Una metamorfosis en 30 días

Hace un mes, bajo el título “Cuéntame un cuento”, escribí en este blog mi visión personal sobre los Presupuestos Generales del Estado para Córdoba. En dicho artículo, reflexionaba sobre la escasa inversión consignada en los mismos para nuestra provincia, así como sobre los argumentos simplistas esgrimidos por parte de las distintas fuerzas políticas para su crítica o defensa. Ya en aquella ocasión, recordaba que en la arena política hay materias que, con cadencia periódica, pasan a ocupar un lugar relevante en la agenda pública volviendo a suscitar debates que ya considerábamos enterrados o solventados pero que, irremisiblemente, cada doce meses, se repiten como el reflujo de una mala digestión, como aquel cuento que, una y otra vez, nos recitaban cuando éramos pequeños para poder conciliar un rápido y reparador sueño. Si con dicha retórica aludía a los Presupuestos del Gobierno Central, ahora bien puedo emplearla para los del gobierno andaluz.

A lo largo de esta semana, hemos conocido algunos aspectos del Proyecto de Ley por el que se aprueba el Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2013. El rigor derivado de la crisis económica ha determinado la confección del mismo y, al igual que sucedía con su homónimo estatal, la provincia de Córdoba se llevará pocas alegrías. No obstante, la ciudadanía tendrá más complicado determinar hasta dónde llegan los recortes presupuestarios ya que el cogobierno de Griñán y Valderas ha optado nuevamente por no provincializar el estado de gastos. Esta decisión, además de suponer un obstáculo a la transparencia, constituye una vulneración de la propia normativa autonómica; en concreto, de la Orden de 23 de mayo de 2011 por la que se aprueban las normas para la elaboración del Presupuesto para el año 2012 y que, a excepción de su Anexo V, sigue vigente para este ejercicio. Dicha norma establece que los créditos presupuestarios han de clasificarse bajo un criterio funcional, económico y orgánico exigiendo, dentro de este último, la sistematización provincializada de los gastos. En cualquier caso, salvo esta diferencia tan inapropiada para el juego democrático, tanto el texto presupuestario estatal como el andaluz presentan como vector común la consabida austeridad en sus cuentas.

Para quienes aún defienden que los Presupuestos central y autonómico están inspirados por principios distintos, les recuerdo que inversiones como la Ciudad de la Justicia, la Ronda Norte, la Autovía del Olivar o los Centros Hospitalarios de Alta Resolución (CHARE) de Priego de Córdoba y Palma del Río han desaparecido del texto de la Junta de Andalucía para el año próximo, uniéndose así a actuaciones como la Variante Oeste, la ampliación del Aeropuerto, la Biblioteca Pública o las autovías Badajoz-Granada y Córdoba-Toledo que ya habían seguido el mismo camino en los Presupuestos Generales del Estado. Igual sucede, por ejemplo, en otros campos como las políticas sociales y el empleo, en los que el ejecutivo autonómico aún adeuda a los Ayuntamientos andaluces importantes cantidades que no aparecen consignadas en el Proyecto de Presupuestos para el año 2013. Por ejemplo, en el caso de Córdoba capital, el gobierno regional aún no ha ingresado en las ya débiles arcas municipales la cuantía correspondiente a las políticas activas de empleo, la cual asciende a un montante total de 4 millones de euros.

Si el descenso en las inversiones o los recortes practicados en los Presupuestos Generales del Estado fueron rápidamente denunciados por PSOE e IU y férreamente defendidos por los populares, un mes más tarde, cuando toca capear el temporal procedente del Palacio de San Telmo, los papeles se invierten radicalmente, pasando el PP a la ofensiva y los partidos del cogobierno andaluz a defender su proyecto de texto presupuestario. No obstante, el intercambio de roles no ha supuesto una modificación de discursos. Así pues, hemeroteca en mano, podemos comprobar cómo las actuales manifestaciones de Zoido o Nieto coinciden con las realizadas por Griñán, Valderas, Durán o Tejada hace apenas 30 días, y viceversa. Una metamorfosis tan radical en un espacio tan corto de tiempo deja un tufillo que, inevitablemente, incita a incrementar el descrédito y la falta de confianza que el ciudadano ya experimenta hacia la clase política en general. Personalmente, creo que los máximos órganos rectores de las distintas formaciones deberían reflexionar sobre el comportamiento y mensaje de sus dirigentes ya que no soy el único votante que percibe la falta de criterio que late en el seno de los partidos políticos cuyos cargos públicos son capaces de defender una cosa y la contraria en menos de un mes. Con absoluta sinceridad, opino que la energía y tiempo malgastados en dilapidar al contrario bien podrían ser empleados en otros menesteres y, aunque sólo fuera por una vez, sería oportuno un mensaje serio y coherente pues la demagogia es un arma de doble filo que, en los tiempos que vivimos, más allá de minar al oponente, deslegitima la actuación propia.

En definitiva, a modo de conclusión, puedo afirmar que, con carácter general y respecto a los presupuestos en particular, la falta de criterio y la ausencia de rigor en las actuaciones y declaraciones públicas están provocando que la ciudadanía tenga que buscar o idear otros cauces que sean ajenos a la actividad de los partidos políticos. Esta triste realidad está dejando vacío de contenido el artículo 6 de nuestra Constitución, el cual consagra a las formaciones políticas como instrumentos de participación y expresión de la voluntad popular. Si aquéllas siguen incumpliendo tal cometido, nos hallaríamos en la antesala del derrumbe de uno de los principales pilares de nuestro sistema democrático, circunstancia que, ya sea para mejorar, ya para empeorar, acarrearía consecuencias de carácter absolutamente imprevisible.