REPORTAJE

Menores en desamparo por el colapso en el sistema de protección

Los trabajadores del servicio de Protección de Menores, organismo público que ampara a los niños ante situaciones de maltrato, se encuentra desbordados por el aumento de casos y la falta de personal especializado que les ofrezca una medida de protección. Es la realidad que cuentan los coordinadores de los departamentos de Protección de Menores en Córdoba en una entrevista con Cordópolis.

Los funcionarios del Sistema de Protección de la Infancia paralizan temporalmente su jornada los viernes a las 10:00 para reclamar a la Junta de Andalucía un aumento de la plantilla. El coordinador del departamento de acogimiento familiar y adopción, José Manuel Anguita, destaca que “la preocupación y la angustia que tenemos es que, al no hacer bien nuestro trabajo, porque no tenemos los medios, se vulneran los derechos de los niños”.

Por su parte, la coordinadora del departamento de centros, Pilar Pérez, señala que ante la falta de personal solo se atienden los casos más urgentes, es decir, los niños más pequeños en situación de riesgo. “Cuando se intervienen casos con niños mayores, vienen muy tocados. Cada vez son más los que ingresan con problemas de salud mental debido a que llevan mucho en el medio porque no damos abasto”.

Estos coordinadores han dado un paso al frente en nombre de todos los trabajadores afectados por esta carga de trabajo, según han explicado. Coinciden en que su función es proteger al menor y poder devolverlo con su familia, aunque la realidad es que “hay más de 160 niños con una situación valorada como grave, que no estamos interviniendo. Eso es muy doloroso”, insiste Anguita.

Un problema desde hace años

“Desde diciembre de 2019 hemos perdido siete trabajadores, lo que ha significado una merma en la calidad de la atención, los seguimientos, las intervenciones, además de una mayor tardanza en la valoración de idoneidad de las familias”, explica Anguita.

Por su parte, el coordinador del equipo de menores, José León, menciona que en su departamento la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) determina que debe haber cuatro equipos formados por un trabajador social y un psicólogo cada uno. Sin embargo, tan solo cuentan con dos trabajadores sociales.

“Esto es peligroso porque somos los que recibimos los casos. Con dos personas no podemos llevar los casos que tenemos en espera”, alerta. Además, en este departamento cuentan con un equipo de recepción, donde “tenemos dos licenciados en derecho, algo que nunca antes ha habido”. Esto lo ven como algo positivo puesto que ayuda a manejar la documentación necesaria de los menores y las familias.

Anguita recuerda que en 2002 se reforzó la estructura de intervención a la infancia con “la modificación de la RPT, creación de los equipos de menores y de tratamiento familiar”, en consecuencia, empezó “un procedimiento garantista”. Sin embargo, los tres coordinadores coinciden en que “a partir de 2005 comenzó el declive”.

José León afirma que la “crisis más gorda” ocurrió en 2017, “había una asesora jurídica para todos los departamentos”. Además, el año anterior habían suprimido uno de los equipos de menores, lo que supuso el reparto de esos casos activos a otros equipos. Ante esta situación, realizaron un informe y pusieron en marcha “un plan de choque y dotaron los cuatro equipos, aunque en un año desapareció”. Durante el confinamiento por Covid-19, ocurrió algo similar. “Se perdió el equipo de menores 2 y hubo otra subida de casos”.

Desde entonces hasta ahora las listas de espera se han ido engrosando hasta llegar a más de 160 menores reconocidos en una situación grave que no están siendo protegidos por la administración pública. Además, “los casos activos se han multiplicado desde hace ocho años”, es decir, hay más niños dentro del sistema de protección.

Reclamaciones a la Junta de Andalucía

Anguita reitera que no se trata de “trabajar un minuto menos o cobrar un céntimo más, sino de que haya personal necesario para garantizar los derechos de los niños”. En esta línea, León afirma que “no estamos peleando por cosas egoístas, nos preocupa la salud de los trabajadores y la situación de los niños”.

Con sus reclamaciones ponen el foco en la Junta de Andalucía, “tienen que hacer un análisis crítico de cuál es el sistema que quieren de protección, si quieren un sistema de calidad tienen que repensar cuál es la estructura que le quieren dar y cuál es la dotación mínima que le van a dar”.

“Como mínimo que se cumpla la RPT legalmente establecida, aunque para nosotros está obsoleta debido al incremento de casos”, especifica León. “Reclamamos recursos” añade Anguita, “queremos que la ciudadanía y los responsables políticos conozcan la situación y den prioridad”.

Personal motivado que abandona

Los trabajadores confirman que esta “sobrecarga” de trabajo repercute en su salud mental y física. “Hay gente que padece de hipertensión emocional, ansiedad o no duermen. Se han dado casos de bajas por depresión”, lamenta el coordinador.

“A mí me duele el tener un trabajo tan delicado y no tener los medios para dar respuesta”, incide Anguita. “Si yo me retraso en valorar familias acogedoras, significa que ese niño sigue en un centro porque no tengo los medios para hacerlo de forma ágil. Estamos lesionando sus derechos”.

Otra consecuencia de esto es la pérdida de “profesionales con mucho conocimiento y con una capacidad de trabajo impecable”. “Cada vez que sale una plaza convocada, se van”, manifiesta León. Mientras, por su parte, Anguita lamenta que “los compañeros que están fuera no quieren venirse aquí porque conocen nuestra situación”.