Un juez atiende una demanda de La Liga y ordena a las operadoras que le entreguen los datos de clientes que ven fútbol pirata

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba, Antonio Fuentes Bujalance, ha atendido una demanda presentada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional para identificar a los consumidores de fútbol pirata. El auto, al que ha tenido acceso este periódico y que se firmó el pasado 18 de noviembre, reclama a siete operadoras de internet que aporten los nombres y apellidos, las direcciones electrónicas y postales, y hasta el número de DNI de todos los titulares de direcciones IP en los que se compruebe que se está haciendo consumo de servicios de P2P para ver partidos de la Liga de Fútbol Profesional sin permiso.

El auto atiende la medida de La Liga en la que el juez reconoce que se persigue un objetivo: “habilitar un acceso de información necesaria” para que “en su caso sea la parte solicitante la que decida si interpone o no procedimientos, y contra quien los interpone”. La Liga ha iniciado una auténtica cruzada contra los consumidores de este tipo de servicios. De hecho, ha planteado a los clientes de los bares que retransmitan fútbol pirata una recompensa de 50 euros por denunciar a los propietarios.

El auto también llega en medio de un clima de tensión por la maniobra que la patronal lleva a cabo para frenar la piratería doméstica. Cada fin de semana, cientos de servicios digitales y páginas web sin relación con las retransmisiones ilegales dejan de ser accesibles debido a los bloqueos que LaLiga ordena a los operadores de Telefonía. Estos, realizados con amparo judicial, le permiten tumbar grandes paquetes de datos que circulan por Internet si detecta una web pirata entre ellos.

El juez de Córdoba se declara competente al considerar que el informe que le han presentado los peritos de La Liga señala que es bastante probable que estos presuntos delitos contra la propiedad intelectual se están cometiendo en la provincia. Por tanto, considera que la “diligencia preliminar es adecuada”.

Así, ordena a Vodafone, MasOrange, Orange Espagne, Orange España Virtual, Mas Movil, Digi y Telefónica la entrega de todos los datos de sus clientes identificados con IPs sospechosas de estar viendo el fútbol sin pagar. El magistrado amplía la petición de datos a toda la competición de Liga hasta su finalización, y no a una jornada en concreto, al sostener que los presuntos ilícitos por parte de clientes en concreto no se estarían cometiendo constantemente, sino que hay usuarios que quizás vean un solo partido de vez en cuando, y otros que sí que hacen un consumo habitual del contenido.

Para la entrega de los datos, el magistrado ordena que se facilite “un fichero” a La Liga de manera directa a través de un “canal seguro” y ya sin la necesidad de que las operadoras lo entreguen previamente en sede judicial.

Además, el juez amplía las diligencias y reclama a las operadoras que envíen los datos de las direcciones IPs “detectadas por participar en canales espejo de Ace Strem” conectados con los anteriores. La orden alcanza todos los datos de los clientes entre el 17 de agosto de 2025, que fue cuando arrancó la temporada de Liga, y el 24 de mayo de 2026, que es cuando acaba.

Un juez de Córdoba se declara competente

Tradicionalmente, la justicia se divide por territorios, pero Internet no tiene fronteras claras, según el juez. El magistrado Antonio Fuentes Bujalance utiliza varios argumentos legales para justificar que su juzgado en Córdoba es el lugar adecuado para tratar este caso. El juez señala que el acceso a contenidos deportivos por Internet es “universal” desde el punto de vista territorial. Como se puede ver un partido ilegalmente desde cualquier punto de España, los efectos de esa infracción también se producen en Córdoba.

Además, sostiene que la ley permite que las empresas (personas jurídicas) sean demandadas donde la situación jurídica surta efectos. El juez interpreta de forma moderna el concepto de “ejemplar ilícito”. En lugar de pensar solo en un libro o un DVD físico, el auto defiende que hoy existen “ejemplares virtuales” y soportes audiovisuales que se distribuyen por la red, superando conceptos del pasado.

Por último, sostiene que si un usuario se conecta desde Córdoba para ver la señal ilegal, la infracción se está cometiendo en ese momento desde Córdoba, lo que vincula directamente al juzgado con el hecho.

El magistrado que 'salvó' al Córdoba CF

Antonio Fuentes Bujalance es un juez conocido para el mundo del fútbol profesional. A finales del año 2019 desgajó la unidad productiva de la sociedad anónima deportiva Córdoba Club de Fútbol que estaba en concurso de acreedores y se la vendió a un fondo soberano del reino de Bahréin. Su decisión causó controversia entre los acreedores del Córdoba Club de Fútbol, muchos de los cuales se quedaron sin cobrar sus deudas.

La unidad productiva del club consistía en el nombre y en todos los derechos adquiridos sobre jugadores, el estadio y determinados usos. Se trasladó hasta los derechos sobre el himno. Y a día de hoy se considera a la actual sociedad anónima deportiva, que se llama Unión Futbolística Cordobesa, como heredera del Córdoba Club de Fútbol.

Las dudas jurídicas sobre la decisión del juez llegaron hasta el Tribunal Supremo, que a finales del año pasado le dieron la razón. La Real Federación de Fútbol (RFEF) sí que pugnó por invalidar la decisión y argumentó que no iba a dejar competir al Córdoba Club de Fútbol en Segunda B. Finalmente, lo hizo, ya que había un cabo suelto en su normativa, pero la RFEF la acabó cambiando para que no vuelva a suceder nunca más que un club en apuros económicos utilice un atajo de este tipo como el traslado de la unidad productiva para seguir compitiendo.