A pesar de salir absuelta por ocupar una casa de la Junta, una pareja sigue abocada al desahucio

A finales del pasado mes de noviembre dos familias cordobesas de la barriada de Las Moreras se enfrentaron a un juicio penal derivado de una denuncia de AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía-Junta de Andalucía). El motivo de dicha denuncia fue que estas familias, con menores de edad a su cargo, residían en un local propiedad de dicha agencia que llevaba años abandonado sin uso de ningún tipo.

Hace pocos días se ha conocido la sentencia sobre este caso, por la cual se absolvía a las dos familias al apreciar el juzgado que concurría una situación de estado de necesidad grave que justificaba la actuación de las mismas. La resolución judicial respalda el planteamiento sostenido por estos vecinos cordobeses y por la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Es decir, que se trata de un problema de carácter social que requiere soluciones igualmente sociales. “Algo muy alejado de la opción de la vía penal elegida por AVRA”, sostiene APDHA en una nota de prensa.

Sin embargo, la sentencia da a las familias un breve plazo de tres días para desalojar el local. Por ello, los afectados van a interponer un recurso ya que vuelven a sufrir el riesgo de terminar en la calle sin poder atender sus necesidades de vivienda ni siquiera de forma precaria. Por lo anterior, la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) solicita a AVRA, como titular del parque de viviendas sociales, “que se abstenga en el futuro de recurrir a este tipo de instrumentos de carácter represivo frente a los ciudadanos cordobeses en riesgo de exclusión, que tan solo intentan ejercer su derecho a una vivienda digna con los escasos recursos que poseen”.

En sentido contrario, señala APDHA, AVRA “debe activar los recursos sociales necesarios, en coordinación con el resto de administraciones autonómicas y locales competentes en la materia, para que el citado derecho sea una realidad para toda la ciudadanía cordobesa”.