Juicios laborales señalados para 2024: retrato del colapso de la justicia social y civil en Córdoba

Todos los abogados consultados por este periódico para elaborar este reportaje se han referido a una frase de uno de los cordobeses más ilustres de todos los tiempos, Séneca: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. Y eso es lo que está ocurriendo en Córdoba, en los juzgados de lo social y de lo civil, principalmente, donde el colapso judicial que ya arrastraban se ha triplicado tras la pandemia, en la tercera capital de provincia de España con la tasa de paro más alta y donde, precisamente, más urge que se resuelvan los conflictos laborales.

El Colegio de Abogados de Córdoba ha elaborado un informe basado en encuestas con los letrados de la ciudad y la provincia que dibuja un panorama desolador. Hay juicios de lo social por despidos o reclamación de cantidades de trabajadores a sus empresas que se están señalando ya para el año 2024. “Estamos hablando del salario de trabajadores, del dinero que tienen para sostener a sus familias”, lamenta el decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, que dirige un despacho que también está sufriendo este colapso en lo civil a causa principalmente del retraso en el señalamiento de juicios por cláusulas suelo.

José Manuel de Lara es un abogado cordobés que el pasado 10 de agosto dejó todo lo que estaba haciendo para plantear una demanda laboral. Era un acto de conciliación por una reclamación de cantidades de unas trabajadoras. A pesar de su premura, el juzgado tardó meses en señalarle el juicio. En diciembre finalmente recibió la notificación. La fecha para la vista es de enero de 2024. “Son trabajadoras que siguen en la empresa. Imagina la tensión” en el centro de trabajo, lamenta.

“Si me despiden a un trabajador y la empresa está regular, cuando dentro de dos años un juez me reconozca la cantidad la empresa ha desaparecido”, lamenta José Luis Ruiz Giménez, otro abogado de lo social que tiene señalados una multitud de juicios a años vista. Cuando un juez le dé la razón, dentro de unos años, “me tengo que ir al Fogasa y echarle otros meses más. No voy a cobrar el 100% de lo que me ha reconocido el juez. Eso es un problema”, lamenta, pero también una enorme merma en la justicia social en Córdoba.

“Las empresas son conscientes” del colapso judicial en asuntos laborales. Por tanto, en caso de conflictos con los trabajadores “si hay que conciliar a la baja se concilia a la baja. Es una merma de derechos porque sabes lo que te vas a encontrar después”, señala Ruiz Giménez, que destaca que esto está provocando que los trabajadores y los empresarios estén llegando a “conciliaciones extrajudiciales”.

“Cuando llega un cliente a tu despacho y le dices que la resolución de su asunto tiene un periodo de tres años y si tenemos que llegar al Supremo son diez años de esperanza de solución pues al final se convierte en desesperanza. La justicia cuando es así de lenta no es justa”, señala el decano José Luis Garrido, que insiste en que detrás de todo “hay una intención política clara de que los ciudadanos no acudan a la justicia”. “Pero la justicia es un servicio público que todos pagamos con nuestros impuestos y al que tenemos derecho”, reivindica.

Endémica falta de medios en la Administración de Justicia

El informe elaborado por el Colegio de Abogados es demoledor y descorazonador. “En cinco días hemos recibido un total de 134 registros que hacen referencia a señalamientos de actuaciones judiciales, en su mayoría juicios, de 2022 en adelante. Del total de registros, 70 hacen referencia a la jurisdicción Social, 52 a la Civil y 8 a la jurisdicción Penal”, destacan. “Los motivos que están provocando que determinados procedimientos se eternicen son de sobra conocidos. La endémica falta de medios materiales y personales que padece la Administración de Justicia, unida a la existencia de un número de órganos judiciales por debajo de lo estimado como necesario, así como la alta litigiosidad, están detrás de estos retrasos”, analizan como las causas de una situación que durante la pandemia se ha agravado y cuyo colapso se ha multiplicado por tres.

En un titánico trabajo de campo, el Colegio de Abogados, a través de encuestas, ha señalado a aquellos órganos que acumulan un mayor retraso. De hecho, en el caso de lo social destacan que la situación no es idéntica, sino que depende de cada juzgado. “Mientras hay juzgados que están señalando juicios de tramitación ordinaria (reconocimiento derecho, reclamación cantidades, …) de forma prácticamente inmediata (ejemplo juzgado Social nº 5 de Córdoba – señalamiento para marzo 2021), hay otros donde las demandas presentadas antes de que se decretara el estado de alarma están señaladas para 2024”, exponen.

¿Dónde están los problemas?

Juzgado de lo social número uno: hay “procedimientos de despido o reclamación de cantidad presentadas en mayo de 2020, en pleno confinamiento, cuya vista está señalada para junio de 2023. Si bien, si la demanda está presentada en agosto o adelante, el señalamiento de la vista de juicio se va a enero de 2024, marzo, abril y hasta junio de 2024”, exponen.

Juzgado de lo Social número cuatro: hay “procedimientos de reclamación de cantidad presentados en el año 2020, con juicios señalados para enero, marzo y abril de 2024”.

Estos juzgados de lo social deciden también sobre los procedimientos de incapacidad ante la Seguridad Social. “Imagina el caso de una invalidez permanente que la deniega la Seguridad Social y por la que hay que ir a juicio”, señala Ruiz Giménez. En muchos casos, el cliente acaba ganando el proceso pero durante los años en los que ha estado litigando contra la administración no ha podido trabajar ni tampoco ha podido cobrar su pensión. “Como ejemplo, el juzgado de lo Social número uno, en noviembre de 2020 ya señalaba procedimientos de incapacidad permanente a 22 meses vista (septiembre 2022); el Juzgado Social nº 3, acumula varios registros que refieren juicios de incapacidad permanente señalados también con una demora superior a los dos años. En este último caso, un compañero nos traslada un ejemplo: demanda presentada en julio de 2020 sobre incapacidad permanente que continúa a la espera de admisión”, señala el trabajo del Colegio de Abogados.

El problema de las cláusulas suelo

José Luis Garrido considera que fue “un error” crear en Córdoba un juzgado único para resolver todas las reclamaciones sobre cláusulas suelo. Fue el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Córdoba, donde el colapso también es monumental. “Nos han informado de numerosos procedimientos iniciados en 2018 cuya audiencia previa está señalada para mayo o diciembre de 2021; otros procedimientos para obtener la declaración de abusiva de cláusulas de contrato de préstamo hipotecario, iniciados en 2019, tienen señalada la audiencia previa para marzo de 2023; es decir, a cuatro años vista. Además, nos consta que durante este mes, el juzgado ya está señalando audiencias previas para mayo de 2024”, señala el informe.

En estos casos, muchos clientes deciden abandonar. Y cuando lo hacen, todo acaba afectando a los abogados, que en estos procesos son los últimos en cobrar también. “Un chaval que empieza ahora, ¿de qué vive ese abogado si le señalan asuntos para dentro de dos años? Esta dilación en la justicia es tremenda”, lamenta José Luis Ruiz Giménez.

El colapso judicial es especialmente significativo en lo social y en lo civil, pero alcanza al resto de la justicia cordobesa. Está empezando a ocurrir también en penal. En concreto, el Juzgado de lo Penal número seis de Córdoba ha comenzado a señalar vistas orales de juicios para el año 2022. “Es de destacar un procedimiento seguido por violencia de género iniciado en septiembre de 2018, en el que se adoptó medida cautelar de orden de alejamiento que va a estar vigente tres años y medio, pues el juicio está señalado para febrero de 2022”, señala la encuesta.

Pero su caso no es el único. La jueza titular del Penal número uno de Córdoba decretó la suspensión de una vista el pasado 28 de enero aludiendo a “la sobrecarga de trabajo que pesa sobre este juzgado así como el órgano judicial del que soy titular”.

“Aquí lo que hace falta es voluntad política para que de una vez por todas acabe. La cosa ha empeorado mucho desde el Covid. Y tiene visos de ir a más”, lamenta José Luis Garrido, que ya ha trasladado todos estos problemas al presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba.