El PSOE reclama derogar la ley de reforma de la administración local
Antonio Hurtado asegura que la normativa es “retrógrada y trata de poner freno a la democrática implicación de los ayuntamientos en el progreso y bienestar de sus vecinos”
El PSOE de Córdoba se ha comprometido a reivindicar en el Congreso de los Diputados el compromiso de las fuerzas políticas del cambio para derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El diputado socialista Antonio Hurtado ha señalado que esta ley, impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, es “retrógrada y trata de poner freno a la democrática implicación de los ayuntamientos en el progreso y bienestar de sus vecinos”, según ha informado el PSOE a través de una nota de prensa.
En su opinión, esta norma, impuesta por la mayoría absoluta del PP en la anterior legislatura, ha tratado a los ayuntamientos como “instituciones que derrochan fondos públicos dedicándolos a competencias impropias”. Según Hurtado “nada más lejos de la realidad, puesto que los ayuntamientos como las administraciones más cercanas al ciudadano, son las más saneadas, las que más esfuerzo inversor han hecho y las que atienden las necesidades más urgentes de sus vecinos”.
El diputado socialista ha destacado que en la última Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, los datos aportados en el expediente de fiscalización sobre el sector público local ponen de manifiesto que el sector público local gestiona unos 50.000 millones de euros, el 5% del PIB, está saneado con un resultado económico y patrimonial positivo de 5.700 millones de euros y tiene un bajo nivel de endeudamiento a corto y largo plazo del 28% de sus ingresos ordinarios.
Según Hurtado, a pesar de ello, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ha supuesto “un fuerte corsé” para los ayuntamientos, muchos de ellos con superávits presupuestarios y dinero en sus cuentas bancarias que no han podido ser utilizados en planes de empleo, en políticas sociales, ni en inversiones necesarias para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.
El compromiso de todas las fuerzas políticas, excepto el Grupo Parlamentario Popular, ha sido en “esta breve legislatura derogar la ley que pone un corsé a los ayuntamientos, por innecesaria y perjudicial para el avance democrático del sector público local”.
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