Las quejas al Defensor sobre Dependencia en Córdoba: más de dos años de espera y hasta la muerte sin llegar la prestación
El Informe Anual del Defensor del Pueblo de Andalucía, Jesús Maeztu, correspondiente a 2025, que ha sido presentado este pasado miércoles, tiene en el reconocimiento del derecho y las ayudas a la Dependencia uno de los principales asuntos que copan las quejas que han llegado desde Córdoba hasta este organismo y sobre las que ha tramitado quejas y expedientes ante la institución competente, en este caso la Junta de Andalucía.
En este resumen anual, se señalan distintos casos de quejas llegadas desde la provincia de Córdoba y se denuncia que la espera media de los usuarios de Dependencia supera un plazo de más de dos años desde la solicitud. Además, entre los casos más destacados, hay algunos donde la espera es mayor de tres años sin obtener la resolución y situaciones en las que el usuario llegó a fallecer sin que se le reconociera el grado al que tenía derecho ni se prestara el recurso solicitado.
Sobre este caso, la oficina de Jesús Maeztu, recuerda “como muestra desafortunada, el fallecimiento a finales de 2025 de la vecina de 61 años de edad de una localidad de Córdoba, paciente oncológica, con metástasis cerebrales, pulmonares y abdominales, cuyo hijo nos explicaba que había solicitado el reconocimiento de su dependencia en abril de 2024 y cuyo expediente se vio enredado en los entresijos de la migración de datos, hasta ser valorada en noviembre de 2025, muy poco antes de fallecer sin grado ni recurso”.
Así, el informe del Defensor analiza en un apartado específico cómo el reconocimiento conjunto de la situación de Dependencia y el derecho a la prestación dejan un rastro de retraso y espera para los usuarios y sus familias. En el caso de la provincia cordobesa, pone varios ejemplos, como los casos “de la vecina de Priego de Córdoba que presentó su solicitud en septiembre de 2022 y fue valorada en mayo de 2024, sin tener resolución en enero de 2026” y también “la de Córdoba capital, con procedimiento iniciado en diciembre de 2023 y sin siquiera valorar en enero de 2026”.
“Un plazo superior a dos años desde la solicitud”
En el caso de la solicitud de revisión del grado de Dependencia, el Defensor constata por las quejas recibidas y la información solicitada sobre estas a la administración que, en la provincia de Córdoba “de los informes extraemos un plazo aproximado superior a dos años desde la solicitud”.
De hecho, durante 2025, las quejas sobre Dependencia supusieron el mayor grupo de denuncias trasladadas al Defensor desde Córdoba: a lo largo del año se gestionaron 252 quejas sobre este ámbito, de las 1.154 totales de todos los temas. Solo en 2025 se inició la tramitación de 898 quejas sobre la Dependencia.
El tiempo de espera superior a dos años se constata también en otras provincias como Sevilla, Málaga, Almería o Cádiz. Y el Defensor advierte, en relación con el conjunto de Andalucía, que “nos enfrentamos a más fallecimientos de andaluces y andaluzas con expedientes inconclusos y con la impotencia y la indignación de sus familias”.
El Defensor recuerda que el procedimiento dirigido al reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a sus prestaciones en Andalucía está sujeto a un plazo de tramitación ordinaria máximo de seis meses, dentro del cual la resolución que le ponga término habrá de haber sido dictada y notificada a la parte peticionaria.
El informe pone de manifiesto los cambios normativos que se han llevado a cabo en los últimos tiempos como el reconocimiento conjunto de la situación de dependencia y del derecho a prestación. Pero el Defensor indica que “este cambio trascendental -cuyo objetivo es la simplificación procedimental- ha supuesto que, junto a los procedimientos iniciados a partir del 16 de marzo de 2024, que siguen la dinámica descrita, coexistan los expedientes incoados previamente a dicha fecha con arreglo al proceder derogado que, o bien se acomodan a la nueva regulación de procedimiento único si la valoración aún no se había realizado, o bien habiendo recaído resolución de grado, continúan su tramitación con el procedimiento dirigido a que los Servicios Sociales Comunitarios efectúen la propuesta de PIA y/o a que se emita la resolución aprobando el recurso si ya había sido propuesto”.
Los procedimientos, además, se han visto afectados por un proceso de “migración de datos” a un aplicativo informático de gestión unificada, que no cuenta con pleno desarrollo y no permite realizar todas las gestiones, generando diferentes incidencias. “Las manifestaciones de los andaluces y andaluzas nos trasladan miles de testimonios de impotencia, como muestra fidedigna de lo que también reconocen desde la Administración autonómica”, concluye sobre este aspecto, con los informes emitidos al respecto.
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