El BOE publica las sanciones a 12 exconsejeros de Cajasur

La Audiencia Nacional ratificó en mayo la multa contra los cargos políticos de la entidad intervenida por el Banco de España

El Boletín Oficial del Estado ya ha hecho oficial la multa a los 12 miembros de la cúpula política de Cajasur que dirigió la entidad desde 2005. Este grupo lo conforman los 'civiles', es decir, el grupò de políticos y representantes públicos que completaban un consejo directivo dominado por la Iglesia. El BOE confirma las sanciones que les impuso el Banco de España por las irregularidades detectadas en la gestión de la entidad cordobesa y que en mayo ratificó la Audiencia Nacional. Unas malas prácticas que provocaron que la caja fuese intervenida en mayo de 2010, para luego ser vendida a BBK.

Entre las sanciones confirmadas se encuentra la del vicepresidente ejecutivo de la entidad y representante de la Diputación por el PSOE en la caja, Salvador Blanco, que deberá pagar 56.000 euros; el vicepresidente tercero, Juan Ojeda (PP), multado con 54.000 euros y el exalcalde de Córdoba por IU, Andrés Ocaña, que fue vocal del Consejo de Administración hasta noviembre de 2005 y que deberá pagar 41.000 euros. Los otros nueve vocales, entre los que se encuentra el secretario general del PSOE en Córdoba, Juan Pablo Durán (44.000 euros) están obligados a pagar unas multas de entre 20.000 y 64.000 euros.

A los 12 exconsejeros se les multa por dos infracciones previstas en la ley. Por un lado, la inexistencia de políticas prudentes de financiación y mecanismos de control de la morosidad. Por otro, por la superación de los límites de riesgos establecidos: el 25% de recursos propios en el caso de riesgos contraídos con una misma persona o un grupo económico ajeno a la entidad; y del 20% de los riesgos mantenidos frente a entidades no consolidadas del propio grupo económico. En el caso de Cajasur, buena parte de los riesgos financieros se centraron en el sector inmobiliario.

La mayoría de los sancionados votó a favor de la fusión de Cajasur con la malagueña Unicaja. Esta salida de la crisis fue avalada por el Banco de España pero rechazada en el último minuto por la Iglesia, máxima gestora de la caja cordobesa. Este rechazo provocó la intervención y posterior subasta.