Podemos mantiene que la Fundación Guadalquivir supuestamente “extorsionaba” a trabajadores

El parlamentario andaluz de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe ha ratificado este jueves ante la juez la denuncia sobre el supuesto cobro de mordidas a desempleados con cargo a los contratos de un programa de empleo público que abonaba la Junta de Andalucía en la Fundación Guadalquivir Futuro de Córdoba, en la que “la figura presuntamente delictiva es clara en el sentido de que estaban extorsionando a trabajadores”.

Así lo ha manifestado a los periodistas a la salida del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, donde ha comparecido en calidad de testigo, junto a un asesor fiscal, también como testigo, y el vicepresidente de la Fundación Guadalquivir, en este caso en calidad de investigado, todo ello después de que Podemos presentara una ampliación de su denuncia.

En este sentido, Yagüe ha realizado “algunos aspectos de comprobación de la documental aportada”, a la que, como parlamentario, han accedido con “los expedientes de la Consejería de Empleo y confirman que hay unos hechos que los trabajadores comunicaron en sus peticiones de ayuda para que se interpusiera denuncia porque constituyen simples mordidas en los salarios que se pagaban con las subvenciones públicas”.

Según ha indicado, “en la ampliación de denuncia se relacionaban más hechos y más sociedades”, y se apuntaba, “porque no había pruebas, pero se intuía la posibilidad de que hubiera más asociaciones o entidades jurídicas que funcionaban de la misma forma en Córdoba y en relación a la Consejería de Empleo”.

Por ello, Podemos ha pedido en el Parlamento que “se facilite toda la documentación de los planes de empleo 2015 y 2016”, con el fin de “ver si realmente las sospechas que hay se confirman”, a lo que ha añadido que “es una documentación que tiene que aparecer, porque son expedientes de concesión de subvenciones y no se pueden negar”.

Igualmente, ha explicado que parte de los trabajadores “tenían miedo” a denunciar los hechos y ha advertido de que “se utilizaba a los trabajadores para cosas distintas a su labor, como ir a mítines del PSOE, limpiar casas particulares y no espacios públicos ni locales”, entre otros aspectos que ha señalado, para mantener que “se utilizaba a las personas más allá de los fines estrictamente contractuales y laborales”.

ASESOR Y VICEPRESIDENTE

Mientras, un asesor fiscal de la fundación ha dicho que no ha visto “cosas raras”, pero no ha descartado que haya habido “algunas equivocaciones en la gestión”, según fuentes judiciales, aunque no le consta que haya habido mordidas, ni que haya habido enriquecimiento ilícito, según las fuentes.

Además, ha comentado que “normalmente” la persona que llevaba a la asesoría “los papeles sin ordenar” era el vicepresidente, pero el asesor también tenía contacto con la presidenta, según las fuentes, que han añadido que en su testimonio ha manifestado que “se limitaba a pasar apuntes de las cuentas” de la entidad.

Por su parte, el vicepresidente de la Fundación Guadalquivir Futuro ha realizado una declaración “muy contradictoria”, según las fuentes, que han puntualizado que él ha dimitido “hace tiempo” y que “no tenía constancia de mordidas, pero sí de donaciones voluntarias”, todo ello sin hacer mención a otros investigados, a excepción de la presidenta, Ángeles Muñoz, según las fuentes.

En este caso, la presidenta de la entidad negó ante la juez a principios de marzo las acusaciones que se recogen en la denuncia del grupo parlamentario, de tal modo que manifestó a los periodistas que “donde no hay, no hay”, y aseveró que fue “bien” la declaración, al tiempo que subrayó que “Podemos lo único que ha presentado han sido los recortes de prensa”.

Igualmente, han declarado el ex secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) en la capital cordobesa Cristian Menacho y Alejandra Pérez, quien fuese número dos de las Juventudes Socialistas en la capital, ligados a la Asociación Jóvenes para el Futuro y la Asociación Vecinos Nuevo Guadalquivir, y que han negado los hechos, defendiendo que no tienen “ninguna responsabilidad” en la denuncia, según apuntaron fuentes judiciales.

Mientras tanto, el diputado del grupo parlamentario de Podemos por Córdoba, David Moscoso, quien abandonó los juzgados perseguido por numerosas personas del Polígono Guadalquivir pegando gritos de “ladrón, le quitas de comer a los pobres”, ratificó ante la juez la denuncia sobre las supuestas mordidas de los salarios de los empleados y la amplió con “un audio de 45 minutos donde los trabajadores señalan a determinadas personas con cierta vinculación con el PSOE de Córdoba”.

ACTAS DE INSPECCIÓN

También, han puesto a disposición de la juez “un resumen y la demanda para que se ponga en contacto con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para investigar distintas actas de la Inspección de Trabajo, donde se prueba de forma tangible que ha habido mordidas de los salarios de los trabajadores y se han desviado los fondos destinados a la contratación de personal”.

En virtud de la “ingente documentación”, solicitaron a la juez que se amplíe la investigación a un nuevo responsable de la Fundación Guadalquivir, “como parte ejecutora, junto a las otras personas, de los hechos que la propia inspección de la Junta de Andalucía dice en sus actas que son tangibles y están probados”.

Asimismo, Moscoso resaltó su labor de “control y fiscalización en la actividad del Ejecutivo”, de ahí que hayan pedido “numerosos documentos con una relación de todas las ayudas que la Fundación ha tenido desde su existencia por la Junta de Andalucía”, pero “en todo momento se ha negado”, lamentó.

Según indicó el parlamentario, “la mordida en un solo periodo, en un programa y con un grupo de trabajadores es de en torno a 18.000 euros”, pero “solo se han podido estudiar las actas de una parte por la Junta de Andalucía”, si bien “ahora se estudian años precedentes porque puede que sea mucho más”, advirtió el representante de Podemos. El grupo parlamentario considera que unos 30 trabajadores pagaron cantidades que rondan el 20 por ciento de su sueldo durante periodos de seis meses en los años 2015 y 2016.

Como se recordara, el ex secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) en la capital cordobesa Cristian Menacho defendió en enero su inocencia ante dicho juzgado, tras declarar como investigado en su condición de presidente de la Asociación Jóvenes Hacia el Futuro, debido a la denuncia de dos trabajadores en relación al caso de las supuestas mordidas a desempleados.

En concreto, dicha citación se produjo por la citada denuncia de los empleados, que ya han declarado ante la juez que tuvieron que pagar una mordida de 500 euros si querían ocupar el puesto de trabajo que financiaba la Junta mediante un sistema de ayudas finalistas y del que presuntamente se beneficiaron, además de la citada entidad, la Fundación Guadalquivir Futuro y Nuevo Guadalquivir, todas ellas de la zona sur de la capital.

LA INVESTIGACIÓN DE LA JUNTA

Por su parte, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta realizó una investigación a instancias de la Inspección de Trabajo, que elaboró un informe de actuación sobre las tres entidades, en el que concluye que parte de la subvención recibida se ha destinado a un fin diferente al que marca la normativa: sufragar salarios de los trabajadores beneficiados y seguros sociales.

De este modo, el consejero del ramo, José Sánchez Maldonado, explicó que las tres fundaciones han sido sancionadas con un total de 46.251 euros por irregularidades, y tendrán además que reintegrar un total de 304.905,99 euros de las subvenciones a las que se acogieron.