Córdoba prevé que su ordenanza sobre pisos turísticos esté aprobada antes del próximo verano

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha confirmado que el objetivo es que la nueva ordenanza que regulará las viviendas de uso turístico en la ciudad esté aprobada antes del verano de 2025.

En declaraciones a los periodistas, Bellido ha explicado que la regulación se llevará a cabo mediante una ordenanza, ya que esta figura jurídica está amparada por las leyes andaluzas y ha sido validada por diversos tribunales en otras ciudades. De esta manera, el Ayuntamiento busca dotar a la normativa de seguridad jurídica y evitar que sea recurrida.

El alcalde ha recordado que, según los estudios realizados, el impacto de los pisos turísticos en el conjunto de la ciudad es menor, ya que no representan más del 2% del total del parque de viviendas. Sin embargo, ha reconocido que en algunas zonas concretas, como la Judería, el impacto sí es significativo, “ya que el 37% de las viviendas se destinan a uso turístico” -la presión turística registrada es, según el informe, de casi el 25%-.

La nueva ordenanza, ha dicho, establecerá límites al número de viviendas de uso turístico en dos distritos de la ciudad, basándose en las recomendaciones del estudio que sitúa el umbral de impacto en el 5%. Para evitar el “efecto fuga”, es decir, que los pisos turísticos se desplacen a barrios limítrofes una vez regulados en una zona, la normativa se aplicará a distritos completos, no solo a barrios específicos.

Inicialmente, como se comentó a mediados de noviembre, la regulación se centrará en los distritos Centro y Sur, donde la concentración de pisos turísticos es mayor. En el resto de la ciudad se establecerá un crecimiento limitado, que será evaluado anualmente para realizar las modificaciones necesarias.

El alcalde ha insistido en que la regulación no busca acabar con los pisos turísticos, sino controlar su impacto y garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes. El objetivo es asegurar la calidad de vida de los residentes, evitar la expulsión de vecinos y controlar los precios del mercado de la vivienda. Bellido ha destacado que la ordenanza se someterá a un proceso de participación ciudadana y pública antes de su aprobación inicial y definitiva. Este proceso permitirá a los ciudadanos y a los diferentes agentes sociales implicados aportar sus opiniones y sugerencias para enriquecer la normativa.