El elefante en la administración pública

Domingo, 19 de junio. Hoy, los andaluces votan a sus representantes al Parlamento de Andalucía. Hoy, se decide quién tendrá que decidir. Hasta llegar aquí, la campaña electoral se ha llenado, aunque cada vez menos, de promesas, de políticos visitando obras, anunciando proyectos, planificando presupuestos, demandando cosas, echando en falta otras. Pero en estas dos semanas largas de campaña, meses de precampaña y años de gobierno, no he escuchado nada, o no recuerdo al menos, sobre el que es el gran elefante en la habitación de la administración pública española.

Desde que en 2010 Bruselas ordenase apretar las cuentas públicas españolas, cuando el déficit se iba por las nubes y comenzamos a aprender lo que significaba la prima de riesgo, una de las medidas decididas por el Gobierno de Zapatero, primero, y de Rajoy, después, fue la famosa tasa de reposición. Europa entendía que en España sobraban funcionarios y qué manera de recortar el gasto público que no contratar más. El Gobierno aplicó una dieta de adelgazamiento a todas las administraciones públicas españolas por la que por cada diez funcionarios que se jubilaban, pedían excedencia o incluso se daban de baja, solo se podía contratar a uno. Fue un método infalible para reducir el gasto público... y para destrozar servicios.

España es, y ojo que salta la sorpresa, el quinto país europeo con menos empleados públicos por habitante. Según un informe del año 2019, en España hay 161 empleados públicos por cada 1.000 habitantes. ¿Son muchos o pocos? En Reino Unido, incluso después de la Thatcher, hay más: 169. En Francia, son 211 empleados públicos por cada 100.000 habitantes. En Dinamarca son 310. Solo hay menos, pero pocos, en Alemania, 150, Portugal, Italia y Países Bajos.

Según esta politóloga, uno de los grandes problemas que están teniendo todas las administraciones públicas en España, sean del color que sean, tiene que ver con la falta de manos para ejecutar proyectos. Se están devolviendo fondos europeos por encima de nuestras posibilidades por la imposibilidad de ejecutarlos. De eso sabemos en Córdoba (como en toda España). Un ejemplo es lo que ha ocurrido con Regina o el Templo Romano: problemas de manos en contratación que dejan obras que no se pueden ejecutar.

Quizás es otra estrategia de Bruselas: que no se pueda gastar el dinero para ajustar así las cuentas. El Ayuntamiento ha acumulado hasta este año muchos ejercicios con un superávit histórico que lo ha dejado con una deuda por debajo del 75% de su propio presupuesto. ¿Cuántos de ustedes tienen hipoteca? ¿Cuánto le deben al banco? ¿Diez veces lo que ganan al año? ¿Veinte? Pues quizás así se entienda la diferencia.

La falta de personal para ejecutar presupuestos siempre va a dejar mal al político. También está la manía del político de turno de anotarse tantos por encima de sus posibilidades, como si el alcalde, el ministro o el presidente fuese él mismo con la excavadora a abrir una nueva carretera. No, para hacerlo depende de una estructura que tiene que estar engrasada. Si faltan funcionarios, por mucho que se quiera poner un plazo, no se va a cumplir.

Desde hace un tiempo, en el periódico, intentamos huir del titular: “La Ronda Norte de Córdoba entrará en funcionamiento en 2022”. Hace tiempo que comprendimos que el plazo que nos da el consejero de turno en la rueda de prensa organizada no vale nada. Y que en el fondo titular así es mentir. Yo siempre prefiero el: “Fulanito de copas promete que acabará la obra en 2022”.

Tirando de hemeroteca, hoy tendríamos en ese caso una ciudad con playa artificial, un aeropuerto con vuelos comerciales, un tranvía, un Koolhas y hasta una Capitalidad Cultural. Pero si los proyectos descarrilan, si se atascan, si no acaban nunca o ni si quiera empiezan, en muchos casos no es solo por falta de voluntad política, que también. El gran problema es que no hay manos para ejecutarlos.