La jueza pide que se investigue la empresa de Andrés Luque

Andrés Luque a la derecha de la imagen | MADERO CUBERO
La magistrada quiere saber si la firma del exdelegado de la Junta en Córdoba “cuenta con los medios materiales y personales precisos” para los trabajos que le encomendó Magtel y si estos finalmente se hicieron

La jueza titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha librado de oficio al Grupo de Medios de Pago de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que investigue a Fisur S. L., la empresa propiedad del exdelegado provincial de la Junta en Córdoba Andrés Luque.

La jueza quiere saber si esta esta empresa, a la que contrató Magtel servicios de asesoramiento en su día, “cuenta con los medios personales y materiales precisos para la elaboración de trabajos” por los importes que facturó a la empresa cordobesa, y si los trabajos mencionados se han realizado o no.

En un informe previo, surgido tras la investigación del caso Aznalcóllar, la Policía Nacional destacó el supuesto papel de Andrés Luque como supuesto “intermediador” entre Magtel y la Junta de Andalucía. La Policía Nacional se centra en la empresa que constituyó Andrés Luque el 8 de octubre de 2008. La empresa se llama Fisur, Análisis y Gestión de Proyectos. Desde el 14 de junio de 2012 es una sociedad unipersonal. Andrés Luque fue delegado de Empleo entre agosto de 2000 y mayo de 2004, delegado provincial de Innovación, Ciencia y Empresa entre noviembre de 2004 y mayo de 2008, y director general de Innovación e Industrias Culturales entre abril de 2010 y junio de 2011.

La UDEF señala que en el ejercicio 2011 Magtel recibió 2,4 millones de euros en subvenciones de la Junta de Andalucía en materia de formación. En noviembre de 2011, Magtel y Fisur, la empresa de Andrés Luque, firmaron un contrato en el que esta última empresa prestaría “servicios de asesoramiento en materia de expansión internacional y planes estratégicos”. Según señala la UDEF, “la duración de estos servicios alcanza un plazo de cinco años, fijándose una remuneración considerable tasada en 10.000 euros mensuales más su correspondiente IVA y retenciones por IRPF”.

La Policía lanza unas sospechas como datos importantes: una, que Luque era cargo público “durante el periodo en que se convocaron y se concedieron las subvenciones a favor de Magtel”; y dos, que “las subvenciones concedidas pertenecen al área de formación para el empleo y son gestionadas por organismos con los que Andrés Luque estuvo vinculado en su etapa como delegado provincial de la Consejería de Empleo en Córdoba”.

Cuando la UDEF culmine el informe solicitado, la jueza tomará una decisión definitiva. O sobreseer todo el caso Magtel o seguir adelante con el procedimiento pero centrado exclusivamente en la relación entre Andrés Luque y esta empresa cordobesa en su etapa de delegado provincial de la Junta.

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