La Córdoba de las piscinas o cómo las parcelas son un retrato de los habitantes de la ciudad

Jorge Dioni publicó el año pasado La España de las piscinas, un ambicioso ensayo sobre el urbanismo en España. Dos años antes, el profesor de Geografía Humana de la Universidad de Córdoba, David López Casado, publicó su tesis doctoral, que tituló La ocupación residencial del suelo no urbanizable: análisis de las parcelaciones ilegales del municipio de Córdoba. Es uno de los escasos estudios que aborda un fenómeno singular (pero no exclusivo) de Córdoba, muy heterogéneo y muy complejo, al que casi siempre se le ha enfrentado con una única visión, a pesar de contar con una multitud de matices. La tesis viene a ser algo así como la Córdoba de las piscinas, un profundo acercamiento a cómo el urbanismo, principalmente irregular, ha acabado modificando a la ciudad como siempre. Y cómo ese urbanismo se parece, también con muchos matices, a los vecinos de esa ciudad. Jorge Dioni sostiene en su libro que “el urbanismo crea ideología”. En Córdoba ha ocurrido lo mismo. El propio David López, en una extensa conversación con este periódico, recuerda cuando el parcelismo fue tan grande que todos los políticos descubrieron que esa gente votaba, y que elegían a muchos concejales en el Ayuntamiento.

David López Casado se enfrenta sin miedo a un fenómeno que lleva dos décadas estudiando. A principios de siglo trabajó en la oficina que creó la Junta en el entorno de Medina Azahara, precisamente para frenar un fenómeno que amenazaba y ahogaba al yacimiento arqueológico. Después, estudió Humanidades y acabó especializándose en la geografía urbana. Y como en una especie de círculo ha acabado firmando una tesis que mira a las parcelas pero sobre todo a quién vive en ellas, cómo se crearon, quién las permitió y cómo se ha ido abordando un enorme problema que a día de hoy no se ha solucionado. “Pasarán otros 20 años y seguiremos hablando de lo mismo”, vaticina y bromea.

Antes de nada, ¿cómo de grande es el parcelismo cordobés? López Casado apunta a que las parcelas ocupan prácticamente el doble de lo que es el actual casco urbano cordobés. Así, si la ciudad se extiende sobre 2.860 hectáreas, se calcula que hay parcelas construidas sobre unas 5.000 hectáreas. Y esto tiene una causa: Córdoba dispone del término municipal más grande de Andalucía para una capital de provincia. Esto explica algo que ya apuntaba, como recuerda López Casado, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 1986, que la ciudad tiene una especie de “proceso metropolitano encubierto”. Es decir, a diferencia de Sevilla, que se queda sin término municipal y sus vecinos se van a otros municipios que son los que disponen de suelo, el de Córdoba es tan gigante que los vecinos del casco urbano que quieren salir del centro e irse a la periferia se quedan en el término municipal (esto también con matices).

El origen

Como detalla Dioni en La España de las piscinas, el origen del parcelismo cordobés está en el concepto de clase media. Dioni cita a un político franquista, José Luis Arrese, el primer ministro de Vivienda al que se le atribuye la frase de “queremos un país de propietarios y no de proletarios”. Al igual que en toda España, las parcelaciones ilegales en Córdoba surgieron a mediados de los años sesenta pero especialmente de los años setenta. La pujante clase media buscaba lugares de recreo y esparcimiento, y abandonar la ciudad. En toda España se optó por la segunda vivienda, el chalet con piscina (para los más pudientes) o la pequeña parcela, para los menos.

En aquellos años en Córdoba había opciones de chalet con piscina, pero eran caras. No todo el mundo podía costearse un chalet en El Brillante, pero sí que las familias comenzaban a tener algo de dinero y de tiempo libre para buscar ese desahogo. El campo (los peroles) siempre estuvieron relacionados con el ocio cordobés, y muchos cordobeses se buscaron esa segunda vivienda en las afueras, donde el suelo era más barato y el presupuesto no se disparaba. Las primeras parcelaciones se hicieron en España (y en Córdoba) al margen del planeamiento urbanístico. En Madrid, por ejemplo, muchas se enderezaron. Donde hubo parcelaciones llegaron los PERI o los actuales PAU, y lo que eran viviendas irregulares acabaron germinando en urbanizaciones. Eso es algo que nunca ocurrió en Córdoba, por muchas razones, pero especialmente porque el planeamiento, según reflexiona David López, no respondió a una demanda: los cordobeses querían tener una segunda vivienda, a un coste razonable y en las afueras, como sucedió en el resto de España.

Las parcelas se parecen a sus moradores

En su tesis, David López diferencia tres tipos de parcelas en Córdoba, también por su ubicación pero por sus singularidades. Por un lado están las de la sierra. En su mayoría (aunque también hay excepciones) son las de una clase media más alta, con más presupuesto y más posibles. Son grandes viviendas, edificios robustos, en lugares idílicos y no exactamente adosados. Después está el piedemonte, una especie de transición, en presupuesto también, hacia el tercer grupo, la vega. En este último están, también con matices y muchas excepciones, las parcelas de una clase media más baja. Muchas son la huerta que tuvo el abuelo en una zona riquísima y de regadío. Los hijos, cuando la heredaron, decidieron que además de regar iban a usar ese agua para llenar sus piscinas. Hoy, en muchos, casos, esas parcelas son la primera residencia de muchos vecinos que no se pueden permitir otra cosa. “La parcela es el chalet del pobre. La gente que tiene recursos se compra el chalet y los que no se compran la parcela. No es disculparlos pero es la realidad”, afirma David López.

El fenómeno, por tanto, se acaba pareciendo a la realidad socieconómica y demográfica de la ciudad, y, como afirma Dioni, acaba por segregar de nuevo a los ciudadanos. Los parcelistas se acaban distribuyendo, y construyendo, por su nivel económico, en muchos casos. E incluso por otros, también con matices, por conceptos más simples. Al final, muchos buscan vivir con sus iguales, con vecinos que se les acaben pareciendo.

“Todos los asentamientos urbanos son el reflejo de la sociedad que vive ahí. De todos los agentes que juegan algún papel sobre esto. Es un mundo muy particular y muy complejo”, explica David López. 

Los años 80

El fenómeno parcelista en Córdoba pasa por varios hitos. En su tesis, David López reivindica el trabajo “de una persona muy poco reconocida”, el abogado Rafael Sarazá, que fue el primer concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento tras el regreso de la democracia, con Julio Anguita en la Alcaldía. López Casado cita un escrito de Sarazá en el que hace ya entonces un diagnóstico del fenómeno: “Es un dossier muy interesante, con recortes de prensa de qué pasaba en el resto de España, y dónde también había problemas. Sarazá diagnostica la situación: una es la Sierra, que es segunda residencia, frente a eso está lo que pasa en La Vega, occidental. Ahí hay personas con su primera vivienda. Ya denuncia que viven en una mala situación y que es intolerable que haya ciudadanos de primera, segunda y tercera. No se puede tratar por igual los que se compran la parcela para la segunda residencia o los que han ocupado un suelo. Hay que tratar de mejorar sus condiciones de vida. Eso, multiplicado por mucho, es lo que está pasando hoy”, afirma López Casado.

El PGOU de 1986 trata de poner coto al fenómeno. Desde entonces, no surgen muchos nuevos ámbitos, aunque se sigue construyendo en los que hay. El 85% de las parcelaciones cordobesas se ha desarrollado entre los años setenta y ochenta. “En esos primeros años la Corporación está preocupada. Se pueden leer los escritos de Teresa Álvarez [posterior concejala de Urbanismo], otro escrito de Herminio Trigo [posterior alcalde de Córdoba]. Hay una preocupación por frenar ese proceso que se está convirtiendo en un problema”. Pero no se resuelve. ¿Porqué?

Leyes para otros lugares que no funcionan en Córdoba

En los años ochenta se intenta arreglar el problema con los medios normativos en la mano. Pero no funciona. David López pone el ejemplo de las Cuevas de Altázar, en Villarrubia. “En el plan de 1986 se clasifica como suelo urbano. Solo estaba pendiente de aprobar un Plan Especial de Reforma Interior (PERI). Hace un par de años se publicó la noticia de que Cuevas de Altázar por fin ha aprobado el proyecto de reparcelación y el de urbanización. Todavía hay que hacer la obra de una urbanización”, explica. Solo después de la obra de urbanización, los dueños del suelo podrán pedir licencia para construir sus viviendas. “Es decir, 30 años para poder desarrollar ese suelo, que es urbano”, se lamenta López Casado.

“No es disculpar a la gente. Pero ahí está el planeamiento y el legislador para ordenar. ¿Qué se hizo? Mirar para otro lado. No hemos sido capaces de luchar contra esto”, afirma tajante. En una especie de la ley de la oferta y la demanda, existía la demanda (la necesidad de una segunda residencia, como en el resto del país) pero la oferta no era la regular, por lo que todos los que pudieron optaron por un urbanismo salvaje, desordenado.

Aún hoy se trata de resolver un problema con instrumentos normativos que no funcionan. Las diferentes leyes del suelo han incidido en que deben ser los propietarios los que lleven la iniciativa, los que desarrollen sus planes, paguen sus servicios y concluyan los trámites. Cuevas de Altázar ha tardado 30 años, y aún tiene pendiente la obra de urbanización. El parcelismo es ahora tan complejo, tan diverso, tan heterogéneo y tan lleno de matices que se antoja muy difícil de resolver. “Si volvemos a hablar de este tema dentro de 20 años más o menos volveremos a decir las mismas cosas”, lamenta David López.

“Propiciar un debate”

Pero propone varias cuestiones, como “propiciar un debate”. El fenómeno es un problema social, político y ahora también medio ambiental. Esas piscinas se llenan en muchos casos con pozos ilegales que a su vez están vaciando acuíferos. Este verano se han secado los Baños de Popea por primera vez en décadas. Muchas parcelas tienen precarios sistemas de evacuación de aguas residuales, que a su vez contaminan acuíferos. Y en muchos casos son primeras residencias de personas que carecen de los servicios más básicos.

David López reclama bajar al terreno, darse una vuelta por las parcelas y conocer a sus vecinos. Recuerda, por ejemplo, ver a dos personas “muy mayores” andar un trecho larguísimo por un camino en no buen estado para llegar hasta un lejano contenedor a tirar la basura. Esas personas dependen del vehículo privado para acudir al médico. En las parcelas no hay centros de salud, apenas comercios, ni un centro cívico de esparcimiento.

“Habría que propiciar el debate entre todos los agentes: parcelistas, ecologistas, promotores, administración. Todas las personas que vean sus intereses comprometidos ahí tienen que preguntarse qué quiere Córdoba hacer con esto”, reflexiona David López Casado. Así, propone “elaborar una normativa propia de tratamiento de las urbanizaciones ilegales. No solo Córdoba, Carmona y Chiclana tienen el mismo problema. Allí han aprobado tres veces el PGOU y tres veces se lo han tumbado”. “Hay que abrir el zoom. Hay que mirar todo. Si es que cruzas el río está Almodóvar, con parcelaciones lindando con Córdoba”, explica.

El problema no es baladí, sino de dimensiones estratosféricas. En toda la provincia Córdoba, por ejemplo, hay un inventario concreto de viviendas construidas de manera irregular y que, por tanto, carecen de papeles: 47.283. Según datos que maneja la propia Junta de Andalucía, la mayor bolsa de parcelas irregulares se localiza entre la Campiña y la Subbética. En total, el gobierno andaluz señala que en estas comarcas hay 16.150 viviendas irregulares (aunque se incluyen algunas de la provincia de Jaén). En segundo lugar, están las comarcas del Valle del Guadiato y Los Pedroches, donde se calculan unas 11.900 viviendas irregulares. En Córdoba capital hay construidas un total 11.017, según la misma fuente.

Más información: https://idus.us.es/handle/11441/89734