El Consejo del Movimiento Ciudadano urge a que se aplique la normativa sobre bajas emisiones

El Consejo del Movimiento Ciudadano ha urgido al Ayuntamiento de Córdoba a que empiece a aplicar en la ciudad la Ley sobre el Cambio Climático que obliga a definir en las ciudades de más de 50.000 habitantes restricciones de tráfico en el centro y barrios de la ciudad generando ZBE (zonas de bajas emisiones), que actualmente ya tienen Madrid y Barcelona.

Según destacan desde el Consejo en una nota, “las zonas de bajas emisiones son una de las medidas más eficaces para limitar los gases de efecto invernadero y otros gases contaminantes”, a lo que añaden que “la definición de las zonas de bajas emisiones debe articularse a partir de las actuales zonas Acire, si bien modificando su sentido”.

“Mientras que las zonas Acire están pensadas para limitar el tráfico por razones de convivencia y de protección del casco, ahora deben caracterizarse por conseguir una reducción radical de los gases contaminantes y de efecto invernadero, por lo que no sólo se debe limitar el tráfico, sino hacerlo específicamente con aquellos vehículos y sistemas de movilidad que generen dichos gases en mayor cantidad”, han defendido.

Al respecto, han apuntado que “si las medidas para afrontar el cambio climático se centraban en las zonas industriales y en la producción energética, ahora han de afectar a la vida del vecindario que debe comprometerse con las medidas contra el cambio climático, adaptando su entorno”.

En este sentido, consideran que “hay que aplicar el sistema de etiquetas para los vehículos que permita su identificación por niveles de afección al medio ambiente y seguir disuadiendo del uso del vehículo privado dentro de la ciudad para dar paso a sistemas de transporte colectivo, para lo que hay que incrementar la red de microbuses en el casco”.

Para el Consejo del Movimiento Ciudadano, “la nueva ordenanza de movilidad sostenible debe incluir la definición de las zonas de bajas emisiones”, así como “seguir trabajando en las peatonalizaciones consensuadas, la compra de vehículos eléctricos, de gas natural o de hidrógeno verde para la flota pública (Aucorsa, Sadeco), la extensión y control de las ciclocalles y la reducción de la velocidad en calles de dos carriles a 30 kilómetros por hora en el carril derecho.