SENDEROS PÚBLICOS

A Desalambrar culpa al Ayuntamiento de “dejación de funciones” por no actuar ante el cierre de caminos públicos

A Desalambrar denunció el cierre del camino público de El Bañuelo

La Plataforma A Desalambrar -con dos décadas de trayectoria en la defensa de los caminos públicos y vías pecuarias de Córdoba-, ha culpado al Ayuntamiento de la capital de “dejación de funciones” por no actuar ante el cierre de caminos públicos como el de El Bañuelo. La plataforma ha reaccionado así después de que la Audiencia Provincial de Córdoba haya revocado la absolución dictada sobre uno de sus integrantes y expresidente, Manuel Trujillo, y lo haya condenado ahora a una multa por un delito leve de daños por cortar unos alam

Dos cancelas, dos denuncias y dos juicios: historia del cierre de un camino público

Dos cancelas, dos denuncias y dos juicios: historia del cierre de un camino público

bres para denunciar el cierre de este camino público, en una sentencia en la que conmina al Ayuntamiento a actuar y deslindar este sendero público.

A Desalambrar considera que las dos sentencias avanzadas por Cordópolis -la condena a Trujillo por daños al cortar unos alambres y la absolución del propietario de la finca que atraviesa el camino de El Bañuelo que cerró con una cancela este sendero incluido como el número 27 en el Inventario Municipal de Caminos, “van en la misma línea, ya que ambos jueces resaltan que no es A Desalambrar quien tiene que estar peleando contra los propietarios que cierran los caminos sino que la culpa de que estén cerrados, y quien debe abrirlos, es el Ayuntamiento”.

Según han señalado a este periódico desde la plataforma, culpan al Consistorio como “responsable también, por tanto, de que tengamos que cargar con la multa que se ha impuesto, que supera los 500 euros, de la cual culpamos directamente al alcalde -José María Bellido- , y a los concejales de Urbanismo -Salvador Fuentes- e Infraestructuras -Antonio Álvarez-, que son los que deben solucionar este asunto de forma inmediata, cosa que no han hecho a pesar de que repetidamente lo han prometido”. “El Ayuntamiento es el verdadero responsable de estas situaciones”, denuncian.

Este miércoles se conocía que la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Córdoba ha revocado la absolución en primera instancia de Manuel Trujillo, activista integrante de la plataforma A Desalambrar de Córdoba que fue juzgado por cortar unos alambres de espino como “gesto simbólico” contra el cierre del camino público de El Bañuelo. Ahora, tras el recurso interpuesto por la propiedad de la finca que cruza dicho camino, la Audiencia ha condenado a Trujillo “como autor de un delito leve de daños”.

En la sentencia de la Audiencia, a la que ha tenido acceso este medio, se condena al activista a una multa de un mes con cuota diaria de diez euros y a indemnizar al propietario de la finca que puso la valla cerrando el tránsito por el camino con 221,36 euros.

Los hechos juzgados se remontaban a abril de 2021, cuando tuvo lugar en Córdoba una marcha reivindicativa para denunciar que el camino público de El Bañuelo -del que aparecen referencias históricas desde el siglo XV, está catalogado desde 1884 y se incluye en el actual Inventario Municipal de Caminos de la capital-, había sido cerrado al paso con una cancela y un candado por el propietario de la finca que atraviesa. En dicha marcha, Manuel Trujillo cortó unos alambres de espino como “gesto simbólico” contra el cierre del camino público. Y se sentó en el banquillo acusado por la propiedad de un delito de daños y otro de coacciones, de los que quedó absuelto en primera instancia.

Aquel día, la marcha reivindicativa contó con la presencia de medios de comunicación para difundir la protesta por el cierre del camino público de El Bañuelo. Y precisamente, son las imágenes tomadas por los medios en la que se ve al activista cortando los alambres de espino, la principal prueba que esgrimía la propiedad de la finca como acusación. Mientras, la defensa, siempre ha argumentado que se trataba de un gesto simbólico y que la protesta iba dirigida principalmente hacia el Ayuntamiento de Córdoba, como administración que debe velar por que se garantice el tránsito por los caminos públicos del municipio.

A esta condena, se suma una segunda sentencia conocida en septiembre, tras el juicio celebrado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba por un delito leve de usurpación de inmueble contra la propiedad de la finca, por instalar una segunda cancela que impedía el tránsito por el camino que figura en el inventario municipal de senderos públicos. El fallo del juez absuelve al propietario de la finca de los hechos por los que fue enjuiciado.

Y apunta como argumentos que “el Inventario no tiene efecto declarativo, tiene un valor indiciario de la existencia del camino” y que el Ayuntamiento no ha deslindado este camino público. Sobre este punto, conmina al Ayuntamiento a que actúe: “Lo conveniente sería que el Ayuntamiento procediera a la tramitación de los expedientes administrativos que la normativa patrimonial le faculta con objeto de clarificar y depurar tanto física como jurídicamente los bienes en conflicto, ello con el fin de evitar, en la medida de lo posible, las acciones judiciales tanto de los particulares afectados como de la propia corporación municipal en relación con la posesión y titularidad de tales bienes”.

“Nos quieren acallar y eso no va a ocurrir”

Con todo, la Plataforma A Desalambrar fue objeto este pasado domingo de la vandalización de cuatro de los vehículos de sus integrantes, desplazados a una ruta en Trassierra, hechos que han sido denunciados ante la Guardia Civil, por cada uno de los propietarios de los vehículos y con una quinta denuncia colectiva por parte de la propia plataforma como afectada.

Para pagar los daños en los vehículos -“provocados por algunas personas que nos quieren acallar, lo cual no va a ocurrir”, advierten-, así como sufragar la multa impuesta a Manuel Trujillo por cortar los alambres en el cierre del camino de El Bañuelo, A Desalambrar abrirá un crowdfunding “para demostrar la solidaridad de los ciudadanos de Córdoba” y sumar el dinero necesario para abonar dichos gastos.

IU exige que los caminos públicos se recuperen para la ciudadanía

La Red de Medio Ambiente de IU Córdoba y la dirección provincial han manifestado su “total y absoluto apoyo” a Manuel Trujillo, el activista de la Plataforma A Desalambrar que ha sido condenado por cortar la valla que mantenía cerrado el camino público del Bañuelo. Trujillo, que en primera instancia había sido absuelto por considerar la autoridad judicial que la acción había sido un “acto simbólico”, ha sido condenado ahora, después de que la propiedad de la finca que cruza el camino recurriera la primera sentencia. 

En un comunicado, el responsable de la Red de Medio Ambiente, Juan Felipe Flores, ha lamentado que activistas y plataformas como A Desalambrar estén “pagando las consecuencias de la inacción de las administraciones públicas que deberían garantizar el uso y disfrute de los caminos públicos por parte de la ciudadanía”. 

En este sentido, ha defendido que “en la primera fase del juicio quedó probado que la intención de Trujillo no era la de causar daño a una propiedad privada, sino que la acción pretendía llamar la atención sobre la injusticia que representa que un camino público como el del Bañuelo se encuentre cerrado por decisión exclusiva de un particular y sobre la necesidad de que la autoridad competente, en este caso el Ayuntamiento de Córdoba, actuara para evitar este agravio y recuperar esta vía para el uso ciudadano y el libre tránsito”. 

Por todo ello, desde IU Córdoba han mostrado su solidaridad con Trujillo y con la Plataforma A Desalambrar, y ha reiterado su exigencia de que “todo patrimonio público, empezando por el natural y medioambiental, se garantice para el disfrute de la ciudadanía”. Para ello, “son las administraciones públicas las que deben velar por este derecho”, y las consecuencias de esta inacción son “situaciones como la que están viviendo este activista y organizaciones como A Desalambrar que llevan años peleando contra injusticias ante las que el Ayuntamiento de Córdoba o la Junta de Andalucía han mirado sistemáticamente hacia otro lado”.

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