Auttacor defiende en el TSJA la legalidad de la ordenanza del taxi

Los taxistas cordobeses se suman al recurso de Ayuntamiento y Junta de Andalucía

La ordenanza del taxi de Córdoba es compatible con el artículo 38 de la Constitución y el principio de libertad de empresa, según sostiene la Asociación de Autónomos de Autotaxi de Córdoba (Autacor) en un recurso que acaba de presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en respuesta a la demanda de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra catorce disposiciones claves de la regulación municipal aprobada en mayo de 2015, según ha informado el colectivo a través de una nota de prensa.

En su escrito, Autacor afirma que la Junta de Andalucía ostenta plenamente la competencia sobre el transporte, tanto urbano como interurbano, en cuyo marco normativo se desarrolló la ordenanza del taxi actualmente en vigor. La anulación de los catorce artículos impugnados por la CNMC representaría la desaparición del servicio público del taxi tal como lo conocemos ahora y dejaría el sector en manos de multinacionales.

Autacor defiende que esa competencia autonómica regulada en la Ley 2/2003 no está afectada por la Ley de Unidad de Mercado ni por la directiva europea 2006/123/CE en el caso del servicio público de auto taxi. El recurso lo justifica en que se trata de un servicio de “ámbito eminentemente local, sin incidencia directa” sobre la actividad económica general.

En su argumentación, la asociación de taxistas de Córdoba asegura que el Ayuntamiento está facultado para establecer limitaciones al número de licencias que deben operar en su territorio y regular las condiciones del servicio. Las tarifas de taxi tienen un carácter de máximas y no de mínimas, indica el recurso de Autacor, lo que conlleva una garantía para los derechos económicos de los usuarios.

Finalmente, pide al TSJA que no derogue los artículos de la ordenanza municipal de Córdoba porque, en su opinión, cumplen con el principio de jerarquía de las normas y la legalidad vigente. Con su impugnación, la CNMC pretende, en realidad, privatizar un servicio público que repercutirá en la destrucción de pequeños puestos de trabajo de autónomos en beneficio de las multinacionales, según denuncian.