Condenan a un inspector de la Junta por proponer sexo a una mujer a cambio de ayudas públicas

Un año de prisión y seis de inhabilitación para ejercer como trabajador público para un inspector de la Junta de Andalucía, que ejercía en Córdoba, después de que el Tribunal Supremo ha confirmado que abusó de su trabajo con una joven, a quien propuso mantener relaciones sexuales a cambio de conceder a la madre de esta una ayuda pública.

Según la sentencia a la que ha accedido este periódico, el hombre llevaba poco tiempo en su puesto, que era el de inspector de campo del Servicio de Control e Inspección de Campo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Una de sus funciones era inspeccionar las fincas para las que sus titulares habían pedido unas ayudas económicas. Los hechos se remontan a 2018, cuando el acusado acudió a la finca de la madre de la mujer para realizar una inspección necesaria para la concesión de ayudas agrarias solicitadas por la madre de la víctima.

Durante la jornada, la mujer fue la encargada de acompañar al inspector para facilitarle el trabajo. Esa misma noche, el funcionario, valiéndose de su condición profesional para obtener el contacto de la mujer, inició una conversación de WhatsApp en la que, alejándose de cualquier protocolo profesional, le pidió permiso para tomarse “ciertas confianzas” independientemente de lo laboral. Tras asegurarle que le había caído “superbién”, el funcionario no tardó en interesarse por su vida privada, preguntándole directamente si el hombre que aparecía en su foto de perfil era su novio.

La víctima le dijo que sí, pero que, independientemente de eso, se podían tomar “unas cañas”, a lo que el inspector subió el tono preguntando si podía haber “algo más que eso”. La mujer le respondió con una negativa. En un momento de la conversación, el funcionario utilizó la situación de necesidad de la familia y le recordó a la víctima que ella “había dicho que sería capaz de cualquier cosa con tal de arreglar” el expediente de las ayudas de su madre. Cuando ella intentó bromear de nuevo con la “barra libre de cañas”, el funcionario fue tajante: “Con eso tan solo me quieres convencer... Necesito más”.

La presión continuó cuando el inspector le sugirió, bajo una promesa de absoluta discreción, que “hasta dónde sería capaz de llegar”, recalcando que el asunto quedaría exclusivamente entre los dos. Al recibir de nuevo la negativa de la víctima, quien alegó estar enamorada de su pareja, el acusado llegó a preguntarle si no había tenido “algún desliz” durante su relación y la instó a dejar de escribir para verse en persona.

Finalmente, ante las evasivas de la víctima, el inspector le dijo que “todavía” estaba “a tiempo” de arreglar el expediente y que si le mandaba la ubicación del hotel. La joven le volvió a dar evasivas, respondiéndole el inspector que “se hará lo que se pueda y algo más” y que le perdonara “la tabarra” que le había dado. Según el análisis del móvil, el acusado envió otros dos mensajes que borró rápidamente en los que volvía a insistirle que aún estaba “a tiempo” de acceder a sus pretensiones.

Por estos hechos, en marzo de 2022, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba condenó al hombre a un año de prisión y a seis de inhabilitación. Un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la condena, por lo que el hombre interpuso un recurso ante el Supremo

La Justicia rechaza la defensa de la “broma”

En la respuesta a su escrito, el alto tribunal español ha rechazado los argumentos de la defensa, que pretendía calificar los mensajes como una simple broma o con “propósito jocoso”. En esa línea, la Sala ha subrayado que el delito de abuso de funciones no protege únicamente la libertad sexual, sino fundamentalmente “la integridad y la apariencia de integridad de las funciones públicas”. Según el magistrado ponente, el delito es de “mera actividad”, lo que significa que se consuma con la simple solicitud del favor, sin necesidad de que el acto sexual se consume o de que el funcionario cumpla su promesa de “arreglar” el expediente.

Asimismo, el tribunal ha confirmado que el inspector tenía una capacidad real de influencia en el caso, ya que su identificador personal aparecía en los informes de control que verificaban la admisibilidad de las parcelas para recibir las ayudas públicas. Con este fallo, el condenado ha quedado queda apartado de cualquier cargo público durante los próximos seis años, además de afrontar la pena de un año de cárcel y el pago de las costas del proceso.