La nueva ley de Patrimonio prevé una gestión compartida de la Mezquita, Medina Azahara, la Alhambra o la Giralda

El anteproyecto de la Ley de Patrimonio Inmaterial aprobado por el Consejo de Ministros, y pendiente de resolver en el Congreso, prevé la creación de una figura para que se comparta la gestión de los monumentos protegidos por la Unesco en España, como la Mezquita Catedral, Medina Azahara, la Giralda de Sevilla o la Alhambra de Granada, entre otros. La norma, que ha recibido el visto bueno del Gobierno, busca elevar el nivel de protección y control de estos monumentos, muchos de ellos en poder de la Iglesia, como el caso de la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Sevilla y la Giralda, o la Catedral de Burgos.

La norma da amplios poderes al Gobierno. Actualmente, las competencias de patrimonio están delegadas en las comunidades autónomas, que son las encargadas de aprobar sus propias leyes de protección. Ahora, el Ejecutivo se guarda la posibilidad de declarar Bien de Interés Mundial (BIM), una nueva figura jurídica para todos aquellos monumentos declarados Patrimonio Mundial por la Unesco en España. Eso sí, estos bienes no serán BIM automáticamente. El Ejecutivo los declarará a través de un decreto “previa consulta con la comunidad autónoma”.

Pero la gran novedad es la creación de patronatos en los que “participen las administraciones autonómicas y locales afectadas, y las entidades privadas que ostenten derechos sobre estos bienes”. En el caso de la Mezquita, por ejemplo, sería el Gobierno, la Junta, el Ayuntamiento y el Cabildo. “En todo caso, el Patronato estará adscrito a la Administración General del Estado a través del Ministerio de Cultura y Deporte, que dispondrá siempre de la mayoría de votos del órgano de gobierno respectivo”. Es decir, el Ejecutivo se guarda la mayoría para la toma de decisiones sobre la gestión de estos bienes.

“Si en el plazo de un año desde la publicación del real decreto de declaración de Bien de Interés Cultural Mundial no hubiera podido constituirse el Patronato”, advierte el Gobierno, “el Consejo

de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, creará mediante real decreto una Comisión Gestora de dicho Bien que se encargará de llevar a cabo las actuaciones derivadas de la declaración hasta tanto se constituya“. Es decir, el Ejecutivo puede controlar por decreto estos bienes y evitar que como ocurre en el caso de la Mezquita de Córdoba las decisiones sobre qué actuaciones se permiten o no en el Patio de los Naranjos dependan exclusivamente del Cabildo. O en el caso de Medina Azahara, que la dirección del yacimiento se reserve el control absoluto de las intervenciones arqueológicas.

Por último, la norma fija también una “evaluación de Impacto Patrimonial” previa a “todos aquellos proyectos que supongan un impacto visual o perceptivo sobre los bienes incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial o pongan en peligro los valores que determinaron su inscripción”. En este punto se advertirían cuestiones como los de las puertas de la Catedral de Burgos, un proyecto millonario y polémico contra el que hasta se han recogido firmas.

Además, el anteproyecto del Ministerio prevé que la Iglesia no pueda enajenar los bienes de interés cultural que posea. Tan solo se los podría transmitir a una administración pública, según consta en la norma, que todavía tiene que recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados antes de entrar en vigor.

Esta es una ley vital para una ciudad como Córdoba, que tiene varios patrimonios mundiales de la Unesco. A Medina Azahara y la Mezquita (el casco histórico es una ampliación) se une la Fiesta de los Patios, como singularidades. Aparte, también se incluyen el Flamenco y la Dieta Mediterránea.