El Gobierno se lo piensa con el juzgado de 24 horas en Córdoba

No está descartado, pero empieza a no estar claro. La creación de un juzgado de guardia de 24 horas en Córdoba, solicitada unánimemente por los jueces, por el Consejo General del Poder Judicial y hasta por la Consejería de Justicia de la Junta, está en entredicho. El Gobierno, que es quien tiene la competencia a través del Ministerio de Justicia, se lo está pensando. Y lo hace con un argumento que, con la normativa en la mano, es incontestable: en Córdoba se instruyen cada vez menos asuntos delictivos y los juzgados de Córdoba están disminuyendo de manera significativa su carga de trabajo “cuantitativa”.

A través de una respuesta parlamentaria al diputado de Ciudadanos Marcial Gómez Balsera, el Ministerio de Justicia no descarta crear un juzgado abierto las 24 horas en Córdoba en funciones de guardia, pero por su escrito parece que no es, ni mucho menos, una prioridad.

En la primavera del año pasado, este periódico informó de que el Ministerio de Justicia no podía aprobar la creación de este juzgado de 24 horas ya que nadie se lo había solicitado formalmente. En esa primavera llegó la petición, con un informe del juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja Vallejo, fechado en diciembre del 2017. “La referida ampliación aún se está analizando, pues más allá de la descripción de funciones o tareas que realiza un Juzgado de Instrucción de similares características en funciones de guardia, que incorpora el informe, no parece aportar novedades significativas a las ya estudiadas en peticiones anteriores sobre el mismo asunto”, señala el Ministerio de Justicia en su respuesta parlamentaria al congresista de Ciudadanos.

Así, el Ejecutivo cita al reglamento del Consejo General del Poder Judicial y los tres criterios que llevarían, precisamente, a crear este nuevo juzgado: un aumento en el volumen de asuntos penales tramitados, la población del partido judicial y las características de la organización judicial de la zona en cuestión, en este caso Córdoba capital.

El Ministerio alude al informe de la Unidad Inspectora Penal del Servicio de Inspección del CGPJ sobre la carga de entrada en los Juzgados de Instrucción del partido judicial de Córdoba de abril de este año. El informe sostiene que “en los Juzgados de Instrucción que no tienen atribuida la materia de violencia sobre la mujer y con una capacidad resolutiva de entre el 0,9 y el 1,1, las medias de entrada se han reducido”.

El informe destaca, así, que “la media de entrada de juicios de faltas/delitos leves durante el periodo 2011-2015, que era de 1.221 asuntos, se ha visto reducida en el año 2016 a 583, lo que supone una caída del 52%”. También que “la media de entrada de diligencias previas durante el periodo 2011-2015, que era de 7.093 asuntos, se ha visto reducida en 2016 a 3102, lo que supone una reducción del 56%”.

El Ejecutivo deja la puerta abierta, ya que asegura que esto “no tiene, necesariamente, que traducirse en una menor carga cualitativa, pues la reducción en diligencias previas es en las de autor desconocido que se archivaban en el mismo momento de la incoación y, respecto a la entrada de delitos leves, si bien es menor, son de mayor complejidad que las faltas despenalizadas”.

“En definitiva, el referido informe deja constancia manifiesta de una disminución de la entrada de asuntos, si bien advierte que ello puede no suponer una reducción de la carga de trabajo ante la mayor complejidad de los que entran, es decir, se disminuye la carga cuantitativa, pero no necesariamente la cualitativa, criterio que es compartido, pero que se considera no acreditado suficientemente”, argumenta el Gobierno.

“A la vista del referido informe y de la tabla de cargas, se deduce que la entrada de asuntos está significativamente por debajo del módulo indicativo de carga de entrada: (44,3% en diligencias previas y 69,9 % en delitos leves) y la tendencia es el descenso (se observa una reducción en el porcentaje de entrada con respecto al año 2016 del 3,1%”, insiste. Sin embargo, no descarta la creación de este órgano. “El Gobierno adquirió y mantiene el compromiso de estudiar atenta, detallada y sensiblemente la solicitud”, asegura el Ejecutivo. “El Ministerio de Justicia valora las peticiones referidas anteriormente, y estudia los mecanismos necesarios para dar una respuesta eficaz a las demandas planteadas”, concluye en su respuesta parlamentaria.