La gestión integrada de plagas

Ha levantado entre los agricultores

una cierta inquietud y preocupación el nuevo Decreto publicado por el Gobierno, concretamente el Real Decreto 1311/2012, de 14 de Septiembre,

por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, complementado por el Real Decreto 1702/2011, de 18 de Noviembre, de inspecciones periódicas en los equipos de aplicación de productos fitosanitarios.

Según lo estipulado en el primer decreto, los agricultores estarán obligados a cumplir lo estipulado en él, a partir del uno de enero de 2014. La Consejería de Agricultura, también prepara una Orden, para desarrollar este Decreto, así como las diversas directivas Comunitarias que también regulan el uso de los fitosanitarios.

En el borrador, la Consejería, establece las líneas generales, sobre la sanidad de los cultivos y masas forestales, siendo elementos fundamentales en el ámbito de la producción agraria; las plagas y las enfermedades que afectan a los cultivos, pueden llegar a ocasionar graves pérdidas de producción y por tanto reducir la competitividad del sector primario.

Hablan también en el citado preámbulo, “del contexto de globalización en el que estamos inmersos, donde el movimiento de mercancías procedentes de cualquier parte del mundo es una realidad, y establecen que la entrada de nuevas plagas representa un riesgo real de cara a mantener un óptimo estado fitosanitario de los cultivos de nuestra región.”

La verdad es que esta cuestión es muy discutible, pues están entrando por los puertos, toda clase de productos y materias primas, que no se están controlando adecuadamente. Y si a los agricultores españoles, y andaluces, se nos impone por ley, la obligación de usar adecuadamente los productos fitosanitarios,

pues la utilización de tales productos “puede suponer un riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas que, aunque mitigados durante el estricto proceso de autorización, es posible minorar teniendo en cuenta una serie de condicionantes a la hora de su utilización por parte de los agricultores

y silvicultores“.

Así, pues el proyecto de Orden, va a regular la prevención, la lucha contra las plagas, el uso sostenible de productos fitosanitarios y las inspecciones de los equipos para

su aplicación, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por supuesto, será necesario tener por parte de los agricultores el oportuno carné de aplicador de productos, así como la orden de tratamiento, y esto es nuevo, redactada por un asesor técnico, que establecerá en la oportuna “receta” los ingredientes a aplicar.

Dejando de lado la oportunidad actual de esta directiva europea, así como del Decreto y Orden,

cuando precisamente nos entran mercancías de todo el mundo, sin control adecuado y muchas veces con dumping social y medioambiental, la cuestión es que sin duda alguna estos compromisos van a ocasionar más gastos a las maltrechas economías agrarias. Gastos en el asesor, gastos en la inspección periódica de los equipos, que habrá que llevar a gestores autorizados, que lógicamente cobrarán y no poco por la consiguiente verificación, además de las ITVs obligatorias por tráfico.

En fin, yo no es que me posicione en contra de este Decreto, lo veo razonable, pero para que se haga adecuadamente. Para que, por ejemplo, los agrónomos, se crean su trabajo y lo hagan correctamente, porque ya hay firmas comerciales de fitosanitarios que si compras sus productos, te “regalan”, la orden del asesor.

Y al final,

tendremos

más papeleo y burocracia, por si no tenemos bastante con la PAC, etc.