Un pacto por las infraestructuras

Uno de los valores innegables de las democracias es el respeto de los derechos humanos y las libertades individuales. A eso habría que añadir los sistemas de bienestar asociados a ellas, como fuente de legitimación social en la medida en que se extienden al conjunto de la población. En ese sentido, no hay otro sistema político que las supere.

Sin embargo, las democracias tienen un flanco débil. Me refiero a la dificultad de los gobiernos para afrontar desafíos de medio y largo plazo, ya que, atrapados por los ciclos electorales, el horizonte de sus políticas suele ser muy corto. Sin duda que el electoralismo tiene efectos positivos por cuanto se ponen en marcha políticas coyunturales que, sin la presión de las urnas, no se llevarían a cabo. No quiere esto decir que no se planteen asuntos de mayor alcance, pero lo cierto es que, en esos casos, suelen priorizarse aquellas políticas que tienen un impacto directo e inmediato en la opinión pública para así poder ser rentabilizadas electoralmente.

El reverso de todo esto es que las reformas que exigen políticas de medio y largo plazo (como las relativas a las infraestructuras) suelen aplazarse sine die, aunque el diagnóstico de los problemas esté claro. Incluso los gobiernos con suficiente apoyo parlamentario se resisten a afrontar este tipo de reformas (siempre complejas) debido a su escaso rédito electoral y al coste político que pueda suponerles. Sólo acuerdos de estado entre los grandes partidos permitirían abordar estas reformas estructurales sacándolas de la lógica electoralista.

Esta reflexión viene a cuento por los graves sucesos acontecidos en los últimos años en nuestro país, y muy especialmente en las últimas semanas. Tales sucesos han puesto en valor los servicios públicos (UME, hospitales, servicio de bomberos, guardia civil, fuerzas de seguridad…), además de mostrar la solidaridad y cooperación ciudadana. Pero han puesto también ante el espejo las carencias de algunas infraestructuras y la deficiencia de algunas políticas, tanto nacionales, como autonómicas y locales.

Aún afectados por la oleada de borrascas que asola gran parte de nuestro territorio, y sin olvidar el trágico accidente ferroviario de Adamuz o la dana de Valencia, cunde el desánimo en gran parte de la población. A ello se le suma el caos en los trenes de alta velocidad y de cercanía, que, por diversos motivos, están dejando tirados a miles de usuarios. Si a eso unimos el recuerdo de los graves incendios forestales del pasado verano, el desánimo se transforma en indignación al ver cómo se desmoronan algunas de nuestras grandes infraestructuras por falta de la debida prevención y por la insuficiente atención a su mantenimiento.

El problema es que, salvo honrosas excepciones, no se ve intención en nuestros políticos de abordar unos problemas que, al igual que el de la vivienda, afectan a la realidad de la ciudadanía. Enfrascados en inútiles debates parlamentarios y en un tacticismo electoralista, se aparcan las reformas de tipo estructural que serían necesarias para que estas dramáticas situaciones no vuelvan a repetirse.Veamos algunos ejemplos.

Ante un otoño e invierno tan lluviosos, tendremos en verano una masa enorme de vegetación en nuestros montes, que será pasto de las llamas si no se procede a su correspondiente limpieza y desbroce. Cuando cesen las lluvias, será el momento de esas tareas de mantenimiento, pero para eso los servicios forestales deberán estar dotados del equipamiento adecuado y de una estructura profesionalizada, hoy inexistente en muchas Comunidades Autónomas. ¿Se está pensando ya en ello?

Otro ejemplo es el relativo a las zonas inundables. Existen ya estudios técnicos solventes que nos indican qué zonas tienen riesgo elevado de ser inundadas si se produjeran nuevas crecidas de los ríos. Pero la realidad es que no se tienen muy en cuenta esos informes, y se continúa con políticas permisivas de edificación en esas zonas, cuyas consecuencias se pagan cuando llega el temporal. Una política estructural adecuada sería ordenar el territorio evitando edificar en dichas zonas inundables, e incluso no restaurando las casas que han sido afectadas, promoviendo su traslado a otras más seguras. Ese tipo de políticas tiene su coste, tanto económico, como político, pero hay que abordarlas.

Asimismo, y aunque parezca inoportuno señalarlo en estos días tan lluviosos, hay que recordar que España es un país mediterráneo, y que debemos prepararnos para cuando regresen los periodos de sequía. Es una realidad que los pantanos, llenos ahora, pronto se irán vaciando. Por ello, debería utilizarse el actual momento de bonanza para hacer un adecuado mantenimiento y restaurar los desperfectos que puedan observarse, como la colmatación que afecta a algunos de nuestros embalses o las pérdidas en las conducciones.

También habría que afrontar los siempre retrasados planes hidrológicos para facilitar el trasvase entre cuencas y dentro de cada cuenca. Ahora, sin la presión de la escasez de los recursos hídricos, sería un buen momento para abrir ese debate. Pero me temo que, una vez más, una política estructural tan incómoda y necesaria como ésa quedará aparcada por falta de consenso entre los grandes partidos políticos, más preocupados por las próximas contiendas electorales.

Y qué decir de nuestras infraestructuras viarias. El citado accidente de Adamuz ha colmado, no obstante, el vaso de las deficiencias de un sistema de transporte que, hasta ahora, venía siendo nuestro orgullo y un elemento fundamental de la reputación de España en el mundo. Son deficiencias que venían arrastrándose desde hace años, a raíz sobre todo del aumento del número de trenes de alta velocidad en unas infraestructuras viarias de más de treinta años de uso, y necesitadas de un buen sistema de mantenimiento.

Como dice el refranero, “a grandes males, grandes remedios”, pero para aplicarlos se necesita una visión de país, una perspectiva de medio y largo plazo, que sólo es posible aparcando esos grandes temas de la lícita confrontación electoral, como se hizo en el Pacto de Toledo con las pensiones, hoy, por desgracia, finiquitado.

Ahora sería necesario un gran pacto por las infraestructuras. Recursos hay, tanto nacionales como europeos, y siempre queda la vía del endeudamiento. ¿Estarán nuestros políticos a la altura de tan urgente desafío?

De ello depende el apoyo a una democracia que los ciudadanos juzgan cada vez más por sus resultados y menos por los valores que encarna. Asimismo, la falta de respuesta a los grandes problemas del país es la puerta por donde entran los populismos de cualquier signo.