolución definitiva. Ya han sido admitidas las solicitudes de FACUA, UCA-UCE y ADICAE.

Defensa y formación de consumidores

La delegada de Salud y Consumo ha destacado la labor de defensa y formación de las personas consumidoras y, en este sentido, ha recordado que el pasado año el servicio de “Consumo tramitó 2,.600 gestiones y atenciones y 862 quejas y reclamaciones, las más comunes relacionadas con servicios esenciales, 23 por ciento; telecomunicaciones, 18 por ciento; comercio, nueve por ciento, y hostelería y turismo, ocho por ciento”.

Igualmente, se ha referido a las campañas de inspección, para las que se elabora un plan anual. En 2021 se llevaron a cabo 12 campañas con 1.500 establecimientos visitados en los que se han detectado 285 irregularidades, que se corresponden con procedimientos sancionadores “con el fin de proteger la seguridad y derechos de los consumidores y cumplir normativa por parte de las empresas”, ha señalado la delegada.

Estas campañas de inspección se centran en el control de alimentos, seguridad, etiquetado, así como de productos industriales, juguetes, puericultura, disfraces caretas o máscaras para uso en menores 14 años. También se han basado en publicidad desleal, compraventa y arrendamiento de viviendas o inspección páginas webs.

250 actas de inspección

De estas inspecciones se levantaron 250 actas de inspección para localizar productos peligrosos e inseguros. Tras su localización, 30 unidades fueron destruidas y 2.224 se han devuelto para subsanación.

Igualmente, se han enviado 17 expedientes de adopción de medidas preventivas por productos de riesgo y se han incluido en la red de alerta 11 productos afectados.

También el Servicio de Consumo ha tramitado 76 denuncias de las que 28 han terminado en procedimientos sancionadores, además de otros 204 procedimientos abiertos con 153 expedientes abiertos por los que se ha recaudado 1,.9 millones

La delegada de Salud y Consumo ha recordado la importancia de acudir a la página web 'https://www.consumoresponde.es/' para que los ciudadanos “se sientan protegidos a la hora de realizar cualquier gestión y se salvaguarden sus derechos como consumidores, se garantice la seguridad así como el cumplimiento de la Ley”.

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