La Inspección de Trabajo levanta acta a Glovo en Córdoba por la situación laboral de 217 'riders'

Movimientos relevantes a nivel laboral en Córdoba para el sector de los riders, los repartidores de comida y productos a domicilio a través de aplicaciones. Más concretamente para los de la empresa española Glovo, la primera de este sector en llegar a Córdoba, en junio de 2018, y contra la que la Inspección de Trabajo ha levantado acta.

Según han informado este lunes Rafael Berlanga y Miriam Cristina Gómez, ambos responsables jurídicos del sindicato CNT, la inspección ha abierto un expediente a Glovo por la situación de un total de 217 riders que realizan entregas en la provincia de Córdoba a través de esta aplicación. Berlanga ha explicado que, al igual que ha ocurrido en otras ciudades como Murcia, Madrid y Barcelona, la autoridad laboral ha señalado que los repartidores son en la práctica empleados laborales de la compañía y no trabajadores autónomos y que, por lo tanto, su situación es “irregular”.

Así, según CNT, la Inspección Provincial de Trabajo ha comunicado el alta de oficio en la Seguridad Social, tras realizar las comprobaciones pertinentes, “pasando de esta forma a ser trabajadores por cuenta ajena de Glovo a partir de este momento”. Además, se ha iniciado expediente administrativo sancionador contra la empresa por la contratación de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo.

Fue el sindicato el que interpuso la denuncia ante la inspección de trabajo en el mes de marzo de 2019, si bien Berlanga ha recordado que este organismo puede actuar de oficio, pues tanto el estatuto del trabajador como el convenio de hostelería amparan la relación laboral de estos trabajadores con este tipo de empresa. En Córdoba, además de Glovo, operan otras aplicaciones similares como Deliveroo y Uber Eats, si bien en CNT desconocen cuántos riders puede haber trabajando en la provincia.

Tampoco saben si Glovo va a recurrir la sentencia como ha hecho en otras ciudades ni qué cantidad le reclama la inspección de trabajo en concepto de cuotas atrasadas a la Seguridad Social. En Barcelona, por ejemplo, a esta compañía le reclamó un total de 3.842.602,35 euros en concepto de atrasos por emplear durante un periodo de tres años a un total de 3.573 repartidores como falsos autónomos, aunque la compañía catalana ha impugnado la decisión.

Aprovechando este proceso, el sindicato CNT ha anunciado una campaña con la que quiere fomentar las denuncias anónimas de los riders en la Inspección de Trabajo. El acta de la inspección es un nuevo paso en la regularización de este colectivo en Córdoba, después de que en las últimas semanas hayan entrado en el convenio colectivo de la hostelería tras varios años en una situación de limbo jurídico.