La dificultad para localizar a temporeros estanca las investigaciones contra empresarios por abusos en el campo cordobés

La itinerancia de los temporeros que trabajan en el campo cordobés dificulta sobremanera poder investigar la explotación laboral que se produce en este sector. Así lo ha puesto de manifiesto la Fiscalía Provincial de Córdoba en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025, hecha pública este jueves. El documento dedica un apartado especial a las trabas que enfrentan los fiscales delegados en toda España, situando el caso de Córdoba como “paradigmático” en lo que respecta a la vulnerabilidad y la falta de protección efectiva de los jornaleros en el sector agrícola.

Según recoge el documento, el perfil de las víctimas de estos delitos sigue estando muy definido: trabajadores agrícolas extranjeros que participan durante campañas de recolección de muy corta duración en cultivos emblemáticos de la provincia, como la aceituna, la naranja o el trigo.

El gran obstáculo para que las investigaciones judiciales lleguen a buen puerto no radica únicamente en la detección inicial de las posibles irregularidades, sino en la extrema itinerancia de los afectados. Buena parte de las diligencias son de “difícil tramitación”, señala la fiscalía cordobesa, debido a que los temporeros se desplazan constantemente entre distintos municipios o provincias siguiendo el calendario de las cosechas.

Esta alta movilidad hace que su localización posterior por parte de las fuerzas de seguridad resulte muy costosa o directamente imposible cuando los juzgados los citan para tomarles declaración. Al tratarse de cuadrillas integradas por numerosos perjudicados que desempeñan sus labores durante “escasos días” en un lugar concreto, los investigadores se ven incapaces de realizar a tiempo la preconstitución de la prueba, el mecanismo legal para blindar el testimonio antes de que la persona abandone la provincia.

La memoria del Ministerio Público pone también el foco en la estructura interna de estas cuadrillas agrícolas. Habitualmente, los grupos de jornaleros están comandados por la persona que les ofrece el trabajo y los dirige sobre el terreno, conocida popularmente en el campo andaluz como el manijero. Por ello, la Fiscalía de Córdoba ha advertido que esta figura “coopera necesariamente en la ejecución del delito” y actúa como un intermediario clave. En la mayoría de las ocasiones, el propio manijero es también de nacionalidad extranjera, lo que facilita un vínculo de dependencia directa con los trabajadores y dificulta aún más que estos se atrevan a señalar los abusos o a colaborar con la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Inspección de Trabajo.

Un mapa de dificultades en toda España

El diagnóstico que realiza la Fiscalía de Córdoba no es un caso aislado, sino que se encuadra en un contexto nacional caracterizado por la indefensión sistemática de las víctimas en los sectores más precarizados. Mientras que en Córdoba y Ciudad Real el principal obstáculo es la itinerancia de los temporeros agrícolas, en provincias como Lleida, la Policía Nacional ha detectado un notable incremento de la usurpación de estado civil mediante los denominados “contratos heredados”. Esta práctica consiste en utilizar la documentación (DNI, NIE o tarjeta roja) de personas en situación legal para trabajar en el campo o la hostelería, permitiendo que el titular real cotice a la Seguridad Social mientras el trabajador efectivo busca acreditar su posterior arraigo.

Por su parte, en grandes núcleos urbanos y sectores como la hostelería o el alterne -con especial incidencia en áreas como Madrid o Zaragoza-, el problema radica en la alineación involuntaria de la propia víctima con el investigado. Ya sea por temor a represalias directas de sus explotadores o por considerar al empleador como una persona que les ha prestado ayuda, es frecuente que los trabajadores irregulares o las mujeres en locales de nocturnidad se nieguen a denunciar e incluso afirmen ante los inspectores de trabajo o la Policía ser meros clientes del establecimiento.