Una jueza ordena investigar todo el patrimonio de Sandokán

La titular del Juzgado de Instrucción número tres atiende una petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado para saber exactamente qué sigue teniendo Rafael Gómez, cuánto vale y cuánto se le puede embargar

La jueza titular del Juzgado de Instrucción número tres de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ordenado  a “una fuente independiente” que investigue y determine qué patrimonio exacto tiene el exconcejal Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán. La jueza atiende así una petición de la Fiscalía Provincial de Córdoba y la Abogacía del Estado en el caso sobre un presunto delito fiscal cometido por Gómez y sus hijos y que está valorado en 70 millones de euros.

Según han confirmado fuentes judiciales a este periódico, el objetivo de esta investigación independiente del patrimonio de Rafael Gómez es saber qué propiedades tiene, cuánto valen y, sobre todo, cuánto dinero que sus empresas dejaron de pagar a Hacienda se puede recuperar en el caso en que sea declarado culpable. Según ha podido saber este periódico, el Juzgado, cuando inició el caso en 2008, trabó embargos por valor de 70 millones de euros en varias propiedades de Rafael Gómez, entre ellas las famosas naves de Arenal 2000 en la antigua fábrica de Colecor, en la carretera de Palma del Río. Las naves siguen siendo a día de hoy y pese al embargo el cuartel general de Rafael Gómez.

Además, la jueza, que ya ha dado por concluida la instrucción del caso a falta de ese informe independiente, ha dictado un auto sobre el que no cabe recurso en el que le ha retirado el pasaporte a Rafael Gómez, que tiene prohibido viajar al extranjero hasta que no se celebre la vista judicial, tal y como adelantó esta semana Diario Córdoba.

Rafael Gómez se enfrenta a una pena de 44 años de cárcel por haber cometido un total de 11 delitos contra la Hacienda Pública. La Fiscalía de Córdoba hizo pública el pasado mes de septiembre su petición de pena para el empresario y exconcejal cordobés por unos hechos que llevan la friolera de seis años en instrucción y que suponen un fraude al fisco de 58,1 millones de euros por parte de las empresas de Gómez, en las que también ocupaban cargos de responsabilidad sus familiares, en concreto su mujer y sus hijos. La mujer ha quedado absuelta de los delitos aunque se considera que participó “a título lucrativo” en los delitos que se le imputan a su familia. No así sus cuatro hijos, que también se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados por los mismos hechos.

En concreto, la pena que el fiscal reclama para sus hijos suma un total de 22 años para cada uno de ellos, por un total de ocho delitos que se les imputan contra la Hacienda Pública. Los familiares del empresario ocupaban cargos de administradores de las empresas y, por lo tanto, son corresponsables de la gestión de las sociedades, cuya evasión de impuestos data, en algunos casos, del ejercicio fiscal 2003. La pena por cada uno de los delitos es de dos años y nueve meses, según la calificación de la Fiscalía.

En principio, Rafael Gómez no podría ser condenado a cumplir más de 12 años de cárcel, según el Código Penal, explicaron fuentes jurídicas. La Fiscalía también solicita a Gómez el pago de una indemnización que es el séxtuplo de lo supuestamente defraudado, que sumaría la astronómica cifra de 348 millones de euros. Sus cuatro hijos estarían condenados a pagar cinco veces lo defraudado, según consta en el escrito de acusación.

En el juicio que se avecina, las fechas van a ser muy importantes, ya que muy posiblemente uno de los argumentos de la defensa va a ser la prescripción de los delitos fiscales, a tenor de lo visto en el farragoso proceso de instrucción que se ha desarrollado en estos años en el juzgado y que ha estado en varias ocasiones amenazado de caducidad y paralizado por los constantes recursos de los letrados del empresario, que finalmente se va a tener que sentar en el banquillo de los acusados con la amenaza, muy real, de tener que ingresar en la cárcel.

UN FRAUDE FISCAL DESDE 2003

Según el auto judicial, adelantado en su día por este medio, varias de las empresas vinculadas a la familia Gómez no abonaron el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) de los años 2003, 2004, 2005 y 2006. Tampoco se pagó el importe del impuesto de sociedades entre los mismos ejercicios, que coinciden con los años de esplendor de las empresas de Rafael Gómez, que fue arrestado en 2006 por el caso Malaya y cuya condena se ratificó el pasado mes de julio por parte del Tribunal Supremo.

En concreto, “la imputación de defraudación a la Hacienda Pública”, que así lo llama el juez, afecta a un total de cuatro empresas de la familia de Rafael Gómez: Arenal 2000, Arenal 2001, Arenal 2000 de Inversiones y Grupo Inversor Arenal 2000.

El auto desgranó en su día el importe concreto de las cantidades supuestamente defraudadas. De esta manera, y en lo que se refiere al impuesto de sociedades, el Grupo Inversor Arenal 2000 no habría abonado 1,03 millones del ejercicio 2004 y 15,4 millones del ejercicio 2006. Arenal 2000 Inversiones debería un total de 5,89 millones por el ejercicio 2005 y Arenal 2000 (que es la que más debe) un total de 3,49 millones del ejercicio 2003, 203.616 euros del ejercicio 2004 y 32,5 millones de euros por el ejercicio 2006. En el caso de Arenal 2001 se adeudarían 884.000 euros del ejercicio 2003, 903.107 euros del ejercicio 2004 y 6,44 millones de euros del ejercicio 2006. El Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez no habría pagado los 390.000 euros correspondientes al ejercicio 2005 y el Grupo Inmobiliario Arenal 2000 debería otros 2,07 millones del año 2006.

En cuanto al IRPF, siempre tomando como base el auto judicial, se detalla que el propio Rafael Gómez debe en concepto de IRPF un total de 211.293 euros en 2003, 844.912 en 2004 y 1,03 millones en 2005. Su mujer, D. S. M., debería también en concepto de IRPF 211.000 euros del año 2003, 857.000 del año 2004 y 803.000 del año 2005. Su hija E. G. S. también aparece en el auto por un débito de IRPF de 129.883 euros del año 2005.

En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, el magistrado estimó que Rafael Gómez debe 740.000 euros del ejercicio 2004 y su mujer 677.000 del mismo año. Por último, se detalla otro débito con la Agencia Tributaria referido al ejercicio 2004 en el que no se habría aplicado retención por IRPF a la sociedad Mezquita Sur de Inversiones (la que construyó las naves de Colecor) por un total de 1,1 millones de euros.

UNO DE LOS MAYORES DEUDORES DE ESPAÑA

Rafael Gómez es, también, una de las personas que más dinero debe a Hacienda de toda España, según el listado que el Ministerio hizo público el pasado mes de diciembre.