El PSOE ve “una pérdida de tiempo” buscar a los familiares del general Cascajo

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, considera “una pérdida de tiempo” que el Consistorio “se entretenga en buscar a los familiares del general Cascajo” para comunicarles la retirada del simbolismo franquista de su lápida y la retirada de la distinción de Hijo Predilecto de Córdoba, “porque no los va a encontrar por ninguna vía, según la información disponible por la Asociación Memorialista Aremehisa, que ha solicitado personarse en el expediente iniciado por el alcalde a través de un reciente decreto”.

En una nota, Hurtado ha argumentado que “el general Cascajo sólo tenía como familia más cercana a sus dos hermanas Trinidad y Soledad y un sobrino llamado José Porras Cascajo cuando murió en 1953”. “Los demás eran familiares de tercer y cuarto grado, sobrinos políticos, primos, etcétera, que no tendrían, caso de existir, derecho funerario sobre esa propiedad”, ha apuntado, para remarcar que “las hermanas están ya fallecidas”.

Según ha expuesto Hurtado, “la sepultura de Ciriaco Cascajo Ruiz fue construida y cedida por el Ayuntamiento a través de un acuerdo a comienzos de mayo de 1953 y ratificada el día 9 de ese mismo mes y año”, a lo que ha agregado que “en el documento de cesión de la sepultura se debería de haber especificado las condiciones en las que se realizó”. “Ese expediente ha de estar en Cecosam e indicar aspectos relacionados con la cesión, propiedad, tiempo, etcétera”, ha dicho.

Ante ello, el portavoz socialista ha pedido que “no se dilate más en el tiempo la retirada de la exaltación del franquismo que aparece en la lápida del general Cascajo y que se elimine por ir contra la Ley de Memoria Democrática”, así como que “se le retire la distinción de Hijo Predilecto de Córdoba a este militar franquista, quien proclamó el estado de guerra en Córdoba tras el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936”. “Cascajo era coronel, comandante militar de Córdoba y estaba al mando del Regimiento de Artillería Pesada número 1”, ha precisado.

Así, Hurtado teme que “todo sean justificaciones para dilatar cumplir con el requerimiento del Defensor del Pueblo” y espera que “el plazo de tres meses de la instrucción del expediente, hasta finales de agosto, sea suficiente para culminar las medidas exigidas y cumplir con la ley de Memoria Democrática”.