Prasa denuncia una estafa de 250 millones al entrar en Metrovacesa

El grupo de José Romero presenta una querella criminal en la Audiencia Nacional contra Joaquín Rivero, al que acusa también de un delito societario y de engañarle desde el año 2007

Las cifras son mareantes. Más de 250 millones de euros. Ésta es la cantidad que le habría estafado Joaquín Rivero a José Romero en el año 2007, cuando la compañía Prasa adquirió el 3% de la que entonces era una de las mayores inmobiliarias de Europa: Metrovacesa, según consta en la querella criminal que la firma cordobesa ha presentado ante la Audiencia Nacional.

La querella criminal, a la que ha accedido este periódico, acusa de tres delitos a Joaquín Rivero, que a principios del siglo XXI fue uno de los hombres de negocios más poderosos de España: delito de falsificación en documento público, delito de estafa y delito societario. El escrito firmado por los abogados de Prasa ha sido remitido al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional para que abra diligencias contra Rivero. Prasa eleva el asunto a este Juzgado porque está investigando, a su vez, una querella presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) después de la intervención del Banco de Valencia. Según Prasa, Rivero le estafó siguiendo el mismo modus operandi a él y al Banco de Valencia con el objetivo de conseguir “liquidez” para hacerse con el control absoluto de Metrovacesa a través de una OPA en el año 2007.

El FROB asegura que Rivero provocó un “desplazamiento patrimonial” en el Banco de Valencia de 312 millones de euros. Los abogados de Prasa calculan que su “desplazamiento patrimonial” fue de 274,8 millones de euros. El objetivo perseguido por Rivero era conseguir dinero para poder pagar los 2.160 millones de euros que le costaría la OPA para hacerse con el control de Metrovacesa.

La querella presentada por Prasa, de 65 folios, es muy exhaustiva y detalla, paso por paso, todos los movimientos de un negocio con el que la inmobiliaria cordobesa quería hacerse un hueco en el mercado internacional, que en las primeras semanas le disparó enormes beneficios (las acciones se dispararon) pero que con el estallido de la crisis económica le provocó unas minusvalías superiores a los 250 millones de euros que a punto han estado de hundir a una empresa familiar que sobrevive con respiración asistida.

Según relatan los abogados de la compañía cordobesa en su querella, Prasa fue “invitada” a comprar parte de las acciones que Mag Import y Alteco tenían de Metrovacesa por un importe de 274 millones de euros. Estas acciones correspondían a dos empresas de Joaquín Rivero. Al día siguiente, el 25 de enero de 2007, Caja Madrid concedió un crédito a Prasa de 274 millones de euros para que adquiriese estas acciones.

“Sin embargo, Rivero tenía otros planes para Prasa”, relata la compañía en su querella. “Él conocía bien Gecina y su estructura de capital por ser filial de Metrovacesa que presidía a la sazón. Sabía que necesitaba el apoyo de Prasa para tener, junto a las acciones de Alteco y Mag Import, el paquete de control en dicha sociedad para tener un gobierno tranquilo y estable de la misma, esencial para procurar los ingresos directos o indirectos a las sociedades instrumentales propias y de Soler, necesarios para cumplir con la obligaciones correlativas al préstamo de los 2160 millones6. Por ello, propuso a Prasa la novación de los contratos firmados el 25 de enero de 2007 con Mag Import y Alteco con el objeto de que Prasa se comprometiera a convertir sus acciones de Metrovacesa en acciones de Gecina en la ya citada OPA de separación”. Para ello, elevó el precio de las acciones que tenía Prasa.

En 2009, y con la crisis golpeando fuerte, Prasa quiso ejecutar una opción que tendía y recuperar el dinero de sus acciones. “En efecto, cuando Prasa comunicó el ejercicio de la acción de venta a Alteco la respuesta de Rivero fue iniciar una aparente y constructiva negociación para buscar una solución a la compra a que estaba obligada alegando carecer Alteco de los fondos necesarios para hacer frente a la totalidad de la obligación en ese momento y a la baja cotización circunstancial de las acciones de Gecina por el efecto de la crisis económica”, relata la querella.

“Para torcer, mediante engaño, la voluntad del presidente de Prasa, Alteco puso en circulación a favor de PRASA 31,5 millones de euros en elementos de pago aplazado (letras y pagares) a cuenta del total de su obligación, unos con fecha de vencimiento junio de 2010 y otros con fecha de vencimiento junio de 2011”, justifica la compañía cordobesa. Pasado el tiempo, “Prasa tuvo que hacer frente a tensiones de tesorería que conllevaron comprometerse en créditos con la entidad Deutsche Bank y, para el cumplimiento de los mismos, endosó algunas letras y pagarés emitidos por Rivero. Al momento del vencimiento de los mismos Alteco no atendió su pago y Rivero traslado a Deutsche Bank que no asumía el pago de estos documentos argumentando la falsedad de la firma de los mismos”, insiste la querella.

Por todo ello, Prasa exige a la Audiencia Nacional que llame a declarar a Joaquín Rivero en calidad de imputado. También reclama las testificales de seis personas relacionadas con las distintas operaciones de compra venta, una prueba pericial, intensas pruebas documentales y que se declare responsable civil subsidiario a la empresa de Joaquín Rivero.