La interventora cuestiona otra vez el futuro de Procórdoba

Luis Martín, con el gerente de Procórdoba. Al fondo, el alcalde. | MADERO CUBERO
El Ayuntamiento había decidido disolver la empresa y asumir sus activos y pasivos, pero la interventora dice que se incumpliría la ley y lo que habría que hacer es liquidar

El futuro de la empresa municipal de suelo Procórdoba vuelve a estar en el aire. Un informe de la interventora general del Ayuntamiento de Córdoba para fiscalizar los presupuestos de esta empresa municipal ha vuelto a cuestionar otra vez el futuro de Procórdoba. El Ayuntamiento ya había decidido que lo mejor era disolver la empresa. De hecho, es lo que han aprobado los consejeros de Procórdoba: iniciar el procedimiento. Sin embargo, en un nuevo informe la interventora dice que no puede ser, que Procórdoba tiene que ser liquidada, es decir, no disuelta poco a poco y que el Ayuntamiento asuma los activos (suelos) y los pasivos (deuda) de la firma, sino liquidada, vendida.

Procórdoba nació como una empresa municipal para gestionar los suelos liberados con la aprobación del Plan Renfe. Entonces, se llamó Telfeco (Terrenos Liberados del Ferrocarril de Córdoba). Desde 1996 y hasta el estallido de la crisis inmobiliaria, Procórdoba fue una auténtica máquina de hacer dinero. En estos 17 años de vida, Procórdoba (siempre dependiente del Ayuntamiento) ha llegado a atesorar el mayor patrimonio de suelo de toda la ciudad. Pero ha sido víctima, precisamente, de su éxito. Procórdoba es hoy por hoy inviable financieramente. Si sus suelos valían cerca de 100 millones de euros en 2007 hoy este inmenso patrimonio apenas si vale ya la mitad de entonces. Esta depreciación, unida a unas deudas imposibles de pagar, han forzado la que se ha convertido en la única salida viable para la firma: su disolución.

Los gestores de Procórdoba optaron por la disolución y no por la liquidación por una cuestión: agilidad. Según consta en todos los informes si la firma decidiese acudir a la liquidación para hacer frente a sus deudas (y no cargar con ellas al Ayuntamiento) el proceso podría durar varios años. Los informes coinciden en que hoy por hoy es casi imposible vender a un precio razonable el patrimonio de Procórdoba. Por tanto, encontrar compradores y, sobre todo, dinero para sanear las deudas de la firma se antoja casi imposible. Por eso se opta por la disolución.

La interventora cita la Ley de Bases de Régimen Local, en su disposición novena, para asegurar que la “disolución deberá ser necesariamente con liquidación y nunca mediante procedimiento de cesión global de activos y pasivos”. La interventora insiste en que si es el Ayuntamiento quien va a asumir la deuda de Procórdoba se va a incumplir el plan de estabilidad presupuestaria. “Por todo ello, el informe de esta Intervención General no puede ser favorable, insistiendo de nuevo en el hecho de que de no adoptarse dicha medida con carácter inmediato [la liquidación] se seguirían asumiendo gastos de personal en una sociedad sin actividad alguna con el consiguiente perjuicio económico que ello podría suponer para las arcas municipales”, concluye el documento.

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