El Defensor del Pueblo admite una queja de “afectados” por préstamos de Junta de hace una década

El Defensor del Pueblo español ha acordado requerir información a la Consejería andaluza de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad al admitir a trámite una queja interpuesta por la coordinadora de la denominada Plataforma de Afectados por las Ayudas de Innovación y Desarrollo en Andalucía (AIDA), que representa a autónomos y empresas que se sienten perjudicados por “problemas” que se le han ocasionado “tras la concesión de incentivos --subvenciones y préstamos--” por parte de organismos públicos como la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

Tras acusar recibo el pasado mes de agosto del escrito de queja remitido a instancias de la citada plataforma, el propio Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha informado a la coordinadora de la plataforma --en un escrito con registro de salida el pasado 3 de septiembre-- de la admisión a trámite de su queja “porque reúne los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución, en relación con la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril”, que regula la institución del Defensor del Pueblo, según se detalla en la comunicación de Fernández Marugán, consultada por Europa Press.

De esta manera, el Defensor del Pueblo ha acordado iniciar “actuaciones ante la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía”, e informa a la coordinadora de la plataforma de que, “tan pronto se reciba la información solicitada, se pondrá en su conocimiento, así como las actuaciones que en el caso concreto procedan”.

En concreto, la plataforma detalla en su página web que el origen de esta situación se remonta a “ayudas en formato de subvención para autónomos y préstamos participativos para empresas, algunas de ellas de base tecnológica dentro del programa 'Campus' y 'Atlantis'”, concedidas por parte de la administración andaluza a través de organismos públicos como Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), su entidad de capital riesgo Invercaria y la Consejería de Economía y de Empleo en “los últimos diez años”; en concreto, a partir de 2008, según han apuntado fuentes de la plataforma a Europa Press.

Según se queja la plataforma, “tras los problemas judiciales de la administración con los numerosos casos de corrupción demostrados”, la Junta de Andalucía adoptó como “estrategia” la “reclamación de los fondos concedidos a autónomos y empresas por medio de la no justificación de los proyectos, alargando el proceso y poniendo todas las trabas posibles para dar los mismos por no justificados, y así no seguir aportando los siguientes tramos y reclamar la cantidad concedida con intereses de demora de más del 20%”.

A su vez, según la plataforma --que indica que la problemática se inició a partir de los años 2012-2013--, “esta deuda ha sido transferida a autónomos y empresas generando el embargo de los primeros y el cierre de muchas entidades, con la consecuente destrucción de puestos de trabajo de calidad”, además de que, asimismo, “también está intentando transferir la deuda de las sociedades quebradas a los administradores de las mismas”.

En el marco de este conflicto se han interpuesto, por parte de los miembros de la plataforma, “demandas judiciales frente a la administración”, así como se han anunciado “demandas conjuntas de agrupaciones de empresas y autónomos, así como las reclamaciones individuales para evitar que los autónomos sean embargados y tengan que devolver los fondos con recargo, y las empresas puedan devolver los préstamos según el calendario marcado y sin los abusivos intereses de demora solicitados”.

Desde la Plataforma han indicado a Europa Press que, inicialmente, la queja se remitió primero el pasado mes de mayo al Defensor del Pueblo Andaluz, si bien, al no haber obtenido respuesta “a finales de julio”, decidieron derivarla a la institución a nivel nacional.

No obstante, desde la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz han explicado a la plataforma que, por causas que desconocen, su escrito no se había derivado al área correspondiente de la institución, y le han trasladado su intención de convocarle a una reunión a partir del próximo día 17 de septiembre, según han añadido las mismas fuentes, que han aclarado además que la vía abierta con el Defensor es “independiente” del discurrir de las demandas judiciales iniciadas contra la Administración autonómica por parte de los distintos emprendedores.

La plataforma AIDA se creó para “coordinar las acciones de autónomos y empresas contra la administración andaluza a raíz de los problemas ocasionados a estos tras la concesión de incentivos --subvenciones y préstamos--”, y tiene como objetivo “orientar a los afectados durante el proceso de reclamación de la administración, así como coordinar acciones conjuntas tanto legales como de promoción”.

La plataforma defiende “la necesidad de generar emprendimientos de base tecnológica e incentivarlos y no destruirlos como está ocurriendo en Andalucía”, argumenta que “los autónomos son el auténtico motor de la economía local”, y avisa de que no va a “permitir que la administración actúe contra ellos de manera injusta y abusiva como consecuencia a los errores cometidos por ellos mismos y a sus numerosos casos de corrupción”.