González solicitará el 1 de septiembre la administración judicial del Córdoba

La batalla judicial está servida. Tras los últimos movimientos de Jesús León, que ha escogido como aliado al abogado Rodríguez Zarza para representar sus intereses en los litigios con acreedores, la respuesta ha sido rápida. Carlos González (Azaveco), que no cobró en la fecha pactada del 31 de julio los 4'5 millones de euros que León (Aglomerados) le adeuda por el contrato de compraventa de las acciones en enero de 2018, interpondrá el 1 de septiembre -el mes de agosto es inhábil- junto a su demanda en el Juzgado la solicitud de la administración judicial del Córdoba CF.

González considera que la permanencia de León al frente del club es “insostenible” porque está causando “un grave perjuicio” a la entidad, después de un descenso deportivo a Segunda B tras 12 años y unas dificultades económicas que están estrangulando el proyecto. De hecho, el Córdoba continúa con los derechos federativos bloqueados -por lo que no puede inscribir jugadores ni técnicos- debido a sus deudas con anteriores entrenadores -Sandoval y Curro Torres- que solo ha satisfecho parcialmente. Además, sus cuentas padecen un embargo propiciado por la reclamación de su exdirector general, Luis Oliver, quien tiene pendientes de cobro 1'8 millones por sus servicios y los de su grupo de colaboradores durante su etapa en El Arcángel.

El Juzgado podría tardar entre 15 y 20 días desde septiembre en determinar la intervención judicial del Córdoba CF, lo que significaría que toda la gestión del día a día -deportiva y económica- estaría en manos de los administradores que se designen. Al tiempo, la demanda de González seguiría su curso con una fecha de resolución “entre noviembre y enero”, según indica el empresario afincado en Madrid. Con la temporada en curso se produciría el cambio en la propiedad, en un proceso que “ya está en una vía muy avanzada” y que supondría una transición “beneficiosa para el Córdoba” porque, a juicio de González, “con León no se puede seguir ya que está claro que no tiene ninguna capacidad para poner a este club donde se merece”.

Si se llega a producir la administración judicial del Córdoba, la situación tendría similitudes con la que vivió el Real Betis durante la etapa final de Manuel Ruiz de Lopera en 2010. En aquel episodio estuvieron involucrados una asociación de accionistas minoritarios -Por Nuestro Betis (PNB)- y Luis Oliver, quien a través de Bitton Sport adquirió el paquete mayoritario de acciones al controvertido mandatario bético.