El lío permanente en torno al Córdoba

Cada vez resulta más difícil la relación de hechos y escenarios. Porque son múltiples en uno y otro caso. De hecho, son más de los previos al estado de alarma con motivo de la pandemia de Covid-19. Las novedades son casi constantes y la problemática va en aumento. Se trata el lío permanente en torno al Córdoba, sobre todo a la sociedad anónima deportiva (SAD) original pero también a la transmisión de sus derechos a la nueva: Unión Futbolística Cordobesa (UFC), a través de la que Infinity gestiona el club. En realidad, buena parte de los asuntos están relacionados y más aún son relevantes de cara al futuro -ya no inmediato sino en general- de la entidad califal. A modo de sencillo resumen, la denominada nueva normalidad genera nuevos frentes, valga la redundancia, en la batalla legal mientras se producen avances en los ya abiertos.

El último hecho conocido es la solicitud del Juzgado de Instrucción número 5 de una investigación sobre dos presuntos delitos de apropiación indebida y corrupción entre particulares por parte del ex director financiero del Córdoba CF SAD, Teodoro Brea. La petición la realizó el juez Antonio Rodríguez al Juzgado de Instrucción número 7, tal y como se informó la tarde del miércoles. Acerca de este procedimiento es necesaria la aclaración de su evolución. En realidad no se trata de una causa separada del proceso penal iniciado y dirigido por la primera de las salas de la Ciudad de la Justicia tras la detención de Jesús León, entonces propietario y presidente de la entidad, el pasado 7 de noviembre de 2019.

Sobre la mesa estaba ya el nombre de Brea pues en su día el conjunto blanquiverde le denunció por transferencias y cobros a favor de Bitton Sport, sociedad de Luis Oliver y Joaquín Zulategui. Así, lo que hizo el titular del Juzgado de Instrucción número 5 fue, tras revisión de los atestados de la Guardia Civil, solicitar que vuelva a producirse una investigación. Y lo pidió precisamente a la sala que ya había tratado la causa, el citado Juzgado de Instrucción número 7. Pero éste es sólo el último frente abierto, ya que en jornadas anteriores hubo otros. En concreto, las querellas presentadas contra Antonio Fuentes, titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 -recusado en febrero-, Fernando Caballero, magistrado de la Audiencia Provincial, así como contra Antonio Rodríguez.

Fue hace algunas semanas cuando Luis Oliver y Joaquín Zulategui presentaron dichas querellas. La primera, formulada a través de Bitton Sport, contra Fuentes y Caballero lo fue por un presunto delito de cohecho. La segunda, a título personal, se dio contra el titular del Juzgado de Instrucción número 5 por supuestas acciones de prevaricación, revelación de secretos y contra los derechos individuales. Las dos denuncias llegaron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ahora debe decidir si admite a trámite o no las mismas después de los informes de su Fiscalía. Este último órgano remitió posicionamientos desfavorables, por lo que quizá termine el recorrido en este sentido. Aun así no queda otra que esperar.

Y eso es lo que hacen tanto Carlos González como los rectores de UFC -y de Infinity por tanto- en relación a frentes abiertos muchos meses atrás -algunos de ellos-. El canario aguarda, en concreto, una fecha para la celebración del juicio por la propiedad del Córdoba CF SAD, del que fue nombrado presidente en una junta general extraordinaria el pasado 15 de enero. El tinerfeño denunció, a través de Azaveco, a Jesús León (Aglomerados Córdoba) por el impago de los últimos 4,5 millones de euros de la compraventa de la entidad. Llegó a obtener medidas cautelares de embargo pero éstas se invalidaron al recuperar la fianza de un millón que le solicitó el Juzgado de Primera Instancia número 102 de Madrid. Ahora, tras la paulatina recuperación de la actividad en sede judicial, sigue pendiente de la fijación de una cita para decisión definitiva.

Mientras tanto, UFC aguarda una resolución firme de la compra de la conocida unidad productiva del Córdoba CF SAD por parte de Infinity. Cabe recordar que el auto que la aprobó tuvo la firma en diciembre de Antonio Fuentes. En febrero fue recusado, por lo que el proceso quedó en el aire mientras se producía el nombramiento de un nuevo juez. Éste es el que ha de dictar a favor o en contra. Pero antes de esto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe designar al relevo, para lo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) propuso a Fernando Caballero, magistrado de la Audiencia Provincial y encargado de supervisar el concurso de acreedores de la entidad entre 2011 y 2012. Dicho pronunciamiento es del que permanecen atentos los actuales rectores del conjunto blanquiverde.