Los centros de trabajo sin medidas anti-Covid se exponen a sanciones de hasta 40.985 euros

El Gobierno ha modificado el decreto de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 para habilitar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que vigilen y sancionen a las empresas y centros de trabajo -públicos o privados- que no cumplan las medidas de seguridad frente a la pandemia en los centros de trabajo.

Así lo refleja el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 7 de julio, en el que el Gobierno permite a estos funcionarios “extender actas de infracción en relación con el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud pública establecidas”.

Es decir, que habrá sanciones que irán desde los 2.046 a los 40.985 euros si no se garantizan medidas como la distancia de seguridad mínima entre trabajadores, y de estos con los clientes; la disposición de material de protección -mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico-; las medidas de ventilación, limpieza y desinfección recomendadas;o la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los turnos, entre otras.

El decreto también se extiende “a los funcionarios habilitados por las comunidades autónomas para realizar funciones técnicas comprobatorias”, es decir, a la inspección de riesgos laborales. Según el texto, el incumplimiento de estas medidas se entenderá siempre como una “infracción grave”, que será sancionable de acuerdo a la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

Y es que, según la normativa vigente, las infracciones graves están estipuladas en tres grados: el mínimo comprende multas que van de 2.046 a 8.195 euros; el medio de 8.196 a 20.490 euros; y el más alto de 20.491 a 40.985 euros. La cuantía de la sanción de penderá, por tanto, del grado de incumplimiento detectado por los funcionarios, así como si la empresa es reincidente.

Pero no solo las empresas estarán sometidas a este control. Los centros de trabajo de administraciones públicas también serán vigilados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y estarán igual de expuestos a sanciones económicas.