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Tres de cada cuatro mujeres que piden protección judicial en Córdoba lo hacen por el acoso o agresiones de sus exparejas

Tres de cada cuatro mujeres que piden protección judicial en Córdoba lo hacen por el acoso o agresiones de sus exparejas

Alejandra Luque

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La decisión de acudir a la Justicia y solicitar una orden de alejamiento no suele producirse durante la convivencia o el noviazgo, sino como una medida de respuesta ante la escalada de violencia que sobreviene una vez rota la relación. Según la última estadística oficial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondiente al segundo trimestre de 2026, tres de cada cuatro mujeres que requirieron protección judicial en la provincia de Córdoba (el 75,7 %) lo hicieron por el acoso, las amenazas o las agresiones sufridas a manos de sus exparejas o excónyuges.

El desglose de los datos judiciales revela que, de las 111 solicitudes de orden de protección tramitadas entre abril y junio en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cordobeses, 84 se dirigieron contra relaciones sentimentales ya extinguidas. En concreto, 74 correspondieron a exrelaciones afectivas de hecho y 10 a excónyuges. Por el contrario, solo en el 24,3 % de los expedientes (27 casos) la víctima mantenía el vínculo afectivo o el matrimonio activo al momento de instar la medida cautelar (16 parejas de hecho y 11 matrimonios).

Asimismo, el 100 % de las órdenes de protección incoadas en la provincia partieron de la solicitud directa de la mujer al denunciar, sin que conste la iniciación de oficio por parte de los juzgados o a propuesta del Ministerio Fiscal en este trimestre.

Radiografía del delito: 914 denuncias y prevalencia del maltrato leve

Durante los tres meses analizados, los juzgados de la provincia recibieron un total de 914 denuncias por violencia de género, que afectaron a 887 mujeres víctimas (736 de nacionalidad española y 151 extranjeras) y a un menor tutelado. Esta cifra sitúa la proporción de mujeres que tramitan una orden de protección en el 12,14 % sobre el total de denunciantes.

En cuanto al canal de entrada a los tribunales, el atestado policial con denuncia directa de la víctima fue la vía principal (653 casos, el 71,4 %), seguido de los atestados iniciados por intervención directa de las fuerzas de seguridad (125 casos, 13,7 %) y los partes de lesiones remitidos directamente desde los centros sanitarios al juzgado (112 casos, 12,2 %). Los atestados formalizados por familiares representaron 13 causas (1,4 %) y los servicios asistenciales derivaron 11 expedientes (1,2 %), mientras que ninguna denuncia fue presentada directamente por la víctima en la sede judicial.

En el plano procesal, 73 víctimas se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar como testigo (42 españolas y 31 extranjeras), lo que supone una tasa de renuncia al proceso del 7,98 %.

En lo relativo a las tipologías penales, en Córdoba se ingresaron un total de 989 delitos. La inmensa mayoría de la actividad delictiva correspondió a malos tratos leves y lesiones del artículo 153 del Código Penal, con 703 infracciones (el 71,1 % del total). Le siguieron las causas por maltrato habitual o psicológico del artículo 173 CP (109 delitos, 11,0 %), el quebrantamiento de penas (57 casos), el quebrantamiento de medidas cautelares (54 casos) y los delitos contra la libertad, como amenazas o coacciones (46 casos). Asimismo, se contabilizaron siete delitos por lesiones graves del artículo 148 y siguientes, cinco contra la integridad moral, tres contra la libertad e indemnidad sexual, dos por impago de prestaciones familiares, una por quebrantamiento de la intimidad y una causa incoada por homicidio en grado de tentativa o consumado.

Ciudad de la Justicia de Córdoba

Los juzgados conceden un 83,8% de las órdenes de protección solicitadas

Ante las 111 solicitudes tramitadas, la respuesta de la Judicatura cordobesa arrojó un elevado grado de amparo: se concedieron 93 órdenes de protección (el 83,78 % de las solicitadas) y se denegaron 18 (el 16,22 %). Estas concesiones se tradujeron en la adopción de 280 medidas cautelares de protección, como son órdenes de alejamiento (91), prohibiciones de comunicación (87) y órdenes de expulsión o prohibición de regresar al lugar del delito (35). Además, los jueces decretaron el ingreso en prisión provisional de cinco denunciados y adoptaron otras 12 medidas cautelares penales.

En el ámbito civil, los juzgados fijaron 17 prestaciones de alimentos, atribuyeron la vivienda familiar a la víctima en diez ocasiones, acordaron seis suspensiones de la guarda y custodia de menores, seis suspensiones del régimen de visitas y otras 11 medidas complementarias.

Un 95,2 % de condenas en las sentencias de la provincia

En último lugar, en este segundo trimestre se juzgaron a 190 hombres (165 españoles y 25 extranjeros) de las que 181 fueron condenados (144 españoles y 37 extranjeros) y nueve, absueltos (todos españoles). Esos datos sitúan la tasa global de condenas en Córdoba en el 95,26 %.

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