El presidente de la Audiencia avisa de la falta de hasta ocho jueces

El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha avisado este miércoles de la falta de entre siete y ocho jueces y magistrados en los juzgados de la capital, así como entre unas 14 y 15 plazas de funcionarios en todos los órganos de la provincia, parte de los cuales están “sobrecargados” y algunos “al borde del colapso”.

Así lo ha expuesto el presidente en la presentación de la Memoria Anual de actividades y funcionamiento referida al año 2022, donde ha detallado que hacen falta entre tres y cuatro jueces más en Primera Instancia, donde “las necesidades son más acuciantes”; dos más en la Sección Civil de la Audiencia, que está “sobrecargada, con el doble de lo ideal”; uno en Mercantil, donde “los procedimientos concursales han sufrido un importante aumento, debido a la crisis económica”, y otro en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que “está al borde del colapso”.

Sobre las dos secciones penales de la Audiencia, ha recordado que funcionan con cuatro magistrados en cada una, pero “si se refuerza el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, habrá que reforzar también esta Sección”, dado que “el número de recursos que va a la Audiencia aumentará”.

En cualquier caso, ha valorado la labor de las dos secciones, siendo de “las audiencias provinciales de toda Andalucía que mejor tasa de resolución tiene, al resolver más rápidamente los recursos que se interponen --normalmente en tres o cuatro meses está resuelto el recurso--”.

Según ha analizado, “la pandemia, la huelga de los letrados de la Administración de Justicia y toda la inestabilidad que se atraviesa han hecho que el señalamiento de las causas más graves se dilate en el tiempo”, de forma que “si las secciones penales venían funcionando con un período de distancia en los señalamientos de unos seis meses, la pandemia lo prolongó hasta el año; se consiguió reducir en 2021 y parte de 2022 a seis meses otra vez, pero ahora se va a ir de nuevo a más tiempo, como consecuencia de todos los avatares”.

Al respecto, ha remarcado que “todo funciona por el voluntarismo de los jueces, los letrados de la Administración de Justicia, fiscales, funcionarios y todos los que forman el equipo judicial”, puntualizando que “los jueces soportan una media del 50% de la carga de trabajo ideal que está fijada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”.

En palabras de Sánchez Zamorano, “todo han sido parches, pero no de ahora, sino en los últimos 15 o 20 años, que han remediado en algo, pero que desde el punto de vista estructural nada han supuesto”, de modo que “se sigue en la mendicidad”, a lo que ha añadido que “la escasez de jueces es muy grandes”, porque “en los últimos años se han convocado pocas plazas de oposiciones para cubrir puestos en la carrera judicial”.

Por tanto, ha avisado de que “son insuficientes, al contar con una ratio de 12 jueces por 100.000 habitantes, cuando en Europa la media es de 18 o 20 jueces por 100.000 habitantes”, señalando que “España es el tercer país de la Unión Europea que tiene más litigiosidad y el cuarto país que más tarda en resolver un conflicto en los ámbitos civil o mercantil”.

“Escasez” de funcionarios

En relación a los juzgados de la provincia, ha expresado que “salvo la escasez de funcionarios que hace que tengan un funcionamiento deficiente”, tienen “cargas de trabajo, en general, soportables”, advirtiendo de “las mismas plantillas de funcionarios, en cuanto al número, de hace 40 o 50 años”. “Es lamentable y triste tener que repetir esto año tras año”, ha apostillado.

Al hilo, ha comentado que “hay voluntad por parte de las administraciones prestacionales, en este caso de la Junta de Andalucía, pero también tiene mucho que decir el Ministerio de Justicia”, a la vez que ha reclamado que “los interinos lleguen como funcionarios con cierto conocimiento en el ámbito de la justicia y conocimientos mínimos de informática”, así como que “las bajas y vacantes se provean con mayor celeridad”.

Por otra parte, el presidente de la Audiencia ha declarado que “la mediación, que se instauró en 2016 con un protocolo, no acaba de conseguir los frutos que todos deseamos”; la oficina judicial “no está implantada”, aunque reconoce “los esfuerzos que se hacen”, pero “al final no se consigue nada”, ha lamentado.

Además, ha aseverado que “las nuevas tecnologías van razonablemente bien, pero todavía queda mucho camino por recorrer, sobre todo en la implantación del expediente digital en el ámbito penal”.

Violencia de género

En materia de violencia de género, Sánchez Zamorano ha precisado que en 2022 se han registrado 3.588 asuntos, 500 más que en 2021. De ese número, 2.235 son de la capital, “cuando el CGPJ fija el módulo razonable en 1.600”, de forma que “el juzgado funciona por la extraordinaria labor de la magistrada titular, los funcionarios y todo el equipo”, ha subrayado, para comentar que “a veces tienen jornadas que terminan a las 17,00 y 18,00 horas y eso no es tolerable”.

En la provincia, hay una suma de 1.353 asuntos, “casi llegan a lo que sería el módulo ideal para un solo juzgado”, de ahí que haya defendido “una solución, que cae siempre en saco roto y que va en contra de los criterios o parámetros políticos, que es que puesto que en Córdoba no es posible comarcalizar”, sería “provincializar la violencia sobre la mujer, de tal manera que se cree un juzgado más especializado en la capital con competencias en toda la provincia”.

A su juicio, “eso no es alejar la justicia del ciudadano, porque también hay violencia sobre la mujer en el juzgado de menores que tiene competencia en el ámbito provincial”. “Sería una prestación de un servicio mucho más eficaz, más especializado y hoy las carreteras y las distancias ponen a la víctima a media hora o tres cuartos de hora de la capital”, ha mantenido, subrayando que “aliviaría mucho todo el tema del funcionariado”.

Asimismo, ha informado de que se han adoptado 333 órdenes de protección, con “una ligera disminución”, pero “han sido un 80% de las incoadas”, a lo que ha agregado que “frente al 60% de las sentencias dictadas en 2021 condenatorias, en 2022 son un 80%”.

Y ha alertado de que en los juzgados de menores “siguen aumentando, del 12 al 13%, las causas de violencia sobre la mujer”, de manera que “los menores replican los comportamientos de los mayores”, por lo que “no todo esto puede resolverse con medidas punitivas, sino que hay mucho que hacer en materia educativa”, ha reflexionado.

La huelga

En otro orden de cosas, ha calificado como “justas” las reivindicaciones de los letrados de la Administración de Justicia tras su huelga, pero ha lamentado que “para llegar a un acuerdo se haya estado mareando la perdiz dos meses con un parón importante y la cantidad de juicios suspendidos”. “Ha habido falta de diálogo en todas las partes”, ha dicho.

Y ante el anuncio de huelga de los jueces, ha manifestado que “el tema no es en absoluto retributivo”, porque “junto a ello está el abandono y el desánimo que pasa la justicia y el pesimismo que inunda muchas cosas”.

Ha calificado como “inédito que desde hace dos o tres años en el ámbito del cuerpo de magistrados raro es el día que en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no se publica una jubilación voluntaria de un juez o magistrado, algunos en edades próximas a los 60 años, cuando la edad forzosa de jubilación es a los 70 años”.

En su opinión, “esto se explica en el desánimo colectivo que aqueja a muchos miembros de la carrera judicial, al trabajar a veces en situaciones inhumanas”, de manera que “se funciona por el voluntarismo de muchos jueces, e incluso por la heroicidad de muchos”.

A juicio del presidente, “en la justicia haría falta un pacto de Estado, que todas las fuerzas políticas tomen esto como una cuestión de Estado” y que “es uno de los pilares más importantes que hay”, pero “no se le presta la atención que requiere”.