El PSOE dice que 30.100 familias monoparentales de Córdoba se beneficiarán de la Ley de Familias

La senadora del PSOE por Córdoba, María Ángeles Luna, ha avanzado que el nuevo proyecto de Ley de Familias, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado febrero, “beneficiará directamente a las 30.100 familias monoparentales que residen en la provincia de Córdoba, al tiempo que mejorará la protección social de todos los tipos de familias existentes en la sociedad, desde la numerosa, a las parejas de hecho, incluyendo las migrantes y las que tienen personas discapacitadas entre sus miembros”.

En una nota, la senadora socialista ha subrayado que los tres objetivos del Gobierno de España para la actualización de esta norma han sido “reconocer las diferentes situaciones familiares que existen en España, mejorar la protección social de las familias y garantizar el derecho a conciliar la vida familiar con la laboral”.

De esta forma, según ha señalado, esta ley “establecerá el marco para que las diferentes administraciones de nuestro país puedan aplicar políticas de apoyo a las familias y, asimismo, ofrecer un soporte para ampliar derechos, tanto por la vía de enmiendas parlamentarias, como en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, dadas las dificultades actuales en España para formar una familia, tanto en términos económicos, como de conciliación”.

Luna ha lamentado la infrafinanciación de las políticas de protección social a las familias tras los recortes llevados a cabo la pasada década, aminoración de recursos que ha supuesto “una mayor carga de trabajo no remunerado sobre las mujeres”. Por ello, ha comentado que otro objetivo importante de la Ley es ayudar a reducir esta brecha de género, y ha expuesto un dato, y es que España es el país de la Unión Europea (UE) con mayor número de mujeres que se ven obligadas a postergar la decisión de tener hijos hasta pasados los 40 años.

Entre las medidas, ha destacado las relativas a las familias monoparentales, de las que en Córdoba se beneficiarán 30.100 unidades. Así, las familias con una sola persona progenitora, de las que ocho de cada diez son mujeres, dispondrán de un título de acreditación oficial de familia monoparental que servirá para el acceso preferente a distintos servicios públicos y, en particular, ofrecerá la posibilidad de que tengan 16 semanas de educación infantil de forma gratuita dentro de los primeros 24 meses de vida del hijo o la hija. Además, se equipararán los derechos de las familias monoparentales con dos hijos a los de las familias numerosas.

La norma reconocerá una asignación por crianza de 100 euros mensuales para todas las familias con hijos e hijas de cero a tres años, y ampliará la protección a las familias numerosas reconociendo de categoría especial a todas aquellas con cuatro o más hijos o hijas o con tres en caso de parto múltiple. Se reducen también a tres en función de la renta. Otra novedad es que, en caso de en caso de separaciones o divorcios con custodia compartida, el título de familia numerosa lo podrán ostentar ambos progenitores, para que ambos puedan acogerse a sus beneficios.

En cuanto a las familias migrantes, la Ley garantizará un NIE para niños y niñas cuyos progenitores estén en situación irregular, y en las familias con personas con discapacidad se equipararán los derechos con las familias numerosas si el grado de discapacidad es igual o superior al 33% frente al 65% actual.

También ha celebrado Luna los derechos que obtienen las parejas de hecho, que se equipararán a los de los matrimonios en pensión de viudedad y al complemento a mínimos de las pensiones; acceso al Fondo de Garantía de Pago de Alimentos para los hijos e hijas a cargo en caso de disolución de la pareja, y Registro Estatal de Parejas de Hecho centralizado para las parejas registradas a nivel autonómico.

Además, se ampliará el umbral de acceso al Fondo de Garantía de Pago de Alimentos, así como la cuantía, que podrá alcanzar los 500 euros mensuales frente a los 100 actuales.

Luna ha precisado que la futura Ley se remite, tras su aprobación por el Consejo de Ministros, al Congreso de los Diputados, donde se iniciará su trámite parlamentario que posibilitará la incorporación de enmiendas.