Urbanismo recurrirá la sentencia que obliga a pagar 3,7 millones por expropiaciones de la Ronda Oeste

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obliga al Ayuntamiento a pagar 3,7 millones de euros más los intereses a uno de los propietarios de terrenos expropiados hace 20 años para la construcción, por parte de la Junta de Andalucía, de la Ronda Oeste.

En una rueda de prensa, el presidente del organismo autónomo, Pedro García (IU), ha manifestado que “la asesoría jurídica ha dicho que se tendría que recurrir”, al tiempo que ha aclarado que él va a “defender los intereses municipales y los del Consistorio”, de manera que “para defender los intereses, que son los de la ciudad, la asesoría jurídica dice que lo mejor es recurrir”, ha remarcado.

Al respecto, el consejo rector de la Gerencia ha tomado conocimiento este miércoles de la sentencia que estima parcialmente el recurso interpuesto por Nicolás Moya, copropietario de los terrenos, contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Valoraciones, órgano que depende de la Junta.

Por otra parte, según ha adelantado 'Diario Córdoba', el consejo asesor del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) se reúne en esta jornada para examinar el borrador del grupo de trabajo sobre la tasa turística, elaborado en diciembre de 2018. A tal efecto, el también delegado de Turismo ha abogado por que “haya una ley integral en Andalucía, que afecte por igual a todas las ciudades y no haya competencia entre ciudades que ponen la tasa y quien no la pone”.

En este sentido, el edil Pedro García ha manifestado que dicha situación sería “absurda y ridícula”, de manera que ha subrayado que “es la Junta de Andalucía la que tiene que tomar una decisión a este respecto”.

En el citado informe se aconseja aplicar la tasa a los turistas que pernocten en los distintos alojamientos existentes en la capital y a los excursionistas que lleguen a través de los distintos medios de transporte. Según las recomendaciones, esa tasa debe ser “progresiva en materia de alojamientos” y ha de aplicarse de forma “porcentual” en función del tipo de alojamiento. Además, el informe propone que los ingresos que se recauden sean “finalistas y concretos en su aplicación”.