La carrera contrarreloj de una urbanización cordobesa construida en plena burbuja para que no le corten la luz

Alrededor de 65 familias residentes en la urbanización Encinares de Alcolea, en Córdoba, se acostaron la noche del miércoles con una amenaza latente: un inminente corte de suministro eléctrico indefinido que ni siquiera les había sido comunicado de forma oficial, y que se suma a casi 20 años de una pesadilla urbanística que parece sacada de un guion de La que se avecina.

Porque Encinares de Alcolea, una urbanización ubicada a unos 15 minutos de Córdoba, en la barriada de Alcolea, tiene muchos ingredientes similares a los de la citada y longeva comedia televisiva: promotora quebrada en plena burbuja, constructora con las obras a medio hacer en concurso de acreedores, bancos que absorben bancos y venden a fondos buitre, y giros kafkianos en las relaciones con la administración pública.

El último, el que ha llevado a que este mismo jueves, decenas de los vecinos de Los Encinares hayan pasado parte de la mañana pegados a una torre de alta tensión y un transformador, que es por donde sospechaban que iban a aparecer los técnicos de Endesa para cortarles la luz de forma indefinida. Una interrupción del suministro que les había sido comunicada en la tarde del miércoles en una reunión con el presidente de la Junta de Compensación, sin darles ni siquiera 24 horas para comprender la gravedad de la situación.

Según la información comunicada a los vecinos, la empresa eléctrica Endesa habría recibido la orden de cortar la luz por parte de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. La razón es que la instalación eléctrica que ha estado en uso durante casi 20 años en esta urbanización ha sido detectada como ilegal y de alta peligrosidad. Lo curioso es que fueron los propios vecinos los que solicitaron la mediación de Industria cuando, a la hora de recepcionar las obras de la instalación eléctrica, Endesa y el constructor no llegaron a un acuerdo.

Los años de la burbuja

Para entender lo que ha ocurrido ahora, hay que remontarse a los años de la crisis inmobiliaria. En aquel entonces, en plena borrachera de construcción y especulación urbanística, una empresa promotora liderada por un conocido notario cordobés ideó la urbanización, formada por centenares de viviendas. Sin embargo, la empresa quebró antes de terminar la totalidad de la promoción, al igual que también acabó quebrando poco después la empresa constructora (Pavincosa), que había dejado parte de las calles y suministros básicos (entre ellos, la luz y el agua) sin rematar, ante los impagos. 

Para entonces, muchos de los propietarios habían comprado a precio de oro. María, por ejemplo, cuenta que compró su casa por unos 290.000 euros, para descubrir poco después que no tenía ni siquiera licencia de primera ocupación, que la luz que le entraba era a través de un sistema provisional, y que el agua aún no era potable.

Hoy, casas como la suya, se venden por precios tres veces inferiores. Con la quiebra, muchas de las viviendas pasaron al Banco Santander, que se las vendió a su vez a un “fondo buitre”, según los vecinos, que no ha aportado grandes ideas para solucionar los problemas que sufrían los residentes y que, solo en los últimos meses -con el anuncio de la llegada de la Base Logística del Ejército de Tierra a unos terrenos cercanos- ha comenzado a moverse y a preocuparse por sus propiedades.

La lucha, en estos casi 20 años, la han llevado a cabo los residentes que, a pesar de todo, siguieron adelante y decidieron vivir en las propiedades que habían comprado. Una lucha que, según reconocen, no comenzó bien. “Uno de los primeros errores que cometimos fue recepcionar las obras sabiendo que no estaban terminadas. Eso se ha visto que fue un error enorme”, cuenta Paco, otro vecino de la zona. Aquella decisión (aceptar las calles afectadas sin terminar la instalación de electricidad con la promesa de que se haría de forma inmediata) es el germen de lo que ha ocurrido ahora, 16 años después.

La mediación de Industria

Porque, tras encargarse la obra -dilatada durante casi una década, autorizada desde Urbanismo y con un coste cercano a los 100.000 euros-, Endesa y el constructor no se pusieron de acuerdo cuando ya estaba prácticamente terminada. La disputa versaba sobre si la obra debía cumplir la normativa actual (fue ejecutada en 2024), según la tesis de Endesa, o la del proyecto anterior de 2003 como anexo, según defendía el arquitecto. En ese momento, ante la imposibilidad de un acuerdo que les permitiera tener un suministro totalmente legalizado y definitivo, los vecinos solicitaron a Industria que mediara en el conflicto.

Sin embargo, al personarse, los técnicos de la Consejería lo que detectaron es que la instalación provisional que daba suministro a las viviendas era “ilegal”, a pesar de haber estado funcionando durante décadas. Y ahora, según les ha transmitido Endesa informalmente -sin ningún documento oficial-, Industria le ha ordenado que corte la luz por el riesgo de peligrosidad. Y todo ello sin haber resuelto qué va a pasar con las obras definitivas, que, todo apunta, se van a tener que volver a licitar y ejecutar de nuevo.

Para los vecinos, el golpe ha sido un knock out. Aunque la mayoría se ha organizado. Mientras una delegación se ha plantado en la Consejería de Industria, otro grupo se ha situado en donde prevén que aparecerán los técnicos de Endesa. Inicialmente, pensaban que iban a aparecera medio día, si bien, en una comunicación posterior, la abogada de los vecinos -que ha reconocido a este periódico que lo que ocurre es “del todo inusual”- ha indicado que Endesa ha manifestado que el corte será “entre los días 14 y 15 de mayo de 2025”.

Finalmente, los técnicos de Endesa han hecho su aparición, aunque la presencia vecinal ha impedido en el turno de mañana que cortaran el suministro. En vista de que la orden está dada, los vecinos han comenzado a organizar turnos para estar apostados durante toda la jornada para así poder evitar la acción de los técnicos de Endesa.

Paralelamente, la entidad de conservación y la comunidad están intentando por todos los medios evitar el corte, aunque, como medida temporal, se ha decidido contratar generadores, algo que ha enfadado a muchos de los vecinos, preocupados por tener que abonar ahora el coste de estos generadores, sumado al gasto de combustible.

En medio de esta “vergüenza”, como la describe una residente, las 65 familias, incluyendo niños y personas mayores, esperan una solución a un problema que no sienten como propio, sino como una consecuencia de décadas de irregularidades y gestiones deficientes. De hecho, en mitad del debate formado en plena calle, ha sido la presidenta de Al-Zahara, Isa Sereno, la que le ha comunicado que el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, estaba al tanto de lo ocurrido y había iniciado gestiones para acordar con Industria y Endesa una solución.

Torrico, consultado por este periódico, ha indicado que, pese a no tener competencias en el asunto, sí que se ha intentado mediar entre todas las partes, buscando una fórmula transitoria que permita a los residentes tener suministro mientras se termina la obra. Sin embargo, el concejal ha reconocido que la pelota está en el tejado de la Junta y de Endesa, y que son ellas las que tienen que determinar si finalmente dejan a oscuras a parte de los vecinos de Encinares de Alcolea, que sumarían de este modo una nueva y kafkiana incidencia en su abultado historial de derrapes urbanísticos.