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Las víctimas del franquismo se asocian para lograr la exhumación de sus familiares

Exposición Víctimas del Franquismo en la Facultad de Filosofía y Letras | MADERO CUBERO

Carmen Reina

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Dejadnos llorar. Es el sencillo lema que encabeza las acciones que han emprendido las familias de las víctimas del franquismo en Córdoba para unirse en una entidad con capacidad jurídica y darle voz así ante las administraciones a su propósito de exhumar los restos de sus seres queridos, que permanecen enterrados en fosas comunes en los cementerios de Nuestra Señora de la Salud y en el de San Rafael en la capital cordobesa.

En pleno proceso de adhesiones aún para conformar esta asociación, ya son más de medio centenar las personas que la integran y que se registrarán como tal organización bajo el nombre de Unión para la defensa de los derechos humanos de las víctimas del franquismo en las fosas de Córdoba, según ha podido saber este medio.

La asociación nace con el firme propósito de trabajar por la recuperación de los restos de las víctimas del franquismo, que solo en Córdoba suman más de 4.000 personas y, más allá de abrir la vía del diálogo con todas las administraciones competentes, la asesoría jurídica de las víctimas les ha aconsejado tomar la forma de asociación para tener así un instrumento legal y con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para ser referente ante las instituciones. De hecho, el pasado mes de octubre, familiares víctimas del franquismo de Córdoba mantuvieron un encuentro con el abogado Eduardo Ranz, especialista en memoria histórica y autor del procedimiento que por primera vez ha logrado sentencias favorables para la exhumación de varias personas en el valle de los Caídos.

De momento, los familiares se están inscribiendo en un primer registro de la asociación para contar con una base de datos propia, donde se distinguen a los miembros según tengan enterrados a sus seres queridos en las fosas de uno u otro cementerio –La Salud o San Rafael-, de la capital cordobesa.

Asimismo, el borrador de los estatutos que regirán a esta asociación señala su carácter indefinido en el tiempo y los fines para los que se crea, una relación de ocho puntos que pasan por “exigir que se hagan efectivos el derecho Humano de Verdad, Justicia y Reparación de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, que fueron secuestradas, sustraídas a sus familias naturales, eliminadas, ejecutadas o desaparecidas, por métodos diseñados y organizados por los poderes del estado o fuera del mismo, pero con su apoyo y reconocimiento, de todas las personas que yacen en las fosas de los cementerios de Córdoba, denominados San Rafael y Nuestra Señora de la Salud”.

Asimismo, las familias buscan “exigir a los poderes públicos en el ámbito de sus competencias, que contribuyan a la identificación y recuperación de los restos de personas desaparecidas o ejecutadas” y ofrecen su colaboración para “establecer los cauces de coordinación y cooperación para poner a disposición de los investigadores y familiares herederos de las víctimas los datos informativos para identificar las fosas comunes y otros lugares de enterramiento de los cementerios de Córdoba”.

La colaboración con las instituciones y administraciones competentes en la materia se recoge asimismo en otro de los fines previstos por la asociación, que trabajará para “facilitar en todo lo posible la actuación de la Dirección de la Memoria de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Córdoba y de los órganos judiciales que sean competentes en cada caso para practicar las pruebas de ADN, forenses o de cualquier otro tipo que permitan identificar a las víctimas, para la entrega a sus familiares”.

Y, de igual forma, la asociación de familiares de víctimas del franquismo en Córdoba persigue “promover la construcción de un panteón o monumento que honre a todas las víctimas y recoja dignamente los restos de las que no aparezcan sus familiares”.

En su tarea, recogen también la petición dirigida a “todos los estamentos del estado español, civiles, cuerpos de seguridad, y demás instituciones para que cumplan y hagan cumplir” las distintas normativas, resoluciones y leyes sobre Memoria Histórica y Derechos Humanos, entre las que se recuerda la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU, la propia Ley de Memoria Histórica por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, dictámenes del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU o del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

En el camino para conseguir su objetivo, los familiares asociados en esta nueva organización que verá la luz próximamente advierten que recurrirán “a tantas instancias jurídicas o administrativas nacionales o internacionales, como sean necesarias” y desarrollarán distintas actividades “para el cumplimiento de estos fines” que persiguen.

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