Los policías de Torreblanca niegan que manipulasen los expedientes

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La Fiscalía solicita para los cuatro acusados tres años y nueve meses de prisión y multa de 5.400 euros e inhabilitación especial por cuatro años

Dos policías locales de Córdoba adscritos al servicio de Medio Ambiente que controla el cumplimiento de la normativa urbanística son juzgados desde este miércoles por construir ilegalmente un chalet en un parcelación irregular conocida como Torreblanca. En el banquillo de los acusados se sientan otros dos agentes del mismo cuerpo a los que el Ministerio Público acusa de haber hecho la vista gorda y no haber iniciado expediente alguna de infracción. Los cuatro están acusados de un presunto delito de falsedad cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. La Fiscalía solicita para cada uno de los cuatro presuntos implicados tres años y nueve meses de prisión y multa de 5.400 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo durante cuatro años.

El matrimonio de policías inició la construcción de la vivienda en el verano de 2007. En septiembre una pareja de policías locales descubrieron la obra ilegal. Según la Fiscalía, "con la finalidad de evitar la responsabilidad de aquellos", los agentes no iniciaron expediente alguno de disciplina urbanística en el registro informático hasta que se descubrió que el asunto iba a salir publicado en la prensa, en enero de 2008. Esta demora ha centrado buena parte de la primera vista del juicio. Uno de los policías locales que descubrió la obra ilegal señaló que el matrimonio no se mostró colaborador. Su compañero excusó la tardanza en que se encontraban realizando un curso intensivo que les ocupaba buena parte de la jornada laboral, junto a la falta de medios del servicio: "Nos peleábamos por tener un ordenador", llegó a decir.

El Acta de Inspección (nombre técnico del expediente abierto por la Policía Local) no se cumplimentó hasta que el 11 de enero el matrimonio de agentes que había construido ilegalmente recibió la llamada de un periodista advirtiéndoles de que iba a contar la historia en la prensa y señalándoles la irregularidad de que la infracción estuviese bloqueada y no no se hubiese elevado a la Gerencia Municipal de Urbanismo. La Fiscalía sostiene que "con la finalidad de dar cobertura legal a su actuación y evitar cualquier tipo de responsabilidad por razón de su cargo, unos por haber iniciado la construcción sin haber obtenido la obligada licencia, y los otros al no haber cumplimentado ni iniciado expediente alguno, convinieron de común acuerdo manipular un expediente ya registrado".

Este hecho ha sido negado por los acusados. La mujer del matrimonio ha reconocido que, asustada por la llamada del periodista, fue a la comisaría de la Policía Local para acelerar el cumplimiento del expediente y enviarlo a la Gerencia Municipal de Urbanismo. Para ello, señala que usó una plantilla ya existente que se usa facilitar el trabajo, pero dijo que no manipuló un documento anterior. Ella misma afirma que corrigió algunos datos del documento.

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