El hostelero acusado de fraude a la Seguridad Social culpa a la Administración de la quiebra de sus empresas

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este miércoles la primera sesión del juicio a cuatro acusados de defraudar a la Seguridad Social mediante el trasvase de trabajadores entre diferentes empresas. El principal acusado, el hostelero A.V.C.A., ha negado que tuviera intención de engañar a la Tesorería y ha asegurado que la quiebra sucesiva de sus empresas se habría producido por los “impagos” que la Administración tenía contraídos con sus mercantiles. La Fiscalía pide para los cuatro procesados 23 años de prisión y multas millonarias dado que la cuantía total del fraude, según el Ministerio Público, es de 606.615,31 euros para las arcas públicas.

Durante este miércoles han declarado todos los acusados, que son, además del hostelero, su hija -A.C.S.-, un amigo -J.U.N.- y otro empresario -C.L.C.-. Mientras la Fiscalía y la Policía Nacional han sostenido que hubo un plan orquestado para eludir el pago a la Seguridad Social mediante el trasvase de trabajadores, los implicados han rechazado estas tesis.

El primero en declarar ha sido a quien el Ministerio Público señala como el responsable de la trama, para el que pide diez años de prisión y una multa de 1.105.4000 euros. Según su declaración, las deudas de las tres empresas que dirigía no fueron fruto de un ánimo defraudatorio, sino de una situación de quiebra técnica derivada de que la Administración pública le adeudaba 2.189.000 euros. “Pasamos de facturar seis millones de euros a tener un pasivo de dos millones por no haber cobrado”, ha manifestado ante el tribunal. Sobre ello, la abogada de la Seguridad Social le ha recordado que en la fase de instrucción declaró que “no pagaba porque la Administración a cambio del dinero que le debía”. El procesado ha negado tajantemente esa declaración porque, de haberla dicho, estaría “mintiendo”. “Yo nunca he podido usar a la Administración como prestamista del negocio produciendo impagos”, ha insistido.

Además, ha asegurado que “nunca se ha intentado escurrir o evitar el pago siempre que se ha podido”, usando para ello tanto los bienes propios de las empresas como su patrimonio personal en régimen de gananciales. Respecto a la interconexión de sus empresas, ha admitido que los empleados pasaban de una sociedad a otra, pero lo ha justificado como una medida de “supervivencia comercial” para salvar lo que quedaba del negocio cuando las sociedades principales caían.

Por su parte, la hija del empresario, que se enfrenta a tres años de prisión y a una multa de 5.400 euros, se ha desvinculado de la gestión administrativa de las empresas, aunque ha reconocido que una de ellas la creó junto a su hermana “para gestionar herencias de mi abuelo y de mi familia”. Sin embargo, los informes de la Policía Nacional aportados en el juicio contradicen esta versión, ya que de los 24 trabajadores que tenía esta empresa, 22 procederían directamente de las mercantiles deudoras de su padre, suponiendo así un trasvase de más del 90% del personal.

El acusado J.U.N., es un amigo del empresario y se enfrenta a siete años de prisión y el pago de una multa de 1. 105.400 euros. Este hombre, sin tener experiencia en la gestión hostelera, se hizo con una de las empresas implicadas. La mercantil la habría puesto en marcha un sobrino del hostelero que se la acabó vendiendo tras un ofrecimiento del empresario. Justo el día en que el sobrino vendió su participación y J.U.N. se hizo cargo de la sociedad, este firmó un poder a favor de A.V.C.A. para que este último siguiera controlando y manejando la empresa como apoderado.

En su declaración, este hombre ha asegurado que no sabía que estaba en la trama “como testaferro”, aunque lo ha sabido “luego”. Además, ha afirmado que no sabía “nada” de las deudas con la Seguridad Social ni gestionaba la contratación de trabajadores.

Por último, el también empresario C.L.C. ha defendido la independencia de su sociedad, negando ser una empresa continuadora del fraude. No obstante, este acusado -que se enfrenta a la misma pena que la hija del empresario- ha tenido que justificar por qué su mercantil utilizaba el mismo número de teléfono que una de las deudoras, calificándolo como un “descuido” de su etapa anterior como asesor comercial de A.V.C.A. Aunque 32 de sus 45 trabajadores venían del entorno del principal acusado, ha sostenido que los contrató legalmente cuando ya estaban en el paro.

Este miércoles también ha declarado una de las trabajadoras que estuvo bajo las órdenes de A.V.C.A., revelando que solía recibir su sueldo en mano y que cuando la llamaba para trabajar, no sabía qué empresa la contrataba. Tras la quiebra de estas sociedades, pasó a trabajar en la del acusado C.L.C., donde sí firmaba contratos y cobraba por transferencia.

La Policía sostiene que “había una dirección unitaria y un ánimo defraudatorio evidente”

Frente a estas declaraciones, uno de los policías que lideraron la investigación tras la denuncia de la Tesorería ha ratificado que los acusados habrían diseñado un plan para eludir el pago a la Seguridad Social y que la dirección “unitaria” estaba en manos del principal acusado.

Para sustentar esta tesis, la Policía detectó varios indicadores de criminalidad. En primer lugar, “fue imposible localizar bienes embargables a nombre de las sociedades”. En segundo lugar, los acusados “ignoraron sistemáticamente los requerimientos de documentación y las citaciones de la Tesorería, llegando incluso a no facilitar una dirección exacta de su actividad”. Y, en tercer lugar, se detectaron trabajadores “prestando servicios sin haber sido dados de alta previamente en la Seguridad Social”, según constataron las inspecciones de trabajo.

Sobre la entidad matriz de la supuesta trama, el agente ha declarado que “en ningún momento se pidieron aplazamientos” de pago “ni el concurso de acreedores”. Así, en lugar de utilizar estos cauces legales para gestionar la insolvencia de esta empresa, se habría creado el resto de mercantilas con las que se fue haciendo el trasvase de trabajadores para continuar con la misma actividad, pero sin deudas.

El juicio continuará este jueves con las conclusiones definitivas de las partes y sus correspondientes informes.