El mundo al revés

 

"El Ayuntamiento carece de título sobre la Plaza del Triunfo"

(Informe jurídico municipal)

Hasta antes de ayer, teníamos la idea de que los ayuntamientos se dedicaban a defender el interés público. Es decir: que, en representación de los ciudadanos que lo habían elegido democráticamente, ponían todo su empeño en salvaguardar las plazas, las calles, los parques, el patrimonio histórico y, en suma, los bienes comunes. En caso de duda, el alcalde y sus concejales, en uso de sus atribuciones, empleaban todos los medios a su alcance, incluida la vía jurídica, para hacer valer sus derechos. Es decir: el derecho de los ciudadanos a quienes por ley están obligados a representar.

Lo que hemos visto estas semanas a propósito del laberinto de las inmatriculaciones es el mundo al revés. O sea: hemos contemplado a un alcalde poniendo en marcha toda la maquinaria municipal para defender el interés privado en detrimento del bien público. En esa lógica (ilógica), no nos debe sorprender, consecuentemente, que el regidor entregue la asesoría jurídica municipal al servicio del particular que ha inmatriculado una plaza presuntamente pública amparado por una ley presuntamente inconstitucional.

Cuando se le da la vuelta a la realidad como a un calcetín todo se disparata. Y entonces es el Ayuntamiento quien tiene que demostrar que un bien público es suyo y no al contrario. En Alicia y el País de las Maravillas se celebraban los no cumpleaños y las manijas del reloj giraban en sentido contrario. Y aquí, en la Córdoba del siglo XXI, es el señor obispo quien registra la Plaza del Triunfo sin aportar título escrito de dominio y el Ayuntamiento quien le ordena los papeles.

Monseñor tiene derecho a defender sus propiedades. Ahí no tenemos la mínima duda. Pero también la obligación de hacerlo en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano y no por conductos fraudulentos derivados de una ley de 1946 que equipara a los diocesanos con los funcionarios públicos. Ahora bien: que un particular trate de sacar ventaja de un privilegio medieval tiene cierta lógica. Que el Ayuntamiento de todos ustedes ponga la estructura municipal a su servicio es, cuanto menos, un disparate.

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18 de octubre de 2014 - 02:44 h