Citado como investigado un coronel en el caso de supuesto amaño de contratos de obras en cuarteles de Córdoba

El Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba ha citado a declarar para finales de noviembre como investigado al coronel Juan Carretero, exjefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, por el caso de supuesto amaño de contratos de obras en distintos cuarteles del Instituto Armado en la provincia.

Así lo han confirmado fuentes del caso y ha adelantado 'Diario Córdoba', tras precisar que la decisión se toma después del interrogatorio del comandante investigado, junto a un sargento y siete empresarios, para esclarecer la supuesta comisión de los delitos de cohecho, malversación y prevaricación en el manejo de dos millones de euros entre los años 2020 y 2023.

En concreto, Juan Carretero llegó a la Comandancia de la Benemérita en Córdoba como teniente coronel en 2017 y en 2023 fue destinado a Madrid para ocupar el cargo de jefe de área del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), personada como acusación particular, ven “lógico que el juzgado cite y tome declaración a todas las personas que puedan ayudar a esclarecer los hechos”, de manera que “hay que conocer todas las versiones y concretar el nivel de responsabilidades”, han apuntado.

Igualmente, han comentado que están a la espera de que el Juzgado conteste a su solicitud de ampliar la investigación a años anteriores, concretamente desde 2018, porque “existen suficientes indicios para considerar que durante esos años se pueden haber producido irregularidades idénticas o similares a las detectadas en 2022 y 2023”.

Además, desde AUGC han señalado que hasta ahora los investigados no han querido responder a las preguntas de la asociación, cuando “si lo hicieran se podrían clarificar mucho los hechos investigados”, han defendido, para apostillar que “es muy revelador que alguno de ellos haya contestado a la jueza, a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a su abogado”, pero “se niegan a responder a preguntas de AUGC”.

En este sentido, han remarcado que “la intención es que se investiguen y aclaren todas las actuaciones llevadas a cabo durante años en el negociado que se encarga de los contratos públicos y las obras de la Guardia Civil en la provincia, así como que se depuren las responsabilidades a todos los niveles, afecten a quien afecten”.

“Vamos a seguir luchando contra la corrupción y a velar por la integridad de la institución y especialmente por los guardias civiles, que en su gran mayoría sirven con honradez y profesionalidad a los ciudadanos, muchas veces en condiciones precarias e incluso poniendo en riesgo su seguridad y sus propias vidas”, han subrayado.

Desde el Instituto Armado han explicado, según ha avanzado el citado periódico, que todavía no se les ha comunicado oficialmente esta decisión, pero en cualquier caso creen “en la presunción de inocencia”, a la vez que añaden que respetan “la investigación de la autoridad judicial”.

Inicio del caso

El procedimiento judicial se inició a raíz de una denuncia de la propia Guardia Civil --por un sargento--, que trasladó los hechos a la Fiscalía después de detectar supuestas irregularidades. En septiembre, una interventora se ratificó en su informe ante la jueza y expuso que ella reaccionó, fiscalizando, al observar presuntas infracciones.

Con el coronel ya son diez las personas investigadas en el procedimiento. La justicia trata de esclarecer si existieron sobrecostes y fraccionamientos de contratos, o si se llegaron a abonar servicios no realizados. Así, de los dos millones de euros analizados, más de 500.000 euros corresponden a contratos menores --de cuantías inferiores a 40.000 euros-- y el resto, a anticipos de caja, un concepto que alude a los bienes y suministros excepcionales.

El primer miembro de la Benemérita investigado fue un sargento detenido por el Servicio de Asuntos Internos en marzo de este año. La Comandancia informó entonces de que había sido apartado de sus funciones.