Ampliado el plazo para pedir las ayudas a la solvencia empresarial hasta el 2 de noviembre

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha ampliado al 2 de noviembre el plazo para solicitar las ayudas a la solvencia empresarial dirigidas a empresas y autónomos que, hasta la fecha, ha recibido más de 3.000 solicitudes en la provincia de Córdoba.

Según ha indicado la Administración autonómica en una nota, tras la última ampliación de finales de septiembre centrada en el acceso a la subvención, solventando las graves dificultades que muchos solicitantes tenían para cumplir con los requisitos establecidos por la normativa estatal inicial, se ha creído conveniente ampliar la fecha para ofrecer más plazo al tejido empresarial cordobés, sobre todo a los autónomos que se rijan por módulos ya que no tienen que justificar pérdidas.

El delegado de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Ángel Herrador, ha querido incidir en la idea de animar sobre todo a los trabajadores por cuenta propia de la provincia, “como los autónomos agrarios, que la mayoría se amparan bajo la fórmula fiscal conocida por módulos, y que no tienen obligación de justificar las pérdidas”.

“Ahora pueden presentar muchas más facturas y costes fijos que antes no podían teniendo derecho a percibir una ayuda de 3.000 euros”, ha dicho Herrador, quien ha explicado que el objetivo de la Junta no es otro que conseguir que los 1.109 millones de fondos estatales lleguen al mayor número de empresas y autónomos.

El responsable territorial, que ha precisado que en Córdoba por el momento son más de 3.000 solicitudes, ha recordado que los últimos cambios introducidos en estas ayudas incluyen dos nuevos conceptos subvencionables: costes fijos ya pagados y las pérdidas generadas desde el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.

Tras los cambios incluidos en el Decreto-Ley hay tres conceptos a los que se podrán acoger las empresas para solicitar la subvención como es el caso de deudas y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros pendientes de pago, siempre y cuando éstos se hayan generado en dos tramos, del 1 de marzo del 2020 a 31 de mayo de 2021 y entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 que procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021, y se satisfagan con fecha posterior al final de cada tramo.

También se contempla compensar los costes fijos ya pagados incurridos entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, que procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021, así como las pérdidas generadas entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. La opción de utilizar las pérdidas generadas en el periodo mencionado es incompatible con las dos anteriores, para no incurrir en una doble contabilización de los gastos.

“Costes fijos incurridos”

La principal novedad del nuevo Decreto-Ley es la posibilidad de acogerse a la subvención de los “costes fijos incurridos”, término que incluye los costes fijos soportados por los beneficiarios incluidas las amortizaciones de elementos de inmovilizado. Cabe mencionar entre ellos, el pago de la factura de la luz, teléfono, agua, renting, alquiler y tasas municipales.

Se excluyen del concepto de costes fijos los consumos de activos inventariables, las adquisiciones de elementos de inmovilizado, los deterioros de valor de activo y los costes que estén cubiertos por otras fuentes, como seguros, u otras ayudas.

Cuantía de la subvención

La cuantía de la subvención se mantiene en la horquilla de 3.000 a 200.000 euros, dependiendo de distintas variables como la disminución de las operaciones en 2020, el número de empleados o el régimen de tributación.

Las personas trabajadoras autónomas encuadradas en el régimen de estimación objetiva singular (módulos coloquialmente) no deben acreditar la reducción del volumen de operaciones en 2020 y tampoco no haber tenido pérdidas en 2019, de manera que tan solo deben presentar copia de las facturas de los costes fijos incurridos en el periodo delimitado.

Estas modificaciones se suman a las que ya aprobó la Comunidad Autónoma Andaluza al ampliar a 433 actividades de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) las que inicialmente fijaba el Real Decreto estatal, que se limitaba a solo 95 de las 538 existentes.

“Requisitos complejos”

Para aligerar en la medida de lo posible una línea de subvenciones marcada por la normativa estatal y con “requisitos complejos”, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ya puso en marcha una oficina técnica dedicada los siete días de la semana a instruir, gestionar y atender las consultas que llegan sobre la tramitación de las ayudas, dispositivo que cuenta con 105 empleados públicos de cuerpos de gestión, 15 de ellos informáticos.

Asimismo, se han introducido procesos de robotización dentro de los escasos márgenes que permite el Real Decreto estatal, con sistemas masivos de automatización en la tramitación.